“Por ahora hay que callarse y ver cómo se mueven ellos”. Entre los diputados del PRO predomina la cautela y un clima de sospecha ante las internas del oficialismo y la ausencia de detalles concretos del acuerdo con el FMI. Mañana, en una reunión del bloque, comenzarán a debatir qué postura tomar cuando el memorando de entendimiento finalmente llegue al Congreso. Luego habrá que buscar consenso con la UCR y la Coalición Cívica en la mesa nacional de Juntos por el Cambio.

Para cumplir con la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, sancionada en febrero de 2021, el acuerdo entre el gobierno nacional y el organismo de crédito debe ser aprobado por el Parlamento. Según esta norma -impulsada por el propio Alberto Fernández-, el Poder Legislativo debe autorizar cualquier endeudamiento por encima de los límites del Presupuesto.

Pero casi dos semanas después del anuncio, todavía continúan las negociaciones con el staff técnico y la oposición reclama conocer la “letra chica” antes de comprometerse a acompañar. El tiempo corre. El ministro de Economía, Martín Guzmán, había adelantado que esperaba tener la aprobación parlamentaria para el 21 de marzo, lo que permitiría evitar el pago de USD 2.800 programado para esa fecha, los USD 1.900 que debería ser abonados 10 días después.

La interna que estalló dentro del Gobierno con la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista sólo sumó más incertidumbre. Hasta el momento no se sabe cuántos diputados del Frente de Todos podrían rechazar el proyecto en la Cámara baja o abstenerse a la hora de votar.

Ese escenario agitó las internas dentro de la oposición. Los primeros en pronunciarse fueron los sectores más duros. Tanto Patricia Bullrich como Alfredo Cornejo plantearon que Juntos por el Cambio no puede votar favorablemente un proyecto que no apoya todo el oficialismo. Creen que si la oposición vota a favor del entendimiento quedaría “pegada” con las medidas de ajuste económico que el FMI le exige al Gobierno. Por eso reclaman que el kirchnerismo se comprometa a acompañar y no busque eludir el costo político.

Incluso barajan alternativas como, por ejemplo, que el Congreso autorice el crédito pero no se pronuncie sobre las medidas económicas que trae aparejadas (reducción del déficit, quita de subsidios, etc). “No tendríamos que votar medidas específicas que son responsabilidad del Gobierno, la oposición no está en un lugar de gestión”, señaló un diputado, que reconoció que derogar la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública podría ser una opción.

Desde el radicalismo y la Coalición Cívica, por su parte, insistieron con la necesidad de actuar con responsabilidad y “no mirar lo que hace el kirchnerismo”. Una forma de ir marcando la cancha antes de la discusión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio.

En el PRO coinciden con que el default es el peor escenario para el país y le restan importancia a las declaraciones de sus socios. Pero retrucan: “Es un tema demasiado sensible como para pronunciarse antes de ver el proyecto. Hablar ahora es hacer futurología”.

La desconfianza por la letra chica es generalizada. Cuando llegue el texto estarán especialmente atentos a dos cuestiones: que no queden puertas abiertas para la creación de nuevos impuestos -una de las promesas de campaña de la oposición- y que no haya elementos que condicionen “demasiado” la gestión de 2023 en adelante. “Van a mandar el proyecto a último momento, como hicieron con el Presupuesto, para que ni tengamos tiempo de analizarlo”, agregó otro miembro de la bancada.

Por estas horas prima una consigna: esperar a que el Frente de Todos resuelva su interna para no facilitarle las cosas. “No tenemos que darles argumentos para que basen sus posturas en lo que hace la oposición”, concluyó una diputada que cree que la propia dinámica política terminará ayudando a consolidar una postura común.