Si algo le falta al gobierno fueguino que lo acusan de dar espacios estratégicos dentro de la isla para la colocación de “bases Chinas” o del manejo de puertos estratégicos por parte del gigante asiático para tener acceso directo a la Antártida. Ahora se conoce que el Tribunal de Cuentas fueguino dio luz verde a un millonario empréstito solicitado por el gobierno fueguino financiado por el gobierno chino.

Para el Tribunal de Cuentas, toda la documentación que aportó el gobierno para colocar una deuda millonaria con bancos chinos tiene luz verde previa vista del Fiscal de Estado, cuya decisión será vinculante.

Por lo pronto el Tribunal de Cuentas informo al Poder Ejecutivo que deberá dar intervención a la Fiscalía de Estado como requisito previo a la continuidad del procedimiento de toma de deuda pública por más 135 millones de dólares con un banco chino, para la ejecución de obras energética en Tierra del Fuego. 

Para poder concretar las tramitaciones necesarios para la toma de créditos con el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) por 135,5 millones de dólares para financiar parcialmente la ampliación de la central termoeléctrica de Ushuaia, la mejora la de Tolhuin y la construcción de un parque eólico en Río Grande, el Poder Ejecutivo deberá dar intervención a la Fiscalía de Estado ya que así le fue requerido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia el pasado miércoles 22 de marzo. 

En la Resolución 70/23, desde el órgano de contralor se indica que en función de los informes contables y legales elaborados por el personal técnico del Tribunal “no existiría óbice para la continuidad del proceso de toma de deuda, más allá de los oportunos controles que efectuará el Tribunal de Cuentas en el marco de sus competencias”. 

Pero se le hace saber al ministro de Economía, Federico Zapata, que “previo a la continuidad del procedimiento de toma de deuda pública, deberá dar intervención a la Fiscalía de Estado” para de esa manera dar acabado cumplimiento a lo que establece la ley 25.917 de Responsabilidad Fiscal. 

La falta de intervención de la Fiscalía de Estado fue la única observación que no fue levantada por el Ejecutivo en el marco de la intervención previa que tuvo desde mediados de diciembre del año pasado hasta el 22 de marzo de este año el Tribunal en el expediente “análisis de factibilidad de financiamiento programa de apoyo para la transición energética”. 

A fines de mayo de 2022, mediante el decreto 1278/22, el gobernador Gustavo Melella creó del "Programa de Apoyo para la Transición Energética", destinado a promover todas las obras e inversiones necesarias para la ampliación de la capacidad de generación de energía renovable y no renovable, cuya fuente de financiamiento provenga de organismos de créditos multilaterales. De manera simultánea a la creación del programa, el Gobernador se reunió con representantes del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII) y del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para presentarles los proyectos de diversificación y ampliación de la matriz energética de la provincia. 

En octubre se confirmó que esas instituciones actuarían como financistas de la construcción de una nueva central en Ushuaia; la modernización de la central eléctrica de Tolhuin y la construcción de un parque eólico en Río Grande. 

Para el mes de noviembre, desde el Ejecutivo fueguino se anunciaba que el Gobierno Nacional respaldada el programa de transición energética y que iba a actuar como garante del financiamiento necesario para su implementación. Ya comienzos del último mes de año pasado el Ejecutivo presentó formalmente a la Legislatura el proyecto de ley para que se lo autorice “a contraer deuda pública por hasta un monto equivalente a 141.500.000 dólares o su equivalente en otra moneda, más los intereses y accesorios correspondientes, a los efectos de financiar obras, contrataciones y adquisiciones necesarias para la ejecución del programa de apoyo para la transición energética de Tierra del Fuego”. 

El proyecto, que fue analizado en una reunión de Comisión, resultó aprobado por abrumadora mayoría el 21 de diciembre. Por ese entonces, desde el Gobierno se estimaba que la operatoria crediticia con el Banco de Desarrollo de América Latina por 70 millones de dólares podía formalizarse a la brevedad, de manera tal de poder estar comenzando las obras la ampliación de la central termoeléctrica de Ushuaia y las de mejora de Tolhuin durante el primer trimestre del año. En cuanto al parque eólico en Río Grande, a financiar con los 65 millones de dólares del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, se mencionaba mediados de año como fecha posible de inicio de los trabajos.