Río Grande.- La inspección prevista por la norma tuvo como objetivo obtener información que el Superior Tribunal de Justicia usará de base para diseñar políticas que mejoren el servicio y garanticen su eficacia y eficiencia.

En esta oportunidad el relevamiento comenzó en los Juzgados de Instrucción Nº 1, 2 y 3, a cargo de los Dres. Daniel Cesari Hernández, Raúl Sahade y Pablo Candela, entendiendo que, desde marzo de 2020, cuando la pandemia de COVID19 comenzó a tener efectos en la población de Tierra del Fuego hasta la fecha, los juzgados penales fueron los de mayor demanda inmediata y directa en el servicio de justicia.

Cabe mencionar que en esta situación compleja que ha debido soportar la población, los juzgados de Instrucción, pese a las restricciones de la presencialidad de los equipos de trabajo, la implementación del teletrabajo y de la incorporación de herramientas digitales no previstas, han podido brindar respuesta ante el incremento en la intensidad del trabajo.

Los circuitos de trabajos, modelos de funcionamiento y todo dato relevado, adquieren carácter confidencial hasta que se realice una evaluación y el diseño de una política adecuada para la eficacia del servicio. En principio, para los jueces el relevamiento ha tenido un resultado “muy satisfactorio”.

Luego, se recorrieron las dependencias de la Defensoría Penal, el Ministerio Público Fiscal, el Tribunal de Juicio en lo Criminal y el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo Nº 2.

De la inspección, participaron el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Javier Darío Muchnik; la vicepresidenta, Dra. María del Carmen Battaini y el juez, Dr. Ernesto Adrián Löffler.

Durante la recorrida estuvieron acompañados por la secretaria de Superintendencia y Administración, Dra. Jessica Name; el secretario de Gestión y Coordinación Administrativa y Jurisdiccional, Dr. David Pachtman; el secretario Penal del STJ, Dr. Roberto Kaddar; el prosecretario penal, Dr. Marcos Hudecek y la prosecretaria, Dra. Mariana Oyarzún.