Referentes de Republicanos Unidos, denunciaron al Presidente de la Nación, Alberto Fernández y Gabriel Katopodis, por los delitos de “malversación de caudales públicos”, “incumplimiento de deberes de funcionario público” y “vulneración de normas electorales.

Tomando como referencia varias entrevistas del ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, Roberto García Moritán, Yamil Santoro, José Magioncalda y Juan Fazio, presentaron su denuncia, la cual incluye además del presidente y del ministro “a todo otro funcionario que tuviese participación en los hechos en proceso que se describen en esta presentación”.

Uno de los textos presentados como objeto de la denuncia corresponde a una entrevista de Katopodis en C5N, donde se indica que el paro se convoca porque “No queremos que los hijos de los trabajadores voten sin entender qué es lo que se está poniendo en riesgo”.

“No hay dudas de que hay una oposición que decidió, y lo dice, va a frenar el plan de infraestructura de obra pública en Argentina y hay que explicarle a los trabajadores y a todos los argentinos qué significa que en la Argentina se frene el plan de desarrollo de infraestructura que estamos llevando adelante”, afirmó el ministro.

Según Katopodis, “eso significa que no se construyan más escuelas… la verdad que creemos que estamos en un punto de inflexión, y creemos que los trabajadores tienen que tomar partido, tienen que ser parte de esta discusión”.

Qué dice la denuncia contra Alberto Fernández, Gabriel Katopodis y demás funcionarios

Tras considerar que se obligó a los trabajadores a realizar un “paro proselitista, contrario a la neutralidad que debe exhibir el Estado en materia electoral”, los denunciantes aseguran que la presencia de Alberto Fernández genera “un desapego a las normas que ordenan la República”.

“La utilización de la función pública, para una actividad propia de la campaña electoral, importa el empleo, en provecho del denunciado, de su partido y del Ministro Candidato Sergio Massa, de un servicio pagado por la administración pública, razón por la cual, los denunciados se encontrarían incursos en el delito de Malversación de caudales públicos”, aseguraron.

Cabe destacar que las actitudes denunciadas son penadas por el artículo 261 del Código Penal el cual establece que los funcionarios públicos pueden ser reprimidos “con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua”.

La causa, que lleva el número CFP 3235/2023, quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional N°7 de Capital Federal, a cargo de Julián Ercolini. La causa, que lleva el número CFP 3235/2023, quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional N°7 de Capital Federal, a cargo de Julián Ercolini.