“El Estado nacional no tiene esas facultades”, aseguró el Senador. “La Resolución 67/2023 está floja de papeles como para ser una pieza fundamental de la política económica y es inconstitucional”, agregó.

La resolución en cuestión pretende basarse en el artículo 42 de la Constitución, que regula los derechos de los consumidores. Pero esa disposición ya está suficientemente reglamentada mediante la Ley de Defensa de la Competencia, donde no se prevén estos mecanismos regulatorios.

“El Secretario de Comercio no puede pretender dictar normativas de tercer nivel que no están previstas en las leyes del Congreso, erigiéndose en intérprete iluminado de nuestra Carta Magna,” sentenció. “No tiene esa jerarquía.”

“Los problemas de precios están generados pura y exclusivamente por el gobierno nacional, que no tiene forma genuina de financiar su déficit y recurre a la complicidad de los funcionarios del Banco Central para hacerlo con emisión monetaria”, concluyó el senador de Cambiemos.