Habría que analizar cuáles son las verdaderas intenciones del portal santacruceño, para crear un manto de incertidumbre sobre el régimen fueguino. Recordemos que la vecina provincia, cuna de los Kirchner, siempre despotricó contra el régimen fueguino, a punto tal que cuando gobernaban los K le dieron a esa provincia 3 zonas francas, una de las cuales es industrial y que aún están en veremos.

De todos modos el informe tiene una carga importante en términos económicos, pero más allá de las “dudas”, el dosier aclara que el Ministerio de Producción recibe, con frecuencia, la visita de la gobernadora fueguina, Rosana Bertone, además de empresas y gremios, para discutir el régimen. En un año y medio, hubo reuniones cada dos meses. "Mejoren la competitividad y productividad de la isla", es la sugerencia con la que suelen retirarse.

Lo cierto es que desde la llegada de Macri ala Casas Rosada, el parque industrial fueguino tuvo que amoldarse a los nuevos tiempos económicos. Algo que el informe santacruceño omite decir es que cuando gobernaba los K , de los casi 15 mil operarios, unos 6 mil eran tomados en las fabricas bajo la modalidad de “contrato basura” un método que impulsaron los industriales en convivencia con el gremio de la UOM y la mirada para otro lado de las autoridades nacionales.

Bajo el titulo de “El fin de la década ensamblada”  se refieren a los diez años de la firma del decreto 1234, que prorrogó, hasta el 31 de diciembre de 2023, el régimen de promoción industrial, con la firma de Nestor Kirchner el 18 de septiembre de hace una década.

Aunque aplica a toda la actividad de la isla, el modelo fueguino está identificado con la producción de artículos electrónicos. A punto tal que es el principal empleador: genera, en forma directa, más de un tercio de los puestos laborales privados de la provincia, con salarios que, en 2014, eran entre 75% y 90% superiores a los de Buenos Aires o Córdoba.

En 2007, Tierra del Fuego ensambló 2,2 millones de televisores, 499.000 hornos microondas, 862.000 teléfonos celulares y algo más de un millón de equipos de aires acondicionados. El costo fiscal de las exenciones fueguinas, en 2007, fue de $ 1325,6 millones, el 0,19% del PBI, lo mismo que cuatro años antes. Eran 37,4% del gasto tributario previsto para todos los regímenes de promoción económica durante el ejercicio: Tierra del Fuego costó $ 1,10 cada $ 100 de gasto aprobado en el Presupuesto.

Para 2011, el régimen insumió $ 8701,3 millones, 67,5% del costo de las promociones económicas y $ 2,30 cada $ 100 gastados por el Estado nacional. Desde 2007, hubo explosión de armado de celulares (11,5 millones) y, la novedad, 842.000 dispositivos, entre PCs, notebooks y tablets. Efecto directo del "impuestazo tecnológico" aplicado un par de años antes.

"El modelo (...) involucra importantes erogaciones fiscales y un déficit comercial no menor y creciente y con un aporte, hasta el momento, menor en términos de demanda de empleo, creación de conocimientos y generación de productividad", criticaron en un paper del Cippec de 2012 titulado "Radiografía de la industrialización argentina en la posconvertibilidad" Eduardo Levy Yeyati y Lucio Castro. Ahora, el primero es influyente asesor del Gobierno en desarrollo económico e industrial. El segundo, Secretario de Transformación Productiva del Ministerio de Producción.

En 2015, la exención de Tierra del Fuego sumó $ 23.490 millones, 0,47% del PBI y 77,6% del total del gasto tributario en esos regímenes.A diciembre de ese año, las montadoras fueguinas empleaban a 13.750 personas.

"Lo voy a desmantelar", cuenta algún infidente que, en confianza, le escuchó decir a Mauricio Macri en sus primeras semanas de mandato. El Presidente no es afecto a un sistema de protección y beneficios que, a su entender, restringió la oferta, atrasó la tecnología, encareció productos, tragó dólares en tiempos de verde carencia y, para financiarse, utilizó instrumentos poco tentadores para multinacionales sometidas a puntillosas normas de compliance. Una curiosidad, para alguien apellidado Macri y que, además, tiene como íntimo amigo y consejero a Nicolás Caputo, accionista, junto al resto de su familia, de Mirgor, uno de los principales players de la isla.

Pese a esas intenciones originales, el Ministerio de Producción recibe, con frecuencia, la visita de la gobernadora fueguina, Rosana Bertone, además de empresas y gremios, para discutir el régimen. En un año y medio, hubo reuniones cada dos meses. "Mejoren la competitividad y productividad de la isla", es la sugerencia con la que suelen retirarse.

Mientras, el decreto 117, de febrero de este año, eliminó los aranceles para la importación de productos electrónicos. Por esa quita, las ventas de computadoras crecieron 70% y los precios bajaron 40%.

"Está redimensionándose", el elegante eufemismo al que apelan en Afarte para hablar de la industria fueguina hoy. Por estos días, emplea a 9000 personas y concentró el 90% de producción en tres líneas. Proyecta ensamblar 9,5 millones de celulares, algo más que los 9,1 millones en 2016 y 3,2 millones de televisores (prácticamente, lo mismo). El volumen de aires se retrajo de 1,8 millón en 2015 a 1,1 millón 12 meses después.

Las empresas se están focalizando en ser competitivas en TVs y celulares. Entre enero y septiembre bajaron 28% los precios de los teléfonos, y 9%, los de las TVs. "En precio, nunca podremos parecernos a EE.UU. o Chile, que no fabrican, tienen una eficiencia logística enorme y una carga tributaria mínima", dicen. "Pero podemos acercarnos a Brasil", acotan.

¿Qué respuesta recibirán? El Gobierno ya decidió continuar con el régimen hasta 2023. Hay coincidencia en sectores como la industria del gas, el turismo y la pesca. Qué pasará con la electrónica y, particularmente, con la promoción industrial a partir del 1º de enero de 2024 siguen siendo incógnitas a despejar en la ecuación. Por lo pronto, el Presupuesto 2018 prevé que el régimen insuma $ 31.801,2 millones, 18,5% más que este año y, en términos de PBI, prácticamente, lo mismo: 0,26%. Pero Tierra del Fuego ya no es tres cuartos, sino la mitad del costo tributario previsto para financiar las exenciones económicas