Río Grande.- La presidente de la asociación Mane’kenk, Nancy Fernández, participó el pasado jueves de la reunión de comisión de recursos naturales, que preside el legislador Federico Bilota, y evaluó el debate en torno al corredor costero Canal Beagle, dado que estuvo presente en el encuentro el secretario de Ambiente Mauro Pérez Toscani.

El tema a tratar era Península Mitre, pero se discutió sobre la obra del corredor costero y fue un tema que “nos tomó por sorpresa a todos, porque no era el objeto de la convocatoria y hubiera sido bueno que esa reunión se diera en el marco de la comisión investigadora que van a crear los legisladores”, dijo por Radio Nacional Ushuaia.

“Nosotros señalamos las irregularidades que consideramos que existen, y se generó un diálogo interesante con Pérez Toscani, con quien tenemos un diálogo permanente. Todos los documentos que tenemos siguen demostrando que hay irregularidades en la obra”, aseguró, pese a que, según Bilota, habrían reconocido que “no hay daño medioambiental”.

“Lo que planteamos es que tendría que ser citado el Secretario de Cultura (Gonzalo Zamora) porque la objeción fuerte está puesta en los restos arqueológicos que van a ser vulnerados completamente. Mauro (Pérez Toscani) dice que la tala es legal, pero hay algunas sutilezas en el decreto reglamentario de la ley de bosques y procedimientos vinculados con ver si la empresa avisó o no. El punto clave está puesto en los restos arqueológicos, porque la misma empresa afirma que no se han hecho los rescates, que no puede cambiar la traza de la ruta porque le implicaría mayores costos, pero que hoy tampoco puede avanzar porque hay restos arqueológicos. Ahí es donde tiene que estar puesta la investigación y es lo que transmitimos al legislador Bilota como presidente de la comisión”, expresó.

Según la ambientalista, hay contradicciones en la empresa Gancedo, que lleva adelante la apertura del camino, porque “fue la que hizo la traza y el estudio de impacto arqueológico, y ahora dice que no puede avanzar porque en esa traza hay restos arqueológicos”.

Además, cuestionó la actitud de los legisladores, que “pretendieron desconocer más de lo que saben. Los momentos políticos cambiaron evidentemente y se notó que hubo cierta intencionalidad dirigida especialmente a Mauro Pérez Toscani. Creemos que también quieren sacarse la responsabilidad de encima, porque dicen que aprobaron el endeudamiento y la expropiación, pero no la obra ni la traza. Todo el tiempo buscaron cuidarse para no ser interpelados por la comunidad”, sostuvo.

“Los legisladores aprobaron la expropiación de tierras para hacer esta obra, sin la traza y sin el proyecto ejecutivo”, remarcó, y adelantó la posibilidad de que la obra la paralice la justicia. “Hoy el tramo 3 está parado por la Secretaría de Ambiente, porque la empresa no cumplió con requerimientos que le hicieron hace 9 meses atrás. Eso sabíamos que iba a suceder, y le planteamos a Pérez Toscani por qué no esperó a que respondiera esos requerimientos para recién después aprobarles el estudio de impacto ambiental. Hubiera quedado muy bien parado Pérez Toscani ante la comunidad ambiental de haber hecho esto”, consideró.

“El tramo 1 también está parado hasta que termine el sumario administrativo por las irregularidades técnico-administrativas que mencionó Pérez Toscani. La empresa pidió un cambio de traza para no afectar yacimientos arqueológicos, y esto significaría deforestar una parte importante del bosque”, explicó.

Recordó que “el tramo de la ruta 30 de Playa Larga se paró por el mismo motivo. Esto lo dijo Ernesto Piana hace un año en la Legislatura, porque ya se vio en  la década del ’90 cuando se paró la obra de Playa Larga. Son los mismos yacimientos de hace 25 años los que están en juego ahora”, indicó”.

La coyuntura actual plantea que en el tramo 1 hay que decidir una nueva traza o proceder al rescate de yacimientos, rompiendo reservorios. Para la ambientalista “ambas alternativas son malas. Desde el inicio dijimos que ese tramo era inviable y debía tener otro acceso”, remarcó.

Dio cuenta de las pruebas que se siguen colectando y aportando a la justicia, en la causa civil por derechos difusos “para demostrar que no se puede continuar la obra por ahí”, y agregó que “del punto de vista penal se acaba de sumar otra denuncia de la familia Pastoriza, porque gran parte de la deforestación fue hecha en su tierra, que es privada, con título, y se produjo una invasión a la propiedad privada”.

“La obra está avanzada solamente en el tramo 2, porque lo único que hubo que hacer ahí fue ensanchar y aplanar. El tramo 1 y 3 están detenidos, y desde el inicio eran los puntos conflictivos. Esperamos próximamente novedades de la justicia, y todas las semanas estamos adjuntando pruebas. Estamos en el punto final y esto está por dirimirse en cinco o diez días, tanto en la causa civil como en la penal”, aseguró, previendo que “la decisión judicial será paralizar la obra”.