El Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que prorroga por otros cuatro años la emergencia territorial indígena, declarada a través de la ley 26.160, promulgada y sancionada en noviembre de 2006.

En la segunda sesión con presencialidad plena desde que se desbloquearon las restricciones dispuestas por la pandemia de coronavirus, los senadores acordaron discutir la propuesta en ese sentido de la senadora salteña Nora Giménez (Frente de Todos).

Durante una sesión, el oficialismo reclamó a la oposición "no mezclar" el accionar de grupos vandálicos en el sur del país con las necesidades de las comunidades aborígenes de todo el país.

La prórroga por cuatro años de la emergencia territorial, evitando eventuales desalojos, fue votada por 43 votos afirmativos, dos negativos y siete abstenciones de senadores de la oposición.

"Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes, por el término de 4 años", dice el primer artículo de la norma aprobada en 2006.

En su artículo segundo, la ley señala: "Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1º".