La fiscalía guatemalteca pidió este martes al Tribunal Supremo Electoral el nombre, la ubicación y el cargo de al menos 125.000 personas que participaron en el conteo de votos y en la digitación de actas de las recientes elecciones presidenciales que, según el conteo preliminar, ganó el candidato progresista Bernardo Arévalo, cuyo partido es objeto de una controvertida investigación judicial.

David de León, director del departamento de comunicación del tribunal electoral, confirmó que la institución recibió los requerimientos del Ministerio Público (fiscalía) para que identifique en un plazo de cinco días a los integrantes de las juntas receptoras de votos de los municipios y departamentos.

El objetivo es que sean citados a declarar, según los escritos firmados por la fiscal especial Leonor Eugenia Morales, sobre su rol en la primera vuelta electoral del pasado 25 de junio y en el balotaje del último domingo 20 de agosto.

Las elecciones de Guatemala se enredaron en polémicas antes de conocer quién pasaba a segunda vuelta por los reclamos de los partidos perdedores inconformes, acogidos por la Corte de Constitucionalidad, para que hubiera una revisión de los votos. Entre los reclamantes, estaba la organización que postuló a Sandra Torres, ex primera dama que terminó perdiendo la contienda presidencial contra Arévalo.

Además de esa revisión de votos, la Fiscalía inició inmediatamente una investigación contra el movimiento Semilla, del candidato progresista, y ordenó la suspensión de su personalidad jurídica alegando presuntas irregularidades en las firmas con las que se constituyó como partido y arremetió contra autoridades electorales por no acatar esa disposición.

Un amparo constitucional frenó las maniobras judiciales contra la organización política de Arévalo en tanto concluye el proceso electoral. El Movimiento Semilla fue inscrito sin inconvenientes.

Alejandro Balsells, abogado constitucionalista, califica las acciones emprendidas por la fiscalía como “golpistas y que demuestran un absoluto irrespeto al régimen electoral y a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, mostrando ignorancia”.

El abogado cree que el Ministerio Público “está en contra de un resultado electoral legítimo, en contra de todos los ciudadanos que fueron a votar, en contra de todo el sistema electoral en conjunto”. Y agregó que la fiscalía se inmiscuye en asuntos que no le corresponden, como es el tema electoral.

Sobre los requerimientos de la fiscalía, recordó que “en Guatemala así actuaban los gobiernos militares golpistas” en referencia a los años de la guerra (1960-1996), cuando tomaban el poder por la fuerza o hacían fraudes electorales.

El martes, la misma fiscalía añadió un nuevo requerimiento contra funcionarios electorales al solicitar también que se le retire la inmunidad al registrador de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, el ente que se encargó de inscribir a los partidos para las elecciones tras revisar el cumplimiento de requisitos.

La fiscalía de delitos electorales acusó en esta ocasión a Ramiro Muñoz —quien se negó a suspender al partido de Arévalo— de haber registrado al partido Prosperidad Ciudadana sin que éste llenara los requisitos legales. Sin embargo, el partido finalmente no participó en las elecciones porque fue suspendido por el Tribunal Electoral, con el posterior aval de las cortes a esa decisión.

Le atribuyen al registrador electoral la comisión de delitos de abuso de autoridad con propósito electoral e incumplimiento de deberes.

En paralelo, la Junta Electoral del departamento de Guatemala inició la revisión de las actas que recolectaron los votos de la segunda vuelta presidencial en una audiencia en la capital tras recibir más de 50 impugnaciones por parte del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de Sandra Torres, quien perdió por tercer vez una elección presidencial.

El conteo preliminar de la segunda vuelta dio como ganador al progresista Arévalo con más de 59% de los votos en la disputa del domingo frente al 37% cosechado por la ex primera dama.

Con observadores de distintas instituciones y medios prensa, las juntas receptoras pusieron a la vista las cajas que contenían los votos. La ley concede cinco días para realizar las audiencias. Otras juntas electorales de otros departamentos tendrán el mismo plazo para la tarea siempre y cuando se hayan presentado impugnaciones.

Dos días después de las elecciones, Torres aún no se ha pronunciado sobre los resultados. Varios gobiernos del hemisferio han mostrado su apoyo y han felicitado a Arévalo, quien deberá tomar posesión del cargo en enero de 2024.