El Gobierno planteará que las paritarias vuelvan a tener en 2022 una cláusula de ajuste para que no se vuelva a registrar una pérdida en el poder adquisitivo.

Además, afirma que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no incluirá ninguna reforma de las leyes laborales. “No se planteó nada en este sentido”, dijo un importante funcionario.

El único interés de la misión técnica del organismo fue por el régimen de desvinculaciones del sector de la construcción.

Así lo plantearon calificadas fuentes oficiales, que afirmaron que todavía no está planteado el número testigo para el año próximo.

De todos modos, en línea con lo que ocurrió este año, explicaron que se permitirá que haya una revisión acorde con la evolución del índice de precios al consumidor (IPC).

“Todos los sectores van a tener pauta de revisión, porque no podemos plantear un esquema rígido durante un año entero sin tener flexibilidad”, explicaron.

Si bien Economía en el presupuesto 2022 mantiene por ahora una suba del 33%, en el gabinete se sabe que esos números corresponden a la realidad del tercer trimestre y no a la actualidad, ya que la inflación terminará en el 50% este año, una cifra que se repetiría el año próximo según las consultoras.

En el Ministerio de Trabajo que conduce Claudio Moroni están conformes con la evolución de las paritarias de este año y afirman que, por ahora, los datos oficiales alientan la idea de que el salario real de los trabajadores formales del sector privado le ganará a la inflación. Con los últimos datos disponibles, a septiembre, hay una diferencia positiva de tres puntos porcentuales, aclararon en un despacho oficial.

Más aún, creen que para fin de año esta diferencia positiva se podría ampliar con “las renegociaciones y los bonos de fin de año”.

Además, creen que hay una recuperación todavía no registrada, la de aquellos trabajadores que ganaban hasta $ 175 mil y que dejaron de pagar el impuesto a las Ganancias por los últimos cambios en esta materia. Por esta razón, se trabaja con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para determinar el “salario neto”.

En cambio, no hay certeza sobre el esperado anuncio sobre la continuidad o no del decreto que prohíbe los despidos y mantiene la doble indemnización, que vence a fin de año.

Aunque el ministro Claudio Moroni ya ha afirmado que se trata de una legislación de emergencia, prefiere esperar el último dato de desempleo que debe dar a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) antes de tomar una decisión. . En este sentido, Trabajo no espera una ola masiva de despidos si bajan estas barreras legislativas, salvo situaciones puntuales por el aumento de la demanda y porque en 2019, antes de que se dictaran estos decretos, “las plantillas estaban en un nivel mínimo”.

Mientras tanto, destacan que, de los 700 mil trabajadores suspendidos durante la larga cuarentena por la pandemia, 670 mil ya se reincorporaron en forma plena. Además, en los nuevos establecimientos, hay mayor creación que destrucción de empleo por primera vez desde el inicio de la pandemia; se trata de puestos de trabajo no alcanzados por las restricciones

En términos estratégicos, la cartera laboral pretende seguir reduciendo el apoyo a las empresas -el programa REPRO ya se redujo de 9000 a 3000 casos, pero se va a mantener en los sectores vulnerables- y fortalecer los programas de formación e inserción laboral.

Y si bien se destaca la existencia de un plan de reducción de las contribuciones patronales para determinados sectores, se admite que la clave es el funcionamiento de la macroeconomía: “Sin desarrollo económico, no hay incentivos determinantes para contratar más gente”.

En este sentido, las fuentes oficiales destacan que hay varios sectores que han manifestado voluntad de contratar mano de obra, como minería, construcción en seco, marroquinería y gráficos.