Tras una denuncia, la Justicia comprobó que Juntos por el Cambio le pagó 5.000 pesos a la mitad de los fiscales designados en Formosa para las Elecciones presidenciales de 2019.

La Secretaría de Empleo macrista, a través de la Resolución 1177/2019, había implementado implementó el pago de 130 mil bonos de 5.000 pesos orientados a bonos para desempleados, con un presupuesto de $650 millones.

Sin embargo, la medida no se había publicado en el Boletín Oficial ni de forma pública como un programa para desocupados.

La denuncia fue radicada en Comodoro Py por el abogado Williams Dardo Caraballo quien aseguraba que más de la mitad de los ficales de Juntos por el Cambio en Formosa habrían cobrado el bono y sostenía que había tenido un uso discrecional por parte de referentes locales.

En 2021, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) corroboró que 243 fiscales que participaron de la elección general, sobre 503 en total, cobraron el beneficio de 5.000 pesos. El número de beneficiaros aumenta si se toma en cuenta el número de autoridades de mesa partidarias que participaron en las PASO.

Según la investigación, en las PASO el bono estaba en “etapa preparatoria” y no se había instrumentado de forma oficial, pero los peritos hallaron 140 fiscales como perceptores.

Para las generales, la jueza María Servini había prohibido que continuara su otorgamiento diez días antes por entender que existía el riesgo de una utilización clientelista.

Además, se indicó que los 2992 fiscales de Juntos por el Cambio inscriptos había presentado documentos de identidad inválidos, por lo que la investigación solo analizó a 1.209 autoridades de mesa, según la Justicia.

El informe comprobó que el 95,7% de los 756 nombres aportados por el denunciante Caraballo habían cobrado los 5.000 pesos.

En tanto, los peritos recomendaron al fiscal Ramiro González - quien instruye la causa por pedido de Servini- que identifique los números de DNI del 59% de los fiscales y nacionalizar la pericia para constatar si la maniobra se llevó a cabo en otras provincias.

Por la causa están imputados los ex ministros Dante Sica y Ricardo Buryale, al ex secretario de Empleo, Dante Prémoli, al intendente de San Antonio de Areco, Fracisco Ratto, y al ex candidato a jefe comunal de Roque Pérez, Juan María Cravero.

Por la denuncia en Formosa, fueron acusados el delegado de la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo de la Nación, Germán Villalba, la delegada del Ministerio de Desarrolla Social, Irina Zárate, el delegado de ANSES, Diego Herrera, y el concejal Miguel Montoya.