Río Grande.- Este martes 29, se espera que en el Congreso de la Nación, los Senadores y Senadoras voten el Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Los medios de alcance nacional y las diferentes organizaciones militantes y feministas, indican que la votación será ajustada.

Los votos de los Senadores Fueguinos ya están cantados y no se espera ninguna sorpresa, aunque todo puede ocurrir. Hasta ahora, los parlamentarios Matías Rodríguez y Eugenia Duré, votarán a favor del proyecto, como contrapartida el Senador Pablo Blanco, dejó en claro que votará en contra del mismo.

Independientemente de la votación que es crucial y definitiva, el debate por el aborto legal, seguro y gratuito, está en las casas, las calles, las redes y todos los espacios.

Es así que la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, conformada en el año 2018, primera ocasión en que se trató este proyecto en el Congreso, comenzaron a recolectar firmas, para saber que profesionales serán los que acompañen a las mujeres y personas gestantes, en la decisión que adopten. Hasta este momento, son 153 los profesionales que apoyan la interrupción voluntaria del embarazo. Se suman además, algunas adhesiones de la comunidad en general.

El escrito que circula en redes indica: “Como sucedió en agosto de 2018, el Senado de la Nación tiene una vez más  en sus manos la responsabilidad de decidir sobre las condiciones de  legalización de las interrupciones voluntarias del embarazo, definiendo en tal decisión si la legislación argentina  respetará o no los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y  personas con capacidad de gestar  que  así lo requieran”.

“En tal sentido, y como lo hicimos en ese momento, nosotras y nosotros, profesionales de la salud  de la Provincia de Tierra del Fuego, junto a otros profesionales que integramos la Red de Profesionales por el derecho a decidir,  hacemos pública nuestra convicción de respetar y garantizar el ejercicio de ese derecho”, agregan.

“Respetamos sus decisiones autónomas sin anteponer nuestra opinión ni imponer nuestra convicción personal en relación a su ejercicio y cumplimos las normativas vigentes en un Estado que debe velar por los intereses colectivos de la población por sobre cualquier dogma de fe”.

Objeción de conciencia

En otro párrafo, el escrito se refiere específicamente a la objeción de conciencia, y detalla: “Reconocemos las objeciones de conciencia personales, pero advertimos que la pretensión de algunas instituciones de eximirse de la provisión de servicios de IVE sin garantizar la derivación a otra institución que garantice la práctica sería desproporcionada”.

“No hay excusas para   obstaculizar el acceso a los servicios de la salud de las pacientes, una prerrogativa institucional sin la obligación de derivación, generando mayores costos y problemas para el sistema de salud y vulnera el respeto a la libertad de decisión en ejercicio de su derecho a decidir, por lo que destacamos la importancia de tal condición”.

“Los abortos no dejaron de suceder”

“Lo dijimos entonces  y lo reiteramos hoy: Conocemos los numerosos y complejos motivos por los que una persona llega a tomar la decisión de interrumpir un embarazo, y dos años después de haber clausurado esa discusión sin modificar las condiciones de acceso a una interrupción legal del embarazo, los abortos no dejaron de suceder, ni los indicadores sanitarios cambiaron positivamente, al contrario, siguieron sucediendo abortos clandestinos en condiciones inseguras”.

“Estamos absolutamente convencidos que en las diversas circunstancias que atraviesan las personas a lo largo de su vida fértil, en las diferentes conformaciones de relaciones obligadas o consentidas, es posible que no se pueda prevenir un embarazo, que los métodos de anticoncepción puedan fallar, que no se pueda acceder a la información oportuna o comprensible, o exista una imposibilidad económica de acceder a los insumos necesarios para evitarlo.

“En cualquiera de esas circunstancias, consideramos que no podemos arrogarnos la atribución de juzgar a quienes toman la decisión de abortar, nuestro deber es el de asistir desde nuestra formación profesional al ejercicio de su derecho a decidir libre y autónomamente”.

“El dictamen en tratamiento incluye dos supuestos de interrupción legal del embarazo: sin expresión de causales hasta las 14 semanas y sin plazos con causales, contempladas en la legislación desde hace casi 100 años, aunque en la práctica continúa obstaculizándose en distintas esferas del estado argentino”, indican los profesionales.

“Se trata entonces de acompañar desde el Estado y los servicios sanitarios la autonomía de la decisión ante una circunstancia que transforma la vida y los proyectos personales de las personas gestantes”.

“Las demoras, excusas y obstáculos a sortear, toman diversas formas, van en detrimento de los resultados en salud deseables, fomentan la clandestinidad, ponen en riesgo la vida y la salud de las personas más pobres, y lo que a algunas les cuesta dinero a otras les cuesta la vida. Todo ello, bajo un juicio social que anula y menoscaba la dignidad de las personas.  

Mediante este pronunciamiento público ponemos a disposición de las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación y la Provincia nuestros conocimientos y experticia para seguir garantizando los derechos sexuales y reproductivos como parte inherente a nuestro trabajo, y en particular los derechos vinculados a la Interrupción Legal del Embarazo.

 El embarazo, es un hecho profundamente transformador de la vida de las personas gestantes. Poner nuestros saberes a disposición de su autonomía para transitar una gestación elegida y no impuesta, es nuestro compromiso como profesionales de la salud.

Creemos que las consignas sostenidas por la Campaña Nacional por el Aborto Legal en Argentina, organización multisectorial que hace más de quince años viene bregando por la legalización del aborto no deja lugar a dudas en cuanto a las necesidades que deben atenderse para garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos: Educación Sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.

A las personas con capacidad de gestar que decidan interrumpir el embarazo, sepan que  no las abandonaremos y las acompañaremos, de acuerdo con la legislación vigente. Respetaremos  su decisión y sus derechos. Cuentan con nuestra adhesión y compromiso”.