Río Grande.-  La legisladora del bloque radical Liliana Martínez Allende consideró impostergable una definición para el sector privado y reclamó al Ejecutivo que de una vez envíe el proyecto prometido hace más de una semana, para que la Legislatura pueda sesionar y aprobar esa herramienta.

Por Radio Universidad 93.5 dijo que están “preocupados por la situación del sector privado, y hace más de un mes presentamos un proyecto para que el gobierno de la provincia tenga herramientas para asistir. No queremos que en la provincia se pierda un solo puesto de trabajo y ese es el riesgo, porque hay cerca de 45 mil empleados que dependen del sector privado”, subrayó.

“Previendo que esta pandemia se podía extender, porque lo estábamos viendo en otros países, presentamos este proyecto para tener la herramienta al menos para principios de mayo. Con los sueldos de abril, que se liquidaron este mes, algunos disponían de algún resto para poder afrontarlos, pero pasados 50 días es muy difícil que puedan seguir haciéndose cargo de los salarios sin tener ingresos”, expuso.

“No solamente nos preocupa el salario de los empleados sino los que tienen un comercio o una pyme, porque también hay familias involucradas y nos decían que lo primero que les descontaron cuando comenzó mayo fue la AFIP, AREF y los impuestos municipales porque lo tienen con débito. El poco dinero que podían tener en sus cuentas se lo chuparon estas actividades. A todo el mundo le han descontado todo, las tarjetas de crédito, las cuotas del IPV. Para ir al banco a financiar esa situación, la tasa es muy elevada y la gente tampoco quiere eso”, indicó.

Demora en sesionar

Respecto de la demora de la Legislatura para sesionar y definir una herramienta, indicó que todo depende del oficialismo. “La vicegobernadora ha puesto el recinto en condiciones, estamos convencidos de que podemos sesionar y aquellos que no lo pueden hacer por cuestiones de salud y son personas de riesgo, pueden hacerlo desde la ciudad de Río Grande, o en forma virtual en caso de que haya algún legislador de Ushuaia que no pueda concurrir al recinto. Para los 15 legisladores tenemos asegurada la distancia que ha solicitado el COE a la vicegobernadora, y hace 15 días ella tiene listo el recinto para poder sesionar. Evidentemente nuestro proyecto no quiere votarlo el Poder Ejecutivo y el Ministro de Economía ya dijo que no estaban dispuestos a cambiar los dólares. Puede haber otros mecanismos que nosotros desconocemos, o fondos con los que el gobierno nacional va a ayudar a la provincia y por eso no es necesario apelar a los dólares, pero esto es lo que queremos saber. Si hay alguna otra alternativa que tenga el gobierno de la provincia para asistir al sector privado, nosotros vamos a acompañar”, adelantó.

“Queremos debatir nuestro proyecto, el del Ejecutivo o el que presentó el MPF, para darle una herramienta al gobierno para ayudar al sector privado. El gobierno tiene más de 120 millones de dólares disponibles en el banco y estamos en una situación de emergencia donde se le ha pedido a todo el mundo que cierre y se someta a la cuarentena. En Río Grande hace 26 días no hay ningún caso de COVID-19 y ya están en condiciones de abrir todos. A los abogados le han puesto un horario de 9 a 13 horas, pero en general la gente va a la tarde, y a los contadores les han dado algunos días con horarios reducidos”, dijo, insatisfecha con los criterios que se fijaron.

“Con los peluqueros tuvimos un contacto vía Zoom y la situación de ellos es muy preocupante porque son sostén de familia, tienen uno o dos empleados, que a su vez son sostén de familia, y no piden que el gobierno no les regale nada, sino que les den un crédito a una tasa baja. Necesitan asistencia del Estado para pagar a proveedores, a los empleados, pagar el alquiler, y adecuar los locales de acuerdo a los condicionamientos para poder abrir”, subrayó.

Apurando definiciones

La legisladora dio cuenta de un llamado al gobernador Melella realizado “hace dos días”, a fin de apurar la presentación del proyecto. “Llamé al gobernador porque necesitamos urgente tener una propuesta. Queremos sentarnos a debatir el proyecto que ellos consideren viable, pero no lo tenemos todavía. Públicamente dijeron que había obras votadas por la Legislatura en la gestión anterior que no consideraban viables en este momento, y por eso presentamos nuestro proyecto, para usar parte de los fondos de los bonos. Sabemos que la provincia no tiene fondos para asistir con 3 mil millones de pesos al sector privado, y esto es necesario para que comiencen a funcionar y se ponga en marcha la rueda. Hay mucho peligro de perder fuentes de trabajo porque no tienen con qué pagar a los empleados”, advirtió.

“Los fondos están disponibles para pagar obra pública pero no hacen falta los 124 millones de dólares, porque hay obras que el mismo gobierno no ve prioritarias. Sería bueno hacer viviendas, porque se mueven muchos rubros con eso, y por supuesto el gobierno tiene que pagarle al sector privado las obras que se han estado haciendo y que han sido financiadas con los bonos. Así como se despidieron 90 empleados de la empresa Cóccaro, porque no pueden cobrar, eso le está pasando a todo el sector privado de las tres ciudades”, enfatizó sobre la abultada deuda pendiente con las constructoras.

La alternativa que dio el gobierno para que el comercio trabaje con el sistema delivery fue un fracaso y así lo expusieron los comerciantes: “Con el sistema de venta virtual nos han contado que como mucho logran vender un 15% de lo que facturaban por mes y no van a poder pagar. Así es muy difícil que el sector privado se levante y mantenga a sus empleados, y necesita de la ayuda del Estado. Hay algunos que decidieron cerrar y hay que ver si con una ayuda del Estado pueden mantener ese comercio o esa pyme”, observó.

Herramientas demoradas

También cuestionó la demora en concretar anuncios, como los créditos blandos o la asistencia del Ministerio de Desarrollo Humano. “Los primeros días de abril el BTF daba créditos al 48% y lo dijo el presidente del directorio en una reunión que tuvimos por Zoom. Solamente pudieron atender a 70 clientes, porque tenían sus carpetas al día. Después surgieron préstamos al 24% para pagar sueldos de los empleados, pero hay mucha gente que no está bancarizada y hoy no tiene para comer. Esas personas no tienen una carpeta de crédito al día ni están en condiciones de pagarlo, pero sí tal vez dentro de 60 días, si ya desde este fin de semana les dan la posibilidad de volver a funcionar”, consideró.

“La banca privada también está en condiciones de prestar y subsidiar tasas a los que tiene como clientes en el banco. Nosotros creemos que el sector privado es fundamental y para nada queremos enfrentarlo con el sector público, porque además hemos escuchado de boca del gobernador que no sabe si el mes que viene va a tener plata para pagar los sueldos. De ese sector nos vamos a ocupar luego, pero hoy tenemos que auxiliar al privado. Tenemos contacto todos los días con diferentes sectores, estamos intercediendo con el gobierno de la provincia para que permita reabrir negocios, sobre todo en Río Grande que hace 28 días no tiene ningún caso, pero mantienen a todo el mundo en su casa en cuarentena, con un sector privado desesperado, porque no puede hacerse cargo de sueldos, alquileres, luz ni nada. Necesitamos que se active urgente el protocolo para que el gobierno pueda atender a este sector, que es lo que nos urge”, remarcó.

La preocupación se profundiza porque desde el gobierno nacional “se está hablando de que se va a extender la cuarentena hasta el 24 de mayo, pero debe haber una reapertura, de acuerdo a cada uno de los negocios, los empleados que tienen, lo que venden. Esa autorización la da la provincia e interviene el COE. Ahora han citado a los intendentes para la semana que viene pero esto debería haber sido ayer, porque este fin de semana parte de la ciudad de Río Grande va a poder abrir y la reunión se tendría que haber hecho esta misma semana. La semana siguiente se va a empezar a activar la ciudad de Ushuaia y seguramente van a requerir condiciones especiales a los negocios para poder atender. Hace más de un mes pedimos la convocatoria al consejo económico y social porque vemos que cada rubro va a tener una situación diferente y tenemos que prepararnos para la post pandemia”, señaló.

“Ya deberían haber hablado con los sectores que van a empezar a abrir para ver qué necesitan para poder funcionar, porque van a necesitar fondos para reacondicionar sus locales, sus oficinas. No es lo mismo una gran fábrica que tiene otros recursos y puede adecuar sus plantas a lo que ha requerido el gobierno. El comercio pequeño, la pyme o un profesional independiente no está en las mismas condiciones. Es muy complicado que después de 50 días sin ingresos tengan fondos para readecuar su negocio”, dijo.

“Realmente en este momento lo que quisiéramos es sentarnos a sesionar, pero vuelvo a repetir que somos dos legisladores en el bloque y vemos que nuestro proyecto no es viable según el gobierno. Esperamos que el gobierno presente rápidamente su proyecto para darle la herramienta y haga frente a esta situación tan delicada. Si no, los propietarios de comercios privados ya no se van a enfermar de coronavirus sino de un ataque al corazón, porque cómo hacen para subsistir si el Estado no ayuda”, se preguntó.

Agregó que “los Comerciantes Unidos de Río Grande nos presentaron una nota y son 500 comercios que hace más de un mes están esperando que les contesten desde el Ministerio de la Producción cómo los van a ayudar, porque han presentado su documentación, llevan 15 mails presentados con documentación que les siguen pidiendo y todavía no tienen ninguna respuesta. La gente de Líder, de Montiel, también están pidiendo asistencia y todos están en la misma situación. Realmente están muy mal, con una preocupación muy grande, al punto de no tener cómo llevar un plato de comida a la casa, porque hay comercios chicos con uno o dos empleados que cargan en sus espaldas la situación de esas familias también”, concluyó la legisladora.