Las reveses judiciales que sufrió el Estado argentino en los últimos días en los tribunales Nueva York y en Londres por los juicios de la expropiación de YPF y del pago no realizado del bono cupón PBI a los inversores pusieron sobre la mesa cuál será el costo que deberá afrontar el país en los próximos años en caso de que esas demandas, que serán apeladas, fueran sostenidas por la justicia de esos países.

Un cálculo, hecho recientemente por la consultora FMyA, de Fernando Marull, le puso números a ese horizonte de eventual costo financiero por el amplio abanico de litigios que afronta el Estado por distintas decisiones de política económica que tomaron gobiernos kirchneristas y que va desde YPF hasta distintos expedientes abiertos ante el CIADI, o los holdouts de la deuda que cayó en default en 2001. También incluyó, en esa cuenta, distintas decisiones de renegociaciones como con el Club de París, en 2014.

Los cálculos del economista ubican esa cifra en los USD 64.000 millones. Como referencia, son USD 20.000 millones más que el programa con el Fondo Monetario Internacional. El caso más oneroso fue, asegura, el de los holdouts, que fueron a los tribunales de Nueva York –liderados por fondos buitre como NML, de Paul Singer– a exigir el pago completo de los bonos que fueron reestructurados en 2005 y 2010. Tras años de litigio en el juzgado que encabezaba en ese momento Thomas Griesa –y que ahora comanda Loretta Preska, la jueza que decidió sobre el caso YPF– el gobierno de Mauricio Macri llegó a un acuerdo con la mayor parte de esos tenedores de bonos.

El costo fue de USD 18.000 millones, que fueron cubiertos con emisiones de títulos en dólares, en el regreso de la Argentina al mercado de deuda internacional.

En segundo lugar en orden de relevancia para las cuentas públicas, Marull colocó a YPF ya que si bien aún no se conoce el costo definitivo que podría tener una sentencia definitiva -es algo que deberá determinar la justicia neoyorquina en otro expediente- de acuerdo a estimaciones del fondo Burford, titular del derecho de litigio en los tribunales, la sanción económica al Estado argentino podría ir en un rango de 7.000 y 20.000 millones de dólares. FMyA eligió, como punto medio, unos USD 13.000 millones.

La expropiación de la mayoría accionaria de la empresa fue una decisión política tomada hace una década durante el gobierno de Cristina Kirchner y que generó un fuerte reclamo de privados que fueron socios de la petrolera y se consideraron damnificados; la causa se cursó en Nueva York porque la empresa argentina cotiza en Wall Street. Por el paquete accionario nacionalizado, además, el Estado emitió bonos Bonar 2024 para afrontar la indemnización a Repsol. El costo que ahora se estima correspondería a una condena por no haber hecho extensiva la oferta de compra al resto de los accionistas. La consultora estimó ese número en USD 9.000 millones.

Por otro lado, Marull identifica a la deuda renegociada con el Club de París en 2014 por el entonces ministro de Economía Axel Kicillof. Como resultado de ese ida y vuelta, el acuerdo firmado por Kicillof y los países acreedores de la Argentina implicó la devolución de USD 9.690 millones en un plazo de cinco años, hasta mayo de 2019. De total, cerca de USD 5.000 millones fue el capital adeudado mientras que el resto (unos USD 4.700 millones) estuvo integrado por intereses de esos pasivos y por punitorios acumulados a lo largo de los años.

En tanto, FMyA también calculó otros USD 5.000 millones por deudas del Plan Gas y otros subsidios a la energía que fueron pagados con más emisión de deuda pública durante el gobierno de Macri. Más atrás aparecen, en tanto, unos USD 4.700 millones por dólar futuro que tuvo que pagar el Banco Central por los contratos vendidos por la autoridad monetaria sobre el final del mandato de Cristina Kirchner y que fue abonado a través de una mayor emisión monetaria.

Una porción menor pertenece a juicios en el tribunal del Ciadi, perteneciente al Banco Mundial y donde se dirimen disputas por incumplimientos de contratos entre empresas privadas y Estados.

Marull estima que son USD 2.900 millones por distintas causas. De acuerdo a información publicada por el Ministerio de Economía ante la SEC de los Estados Unidos, esos USD 2.900 millones corresponden a cinco expedientes pendientes de resolución. El costo del juicio por el Cupón PBI en Londres, por último, lo estimó en USD 2.100 millones.

El diputado de Juntos por el Cambio Luciano Laspina intentó calcular cuál fue el “costo Kicillof”, específicamente por decisiones tomadas por el ahora gobernador de Buenos Aires mientras fue titular del Palacio de Hacienda.

“La mala praxis del kirchnerismo nos costó 33.724 millones de dólares a los argentinos. No es una “deuda”para pagar gastos del Estado. Es el costo de tomar decisiones ruinosas e ilegales. ¿Cuántas escuelas, hospitales y rutas se podrían haber hecho con 33.724 millones de dólares?”, se preguntó. En esa cuenta incluyó el Club de París, la negociación fallida con el juez Griesa y los holdouts, el Cupón PBI y el juicio por la expropiación de YPF.