“Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago” parece ser el refrán preferido de los Intendentes, tanto Gustavo Melella como Walter Vuoto.

Por un lado los Intendentes piden a gritos tener dialogo directo con la gobernadora Rosana Bertone, mientras que por otro lado, le cierran toda posibilidad de dialogar con los Concejales que no comulgan con sus políticas.

El caso denunciado esta semana por el concejal del PRO Tomás Bertoto,  es una copia fiel de las permanentes denuncias de su par Ricardo Garramuño, mientras que lo mismo sucede con la Concejal riograndense Laura Colazo.

Todo aquel Concejal con olor a oposición encuentran bloqueadas las posibilidades de dialogo con los Intendentes, mientras que por otro lado, ambos mandatarios, piden a gritos “dialogo” con el Gobierno.

En ésta forma banal de hacer política, ambos Intendentes coinciden. Más allá de las profundas diferencias entre ambos mandatarios que buscar superficialmente mostrarse “unidos”, lo cierto es que existe una profunda contradicción en su mensaje político de cara a la sociedad.

“Buscamos un dialogo serio e institucional” dicen los Intendentes, al mismo tiempo que los pedidos de informe de los concejales de la oposición van a parar al fondo del cesto de basura.

Días atrás trascendió un audio donde se puede escuchar al Intendente de Ushuaia, hablar con su Jefe de Gabinete, Oscar Souto, en la conversación de pocos segundos se puede advertir una “broca contenida” contra el concejal Ricardo Garramuño, a quien lo habría tratado con fuertes improperios por el pedido de informe sobre la polémica pavimentación de la Av. Perito Moreno “Ni se les ocurra contestar ese pedido de informe” fue la orden final.

Del otro lado de la cordillera, Laura Colazo sufre lo mismo de la mano de Gustavo Melella, “cero dialogo con esta concejal” grito días atrás cuando la edil envió un pedido de informe sobre los fondos del Municipio depositados en otra entidad bancaria que no sea el Banco de Tierra del Fuego.

El detracto que sufren los Concejales opositores a los Intendentes es diametralmente opuesto a lo que sostienen los jefes comunales en los medios de comunicación cuando piden un “diálogo serio, respetuoso e institucional”.

Por lo pronto el gobierno maneja la agenda pública. Más allá del escenario montado por los Intendentes con Constitucionalistas bien rentados para que interpreten la Ley a favor de los municipios y sobre todo para  hablar de “usurpación” cuando se refieren al pleito sobre el impuesto inmobiliario.

El paso por la isla del Constitucionalista  Eduardo Barcesat y sus “honorarios” aún es un secreto guardado bajo siete llaves. Se sabe que los honorarios fueron soportados por los municipios, sin embargo hay quienes sostienen que el Constitucionalista tiene una tarifa bastante onerosa “cada presentación del doctor alcanza los 15 mil dólares” dijo una fuente bien informada. Difícilmente los Concejales de la oposición puedan obtener una repuesta, mientras que los Concejales oficialistas miran para otro lado.

El fallo que aún se concina en el seno del Superior Tribunal  de Justicia, sobre quien debe recaudar el impuesto inmobiliario, se asemeja más a una espada de Damocles que se cierne sobre los municipios por impericia de los propios Intendentes, que una resolución judicial que busque acercar las partes.