“Lo que corresponde a Harberton son 32 kilómetros y son aproximadamente 150 hectáreas, aunque no está definido todavía. Para que se expropie un bien hay que mensurarlo y hasta ahora hay simplemente un croquis”. Dijo Lynch, quien habla en nombre de la Estancia Harberton, que pretende un “acuerdo” económico mayor al que ofrece el Estado provincial por la expropiación.

Lo cierto es que la justicia autorizó el ingreso para hacer los trabajos y no consideró que exista una “usurpación”. “Nosotros tenemos reclamos judiciales porque no cumplen con lo que dice la ley. El gobierno hizo el depósito judicial por la expropiación, pero no nos han dado la habilitación para cobrarlo, así que no podemos disponer del dinero. Nosotros discutimos el valor de la tasación, que es muy inferior al valor de mercado y además es de 2017. El monto ronda los tres millones de pesos por todo concepto y, si uno saca números, no alcanza ni para hacer un alambrado. No guarda ninguna relación con el valor de esa tierra”, afirmó.

“La ley de expropiaciones dice que tiene que depositarse un valor justo de mercado y eso no ha pasado. Por eso reclamamos legalmente para que sea un valor justo. Aparte para expropiar, hay que determinar qué bien se expropia y mensurarlo. Eso no está hecho, además tampoco nos reconocen la totalidad de la Estancia Harberton, que fue cedida por el Congreso de la Nación en 1886. Tenemos nuestra escritura con planos, que hacen referencia a puntos geográficos y está muy bien delimitado todo. Nos están cercenando una porción de la estancia que se la adjudican a Moat, cuando no ha hecho ningún reclamo”, dijo.

Reiteró que “tenemos la escritura original y esto no es opinable. No pretendemos ni ganar más terreno ni perder lo que nos dio la Nación desde 1886. No hay argumentos cuando hay una escritura original y este título debe ser de los más antiguos de la isla”, estimó.

Parte del terreno que no se les reconoce corresponde al lugar donde está instalado el polvorín. “Nos están pagando menos porque no reconocen parte de nuestra propiedad. Esto fue planteado en sede judicial y se aportó toda la documentación. Hasta ahora fue rechazado y estamos apelando a instancias superiores. Estamos apelando por todas las irregularidades, y una de las más serias es que no se reconoce parte de la estancia. La justicia autorizó el ingreso con un croquis de la propiedad a expropiar, y todo es muy irregular”, opinó.

Apuntó que no se oponen al corredor costero y que ya “el camino a Harberton ya está abierto, porque se trata de una mejora. Por más que la tierra era privada, siempre se permitió la libre circulación. Seguimos permitiendo el libre tránsito de todos los vecinos de Almanza, de la gente de Moat, de Prefectura, de Puerto Rancho, y siempre estuvimos a disposición de nuestros vecinos”.

Consultado acerca de si tuvo contacto con las autoridades electas, que han pedido la paralización de la obra, dijo que “tuvimos diálogos telefónicos y tenemos que reunirnos en estos días, para explicarles nuestra postura. Nunca nos opusimos al mejoramiento de la ruta por tierras de Harberton, pero hay aspectos ambientales y arqueológicos para cuidar. Las alternativas que planteamos respetan esos aspectos y también queremos que no se nos haga mucho daño a nuestra actividad tradicional de tantos años, que es la ganadería”.

Lynch comparte la visión de los electos de frenar la obra hasta que se revise lo actuado. “Hay que hacer un buen estudio de impacto ambiental, que ha sido cuestionado, y luego seguir avanzando con tranquilidad. Pensamos que la decisión de la justicia iba a ser otra, y espero que en instancias superiores encontremos alguien que le dé un poco más de respaldo a nuestro reclamo. Hasta ahora nos rechazaron las presentaciones tanto en el fuero civil como en el penal”, concluyó.