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Ex juez Tomás Hutchinson. Un avergüenza de nuestra historia.

Cobra casi $ 300 mil de jubilación y demandó al Estado

Jamás habría tenido domicilio en Tierra del Fuego, su paso fugaz por la Justicia sumado a un “pacto” con el poder político de turno le dio una “jubilación de privilegio” que pagamos todos los fueguinos. Hoy el ex Juez cobra 274 mil pesos por mes y pretende 333 mil y por eso demando a la provincia. No es é único caso, pero es el jubilado mejor pago de Tierra del Fuego.

Se jubilo con 59 años de edad y aportando solo 5 años a la caja fueguina. En la actualidad cobra 274 mil pesos por mes y pretende 333 mil. Jamás habría tenido domicilio en la isla.

Es el jubilado mejor pago de Tierra del Fuego y quiere ganar más. El ex juez del Superior Tribunal de Justicia Tomás Hutchinson, quien percibe un haber de 273.199 pesos mensuales, demandó a la Caja de Previsión Social de la provincia para elevar esa suma a por lo menos 333.225 pesos.

El caso de Hutchinson es uno de los más emblemáticos del régimen jubilatorio provincial. El abogado y catedrático del derecho administrativo se jubiló en el 2000, a los 59 años, y había aportado a la Caja Previsional durante apenas cinco años y dos meses.

El juez se acogió a una ley de "jubilación anticipada" que según la dirigencia política de la época fue utilizada para reemplazar a la cúpula judicial de aquella época por magistrados afines al ex gobernador peronista Carlos Manfredotti.

"En definitiva, Hutchinson aportó durante 62 meses al sistema, y lleva cobrados 222 meses de jubilación, con lo que ya lleva percibidos diez veces sus aportes a la Caja", resumió una fuente de la Caja de Jubilaciones de la provincia.

Sin embargo, el ex magistrado no está conforme con su situación previsional porque el sistema fue declarado en "emergencia" a partir de la asunción de la gobernadora justicialista Rosana Bertone, en enero de 2016, debido a que los ingresos ni siquiera alcanzaban para hacer frente a las jubilaciones, que se pagaban en cuotas.

Como consecuencia de ello, la Legislatura provincial sancionó una serie de leyes que establecieron aportes adicionales para los trabajadores en actividad (en primer término y hasta fines de 2017) y solo para los funcionarios provinciales a partir de 2018.

Las normas vigentes en los últimos dos años (la emergencia caduca a fines de 2019) fijaron un aporte adicional del 12% para los jubilados que hubieran aportado menos de diez años al sistema, y que percibieran haberes que "superen en un 50% el sueldo del gobernador de la provincia".

Además, se estableció otro aporte permanente que se calcula como el 15% del monto que perciban por encima de la remuneración del gobernador.

"En el caso de Hutchinson, luego del descuento de ambos aportes, percibe una jubilación "de bolsillo" de 273.199 pesos, tres veces el salario actual de bolsillo de la gobernadora de la provincia, pero quiere cobrar los 333.225 pesos que le corresponderían sin los descuentos", detalló un vocero del organismo previsional fueguino.

El ex magistrado planteó una demanda ante el Superior Tribunal que antes integraba y solicitó el cese de las retenciones –a través de una medida cautelar- pero también el cobro de las diferencias no percibidas "desde enero de 2016 hasta el dictado de una sentencia", indica el escrito judicial al que accedió Télam.

Hutchinson planteó en su demanda que las deducciones a su jubilación violan "el principio de intangibilidad de la jubilación de los magistrados" y también cuestionó que la provincia haya salido de la movilidad jubilatoria que referenciaba los haberes como el 82% de los trabajadores en actividad, por un sistema que actualiza las jubilaciones dos veces al año.

"El haber jubilatorio es de carácter alimentario y su reducción o suspensión importan grave daño", planteó del ex juez fueguino.

Un poco de historia

Para conocer en profundidad el personaje que significa el ex El ex juez del Superior Tribunal de Justicia fueguino Tomás Hutchinson es necesario adentrarse en algunos párrafos extraídos del libro Justicia Adicta del periodista Gabriel Ramonet.

Ni bien ganó las elecciones en junio de 1999, el ex gobernador Carlos Manfredotti nombró “embajador” ante el Poder Judicial al fallecido abogado Héctor Luis Pena, máximo brazo jurídico del gobierno que aún no había comenzado.

Pena era un hombre influyente en los tribunales locales y había cosechado vínculos importantes con abogados y políticos nacionales, especialmente ligados al PJ. Con Manfredotti lo unía una relación extraña, de amor-odio, que se iría manifestando con el correr de los meses.

Lo cierto es que del círculo íntimo de Pena surgieron numerosos funcionarios del gabinete, sobre todo de la Secretaría Legal y Técnica, y varios candidatos a ocupar cargos en el Poder Judicial.

El letrado de voz ronca y fumador de habanos asumió la representación del poder real en septiembre de 1999, cuando realizó la primera visita formal al Superior Tribunal de Justicia, con el objetivo de poner al tanto a los magistrados del proyecto de Manfredotti para la Corte.

La idea no era para nada original. El ex gobernador copiaba a su líder político, el ex presidente Carlos Menem, y se proponía ampliar el número de jueces del tribunal de tres a cinco integrantes.

Puertas adentro, el manfredottismo calculaba que colocando dos nuevos cortesanos y seduciendo a un tercero (con el que ya habían conversado) se aseguraba la mayoría automática para los temas más urticantes que pudieran derivarse de los años de gestión.

Sin embargo, Pena se encontró con una respuesta que lo sorprendió. No era que los jueces en actividad se negaban a la reforma, por ejemplo, por considerarla un avance del poder político sobre el judicial, sino todo lo contrario. “No hace falta”, fue la frase seca que retumbó en los oídos con capacidad disminuida del letrado, quien de todas maneras escuchaba muy bien lo que le convenía.

Su interlocutor era el juez Tomás Hutchinson, un catedrático del Derecho Administrativo que jamás había tenido domicilio en la provincia y al que le interesaba abandonar el cargo siempre y cuando le garantizaran un ingreso acorde a su linaje.

Sin demasiados rodeos, Hutchinson le propuso a Pena la implementación del régimen de jubilación anticipada en el que ya había estado trabajando parte de la corporación judicial. Con las vacantes a su merced, el PJ podía nombrar a los jueces que se le antojara.

Al gobierno le pareció bien la idea y el proyecto prendió de inmediato, al punto de incorporarse como un artículo nuevo en el proyecto de la ley de Presupuesto.

 

Mozo, un café

 

Poco tiempo después, entre enero y febrero de 2000, Hutchinson y Pena volvieron a encontrarse, esta vez en el bar Muki, ubicado en la avenida Maipú 1499 del partido de Vicente López, en Buenos Aires.

El café es también restaurante y pizzería. Queda en la esquina con la calle San Martín, frente a la escuela provincial 8 Bernardo de Monteagudo. Tiene amplios ventanales resguardados del sol por unos árboles inmensos, y separados de la vereda por canteros con plantas. En la puerta del colegio hay un puesto de flores; en diagonal al café, una estación de servicio Shell, y frente a ésta, una pinturería.

El punto de reunión fue elegido porque queda a mitad de camino entre el domicilio de Hutchinson en Capital Federal y una casa propiedad de Pena.

Los abogados pasaron por debajo de los toldos rojos con la inscripción de la marca de cerveza Budweiser, y por entre dos pinos enanos situados en la entrada al bar. Después enfilaron para la zona de cafetería, cubierta por un techo negro con revestimiento acústico e iluminada por lámparas dicroicas.

En ese encuentro, el todavía juez del Superior Tribunal fueguino le entregó al enviado del gobierno el texto del decreto reglamentario del régimen jubilatorio, que él mismo había redactado. Casi sin modificaciones, el borrador fue rubricado días más tarde por Manfredotti  y se convirtió en el decreto 223/2000.

Aquel día en Muki, donde los testigos fueron unos pocos porteños, unas riestras de ajo y algunos jamones colgados en la pared posterior del edificio, al lado de la cocina, Hutchinson se desprendió de un documento en el que sólo aparecía en blanco un espacio. Era el destinado al porcentaje de aporte jubilatorio especial que debía asumir el Poder Judicial durante los cinco años en que el beneficiario de la jubilación cobraba solo una parte de sus ingresos. El lugar fue llenado con la cifra “50” por Pena, un número que incomodó bastante a los jueces pero que finalmente terminaron aceptando.

 

Vivir en el hotel

 

El juez Hutchinson fue uno de los que omitió defender el principio de inamovilidad funcional consagrado en la Constitución fueguina, pero también llevó hasta la cornisa otro requisito constitucional, que obliga a los miembros del Superior Tribunal a residir en la provincia.

Durante los últimos años en que ocupó el cargo de ministro de la Corte, el magistrado vivió en la habitación 210 del Hotel Ushuaia, mientras que simultáneamente mantuvo domicilio, según el duplicado de su Documento Nacional de Identidad, en el partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires.

La atípica situación domiciliaria del juez circuló en infinidad de oportunidades por ámbitos judiciales y periodísticos, aunque nunca se había podido documentar de manera fehaciente, hasta que las pruebas aparecieron cuando inició los trámites jubilatorios.

Para expedirle un reconocimiento de servicios, la UDAI Ushuaia del ANSES (Administración Nacional de Seguridad Social) le exigió llenar un formulario de “Solicitud de Prestaciones Previsionales”. En el casillero “domicilio”, se lee: Chacabuco 1335, Vicente López.

La misma dirección figura en la página 11 de su DNI, según la inscripción realizada en el Registro Civil el 22 de marzo de 1999, cuando ya era juez de la provincia.

Hutchinson no tuvo otro camino para justificar ante el ANSES su residencia en la ciudad, que exhibir facturas a su nombre de la empresa Lodave SRL, propietaria del Hotel Ushuaia, de donde surge que vivía allí regularmente.

Por ejemplo, de la factura B 0001 00006160, de fecha 3 de junio de 2000, se desprende que el “pasajero Hutchinson” ocupó la habitación 210  entre el 3 y el 9 de junio, a un precio de cuarenta pesos por día. Otras facturas demuestran que ocurrió lo mismo entre 22 y el 28 de abril, entre el 6 y el 12 de mayo, entre el 13 y 19 de mayo, entre otros períodos. El resto del tiempo permanecía en Buenos Aires.

Aunque Hutchinson ingresó a la Justicia fueguina el 2 de mayo de 1995, y el artículo 147 de la Constitución le exigía residencia “en la ciudad sede de sus funciones”, el juez no consideró una violación a ese principio vivir en un hotel y tener domicilio en Buenos Aires.

Según explicó en un documento oficial al que tuvo acceso el autor de este libro, primero alquiló una casa de cinco ambientes en la calle Rivadavia (de Ushuaia) donde vivió un tiempo con su esposa e hija. Pero después, por problemas personales, su familia regresó a Buenos Aires y él rescindió el contrato de alquiler de la casa y se instaló en el hotel.

“No puede decirse que no resida aquí. Tendría, a lo sumo, si se quiere, dos residencias. ¿Es ello posible? Según Salvat “la residencia es el lugar de habitación real de la persona. La residencia puede estar, sea en el lugar de domicilio, sea en otro lugar (...) una persona puede tener varias residencias (...)”, se justificó el ex ministro de la Corte.

 

El ex juez de la Corte Tomás Hutchinson escribió lo siguiente en el texto de su renuncia:

 

“No soy masoquista ni lo quiero ser. Seguramente aumentarán los requisitos jubilatorios, como aumentan las horas de labor, al revés de lo que intentan los países adelantados. Por lo tanto, oponerse a la norma -con dudoso resultado- para, de triunfar, obtener un perjuicio, sería por lo menos un absurdo y daría lugar a que cualquiera sospeche acerca del deseo de mantenerme ubi et orbi en el cargo”.

 

(*) Extracto del libro Justicia Adicta, publicado por el autor en 2007.

 


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