Las 8.857.063 personas que perciben el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) representan el 19,5% de la población total del país. En relación a la población en edad de recibir esta prestación, que va de 18 a 65 años, el promedio nacional es del 31,6%. Y trepa al 44% sobre los 20,1 millones de la población económicamente activa (PEA). Son todos porcentajes que ilustran el altísimo nivel de informalidad, precariedad y vulnerabilidad social.

Los datos más fuertes se ubican en el Norte del país. En Formosa alcanza al 80,1% de la PEA, en Santiago del Estero al 71%, en Chaco al 68,8% y en Corrientes al 65,3%.

De los 8.857.063 beneficiarios del IFE, 4.934.657 son mujeres y 3.922.406 varones de entre 18 y 65 años.

“Este escenario es verdaderamente alarmante si consideramos que sus causas no obedecen exclusivamente a la situación extraordinaria de la pandemia mundial, sino que presenta rasgos estructurales”, señala un documento de la ANSES que traza una radiografía económica y social de los beneficiarios del IFE.

El Informe agrega que “al analizar la penetración del IFE en las distintas provincias se observa una marcada focalización en aquellas que presentan los indicadores sociales que reflejan una mayor situación de vulnerabilidad”. Y una mayor dificultad para obtener un empleo formal.

El informe especifica que la relación beneficiarios-beneficiarias IFE/población de 18 a 65 años que es el 31,6%, tiene guarismos más elevados en las provincias del Noreste (36,8% a 45,6%) y Noroeste (34,2% a 48,9%) y más bajos en las Patagónicas (20,3% a 28,4%) y CABA (19,1%) También, al relacionar los/as beneficiaros/as del IFE respecto a la población económicamente activa (PEA) de cada provincia, las provincias del Noreste (55,3% a 80,1%) y Noroeste (52,9% a 71,0%) son las que presentan valores por encima del promedio nacional (44%), “un claro reflejo de la desigualdad regional al interior del país”, mientras que las Patagónicas (29,6% a 42,2%) y CABA (23,2%) se encuentran considerablemente por debajo.

A su vez, por rango etario, sobre el total poblacional de cada rango, “mientras que la cobertura entre 18 y 24 años es del 52%, entre 25 y 34 años es del 44%, entre 35 y 44 años del 28%, entre 45-54 es del 21% y en el grupo etario 55-65 años es del 14%”.

El Informe señala “que la mayoría de la población beneficiaria alcanzada por el IFE no tiene la posibilidad de acceder a un empleo formal como consecuencia de una problemática estructural. Para evaluar esto, se analizó la inserción laboral en relación de dependencia de las/os beneficiarias/os del IFE en el año inmediato anterior al utilizado para realizar los cruces”. Y “se observó que sólo 826.195 beneficiarios/as (9,3%) tuvieron al menos un mes de trabajo en relación de dependencia formal en el período febrero 2019 a enero 2020. En promedio percibieron una remuneración de $ 13.046 durante cuatro meses”.

Entre las conclusiones el informe dice que “si bien el IFE surgió como una respuesta a la situación económica y productiva coyuntural que implica el aislamiento obligatorio, pone sobre la mesa problemas estructurales. En particular, expone cómo la desigualdad también es un factor amplificador de los efectos negativos de la pandemia. Las elevadas tasas de trabajo informal en el mercado de trabajo y la fragilidad de muchos sectores ante situaciones imprevistas quedan evidenciadas" Y agrega: "Al analizar la focalización del IFE se observó que, en términos relativos, las provincias más vulnerables, es decir, aquellas con mayor incidencia de la pobreza e indigencia, presentan los mayores índices de cobertura. También que existe cierta tendencia a una mayor cobertura entre las mujeres y en los grupos etarios más bajos, que son el sector de la población más castigado por el desempleo, la desigualdad y la informalidad e inestabilidad laboral”.