Esta vez el mensaje ejemplificador lo dispuso el juez federal, Federico Calvete. Y lo destinatarios fueron los gremialistas del Estado. Estos individuos fueron acusados de protagonizar un corte total de la Ruta Nacional 3 en marzo del año pasado, durante un conflicto con el gobierno de Tierra del Fuego por la reforma del sistema previsional, confirmaron fuentes judiciales.

La medida involucra al polémico secretario general del SUTEF, Horacio Gustavo Catena, ya exonerado de la administración pública y a la dirigente del mismo sector Florencia Villarreal, también la medida se ocupa del secretario general del ATE, Carlos Córdoba; al secretario general de la Asociación Fueguina de Empleados Públicas (AFEP), José Darío Gómez; y a los miembros del SOEM, Sandra Cristina Esperón y Horacio Gallegos.

La medida también incluye a la secretaria general de la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC) y actual directora por los Pasivos, Elisa Dietrich; al secretario adjunto del Sindicato de Empleados de la Justicia Provincial (SEJUP), Roberto Marcelo Kuba; al secretario adjunto de ATSA, Jorge Daniel Saravia; a la representante de los jubilados autoconvocados, Patricia Blanco; y al secretario gremial del sindicato de músicos, Juan Marcelo Levicoy Pérez. Todos estos gremialistas deberán sentarse frente a un jurado para defenderse de una segura condena, por violar más derechos de los que dicen defender.

La resolución considera a los dirigentes sindicales como autores de los delitos de interrupción del transporte y de servicios básicos, desobediencia y resistencia a la autoridad y privación ilegítima de la libertad. También se les impuso embargos de $200 mil a cada uno.

El procesamiento “sin prisión preventiva” de los integrantes del sindicato docente (SUTEF), judicial (SEJUP), empleados públicos (ATE), municipales (SOEM), sanidad (ATSA) organismos de control (APOC) y jubilados autoconvocados fue dictado en la causa número FCR1770/2016 que juzga el corte de 11 días consecutivos de la ruta en el ingreso a la capital fueguina.

El corte de ruta comenzó el 15 de marzo de 2016  con interrupciones parciales y se mantuvo ya con bloqueos totales desde el 17 y hasta el 27 de marzo, en que finalmente los manifestantes decidieron abandonar el lugar y concentrar el conflicto en acampes frente a la casa de gobierno de la provincia.

La medida gremial realizada en el puesto policial de ingreso a Ushuaia dejó aislada a la ciudad por vía terrestre, y afectó servicios como el ingreso y egreso de camiones con mercaderías, la distribución de gas envasado y el movimiento de micros y combis de turismo durante los feriados de Semana Santa, entre otras actividades.

El juez explicó en la resolución conocida hoy que los acusados fueron identificados entre las personas que estaban en el lugar del piquete, a través de filmaciones y fotos tomadas por agentes de seguridad.

El magistrado también menciona como evidencia los testimonios de damnificados por la interrupción del tráfico vehicular, entre ellos dueños de empresas de turismo o de distribución de tubos y garrafas, particulares que perdieron vuelos o no pudieron salir de vacaciones y gente que debía realizarse estudios médicos fuera de la ciudad.

El corte se sintió fuerte en la actividad turística porque incluyó los feriados del último fin de semana largo que aporta visitantes de forma masiva a la capital fueguina, antes de la temporada de invierno, y de hecho contingentes que tenían previsto visitar -también- la ciudad de El Calafate quedaron varados en Ushuaia, sin poder salir.

Los gremios estatales reclamaban la derogación de un paquete de leyes sancionado en enero de 2016 que, entre otros aspectos, modificó algunas condiciones de acceso a la jubilación, como la posibilidad de jubilarse a los 40 o 45 años de edad, pero que también declaró la emergencia del sistema jubilatorio y estableció aportes obligatorios a un fondo para la sustentabilidad del régimen.

Las protestas también derivaron en otros incidentes como el piquete realizado frente a la planta de combustibles Orion, que abastece de naftas a toda la provincia, y en un acampe frente a la casa de gobierno que impidió el normal funcionamiento de la administración pública.

Los procesamientos a los gremialistas no están firmes y pueden ser recurridos ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, dijeron las fuentes judiciales.