En 2017, cuando el gobierno de Macri anunció la derogación de los mismos con el argumento de bajar costos para los consumidores, la entonces gobernadora Bertone se opuso, habló de que esa medida significaría la "disolución territorial y pérdida total de empleos en la provincia ", y convocó a todas las fuerzas sociales y políticas para fortalecer la posición.

"En plena crisis por la pandemia, esta medida nos permite pensar en un futuro positivo para nuestra industria y nuestros trabajadores", manifestó Bertone.

La diputada también celebró que el presupuesto aprobado este miércoles en Diputados contiene $81.800 millones para obras.

También la Universidad de Tierra del Fuego se vio fortalecida "con un presupuesto asignado de $895.120.961 en 2021, que es un 52,5% superior al crédito inicial en 2020 y prácticamente duplica al presupuesto de 2019", explicó.

Bertone también indicó que "para el año 2021 se aumenta el monto de los fondos a transferir para las Cajas previsionales provinciales en un 63% respecto al vigente por el presupuesto 2019 prorrogado en 2020.”

En el presupuesto también se condonan las deudas de provincias y municipios con el Estado Nacional por programas de vivienda, infraestructura y equipamiento nacionales que fueron dejados sin efecto bajo el gobierno anterior por Resolución 122/2017 del entonces Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

En términos generales, el Proyecto de presupuesto “establece seis pilares”, dijo la diputada fueguina y detalló “la infraestructura volverá a ser un motor de la economía, de la generación de empleo y de la competitividad de las empresas argentinas con un criterio inclusivo y federal; la inversión en innovación y desarrollo donde se trabajará para recuperar el valor de nuestro sistema científico y tecnológico; la salud pública, la pandemia hizo más visible que nunca la necesidad de contar con un sistema de salud nacional, federal e inclusivo.” Esto se hará a partir de un plan de inversiones integral que incluirá el financiamiento de la vacuna contra el COVID-19 y pondrá mayor atención en los sectores más vulnerables de la sociedad; y la educación y conectividad.
 El año 2015 fue el último en que se cumplió la Ley de Financiamiento Educativo, que establecía un presupuesto nacional y provincial del 6% del PBI, en 2021 se comenzará un camino prudente para volver a cumplirla.