La estrategia de impunidad a toda costa y a costa de todos que ha venido desplegando el Gobierno desde el inicio de su gestión ha tomado un nuevo y predecible impulso con la aparición de la pandemia. La liberación masiva de presos con la “oportuna” excusa del coronavirus molesta muchísimo más a la sociedad que a los que mandan. En el reino del revés los ciudadanos de bien hacen esfuerzos económicos, psíquicos y físicos por quedarse encerrados para ayudar a los demás a no contraer el virus mientras quienes están encerrados por perpetrar actos delictivos contra individuos, la propiedad o la sociedad pugnan por salir de las cárceles en forma orquestada, toman penales y negocian “de tú a tú” con las autoridades.

Los amotinamientos no sólo encuentran la justificación perfecta en el coronavirus sino en la actitud disparadora previa de ciertos funcionarios gubernamentales como el Secretario de Derechos Humanos de la Nación que solicitó formal y públicamente la liberación del hijo de Lázaro Báez y de Ricardo Jaime por razones humanitarias.

Un juez integrante de la Cámara de Casación bonaerense permitió que los reclusos del Sistema Penitenciario de esa provincia tuvieran celulares en los penales provinciales y a quienes están alojados en las comisarías. Esto favoreció no sólo los amotinamientos sino también que muchos retomen sus actividades delictivas con total impunidad a distancia. Este mismo juez, días más tarde, aceptó el pedido de 2300 reclusos y les concedió –en un solo acto jurídico– que vuelvan a sus casas alegando hacinamiento carcelario y razones humanitarias.

Esta decisión, avalada por el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof, es una barbaridad por múltiples factores. El primero de ellos es, una vez más, la puesta en el centro de la escena de esa patológica compulsión kirchnerista de priorizar la piedad para los victimarios sin que importen en absoluto las víctimas. Habría que estudiarlo un poco desde la psicología aunque, sin ser experto en la materia, se me ocurre que aquí debe entrar en juego cierto complejo de identificación.

El segundo es que se ha mandado a sus casas a delincuentes sin testearlos médicamente, es decir, que pueden tranquilamente ser portadores de la enfermedad.

El tercero es que no hay en el país existencia suficiente de tobilleras electrónicas para monitorear sus movimientos y poder asegurarse si, efectivamente, cumplen con la prisión domiciliaria.

El cuarto es que, dada la notoria escasez de test rápidos y la capacidad estatal para procesar testeos tipo PCR, el Estado tenga que verse en el brete de invertirlos en el personal sanitario que está dando la batalla en primera fila, en los miembros del sistema penitenciario o en los reclusos.

El quinto es que existen instalaciones del ejército o de fuerzas de seguridad que podrían ser acondicionadas para que estos presos cumplieran allí su confinamiento, debidamente custodiados y más seguros desde el punto de vista sanitario.

Haber dado luz verde a un amparo colectivo sin analizar caso por caso es una aberración criminal. En primer lugar no habría que haberles concedido excarcelación alguna a quienes no están comprendidos por la figura de personas con factores de riesgo por edad; ni tampoco a quienes hayan cometido delitos graves como asesinatos, femicidios, violaciones, robos a mano armada reiterados y corrupción desde el Estado.

Haberlo hecho, despreciando olímpicamente lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos (Ley 27.372) que establece el derecho de las víctimas “a ser escuchadas antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, y aquellas que dispongan medidas de coerción o la libertad del imputado durante el proceso”, además de constituir un acto de crueldad incalificable, ameritaría un inmediato proceso de juicio político.

Todos sabemos que existen problemas crónicos en los sistemas correccionales del país como el mencionado hacinamiento, la falta de higiene y el acceso limitado a la atención médica. Estas cuestiones vienen de arrastre y deben ser solucionadas para dar cumplimiento a preceptos constitucionales; pero abrir indiscriminadamente las puertas de las cárceles no es liberar Auschwitz.

No vaya a ser que por evitar la pandemia en las cárceles recrudezca la epidemia de delitos, tengamos que llorar a nuevas víctimas y ser testigos de cómo las fuerzas de seguridad bajan sus brazos.

Cuando se tratan temas tan delicados como este no se lo puede hacer a la ligera. Si bien es cierto que puede estar en riesgo la salud de detenidos y procesados, también es cierto que corre peligro la seguridad de la población.

Todo parece indicar que ha vuelto el garantismo sin barbijo. El que, sin dudas, no comparte la enorme mayoría de la gente.