Ushuaia.- La empresa pesquera Pesantar fue denunciada en diciembre pasado por su gerente de operaciones, Juan Benegas, por mantener relaciones con el gobierno de ocupación de las Islas Malvinas a través del grupo empresario japonés Nissui al que pertenecía. El expediente avanza y este viernes vence el plazo para que los nuevos propietarios de Pesantar -Newsan- hagan su descargo. Una vez cumplido el plazo, el expediente será derivado al Departamento de Legales de la Subsecretaría de Pesca de la Nación para que dictamine la autoridad de aplicación que hará efectiva la sanción, que implica la caducidad inmediata del permiso de pesca del barco Echizen Marú.

El subsecretario de Pesca de la Nación, Miguel Bustamante, habló con REVISTA PUERTO puntualmente sobre este caso  y realizó declaraciones sobre un informe del gobierno japonés recibido a partir de la denuncia, del que surgen datos que podrían comprometer no solo a Pesantar sino también a otra empresa argentina.

Todo comenzó con un correo electrónico que en noviembre del año pasado, por error, cayó en la bandeja de entrada de Juan Benegas, gerente de operaciones desde hacía 22 años en la empresa Pesantar propiedad del grupo japonés Nissui. El autor del correo era una de las autoridades japonesas del Grupo y se dirigía a otros ejecutivos de Tokio con el siguiente texto: “No le digan nada a los colegas de Argentina de lo escrito más abajo”.

Lo que decía más abajo era que a través de la empresa chilena Emdepes -también propiedad del Grupo Nissui- el 7 de noviembre arribarían a “Puerto Stanley de las Falklands” y tras recibir la licencia comenzarían a pescar en Malvinas.

El 22 de diciembre Benegas realizó la denuncia ante la Cancillería, la Subsecretaría de Pesca y días más tarde también ante el secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus. El 1 de enero del 2015 puso en conocimientos al embajador de Japón en la Argentina solicitando su ayuda. El 4 de enero le escribió a los directivos de Nissui en Tokio informándoles todas las acciones tomadas y les preguntó: “¿Qué japoneses de Nissui traicionarían la soberanía de Japón?”. El 5 de enero fue despedido.

La Subsecretaría de Pesca, la Cancillería y Secretaría de Malvinas realizaron las solicitudes pertinentes a los gobiernos de Japón y de Chile por estar ambos  involucrados a través de empresas radicadas en sus países y se pudo disponer de toda la información necesaria para comprobar la denuncia realizada por Benegas.

La denuncia permitió acceder a través del gobierno de Japón a la composición societaria de las empresas japonesas que tienen subsidiarias en la Argentina. Lo mismo ocurrió con Chile, que facilitó todos los datos respecto de la relación entre la empresa Emdepes y el grupo Nissui. La Prefectura Naval Argentina también aportó datos respecto del derrotero del barco Unión Sur, de la firma chilena, que pescó con licencias del gobierno de ocupación de las islas.

Según la legislación vigente las empresas argentinas no pueden tener relación directa ni indirecta si poseen un permiso de pesca nacional. Pesantar era una empresa de Nissui al momento de la denuncia y por tal motivo se encuentra en juego el permiso de su barco Echizen Maru, el cual deberá ser dado de baja inmediatamente, una vez  comprobada la denuncia.

Pesantar fue vendida el 15 de enero, cuando la denuncia ya había generado un expediente y el tema había tomado estado público. La nueva propietaria de Pesantar y el barco Echizen Maru es la empresa Newsan.

El subsecretario de Pesca de la Nación, Miguel Bustamante, en ocasión del reportaje que le realizamos, nos respondió respecto de la dilación en los tiempos legales del expediente: “El 10 de marzo se intentó notificar por primera vez y resultó infructuosa; la segunda fue dudosa desde el punto de vista jurídico y la tercera, como reza el dicho, fue la vencida. En la primera visita no atendió nadie en el domicilio, en la segunda intentamos dejarla con ciertos resguardos legales y luego se presentó el nuevo titular de la empresa, constituyó domicilio para notificarse y pidió vista del expediente”.

Luego solicitó una extensión de plazo para “hacer fotocopias del expediente” y este acto administrativo le otorgó una semana más para formular el descargo. La empresa tiene tiempo hasta el 22 de mayo para realizar su presentación. Ese día el expediente pasará a Legales porque es necesario dictaminar quién es la autoridad de aplicación, ya que la Ley de Pesca no lo especifica.

Una vez cumplido este paso y dictaminada la sanción, el Departamento de Legales deberá decir cuál es el órgano que la aplicará, si el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Gabriel Delgado o el Consejo Federal Pesquero. El Subsecretario de Pesca no está facultado para aplicar la sanción por una cuestión de delegación de facultades; aunque sí, como ha ocurrido hasta ahora, puede actuar para que los plazos de ejecución sean cumplidos.

Los pasos dados por la administración nacional hasta aquí han sido los correctos y todo hace prever que en poco tiempo Newsan perderá el permiso del Echizen Maru por el accionar de su expropietaria Pesantar. Será la primera empresa argentina sancionada por mantener relaciones comerciales con empresas pesqueras que operan en Malvinas, pero probablemente no será la última.

De la documentación aportada por Japón surge que Pesantar no sería la única empresa que estaría vinculada con el gobierno ilegal de las Islas, según nos relató Bustamante: “Estoy analizando los informes que suministró Japón respecto de la participación de esos grupos en alguna otra sociedad argentina”. Estamos pidiendo medidas complementarias al Ministerio para que nos informe mejor porque parecería que habría algún grado de participación de otra empresa. Si es así personalmente me voy a encargar de generar un expediente para analizar la situación”.

La denuncia que le costó a Juan Benegas su puesto de trabajo, luego de desempeñarse 22 años como gerente de operaciones de la empresa Pesantar, no está dormida y parece haber abierto la puerta a una serie de investigaciones que podrán dispararse a partir de los informes suministrados por países aliados de la Argentina en la causa Malvinas. (Por Karina Fernández; Revista Puerto).