Por este motivo la Provincia estaría analizando cobrarles 900 millones de pesos en concepto de las exenciones impositivas de las que gozaron estas compañías.

En mayo del año pasado AFARTE se comprometió en un acuerdo rubricado con el Gobierno a conformar en el plazo de dos años un fondo de 100 millones de dólares para destinarlos a “proyectos económicamente viables”, según había explicado el entonces presidente de la asociación de empresas, Alejandro Mayoral. 

“No van a ser donaciones sino proyectos económicamente rentables”, había explicado el directivo haciendo mención a “energías alternativas y planes de vivienda”. 
 

En aquélla oportunidad también se habló de mejorar la conexión por fibra óptica en Tierra del Fuego. Pero a poco de cumplirse un año del convenio las empresas no habrían hecho ningún aporte al fideicomiso, lo que estaría generando preocupación en el Gobierno, al punto de estar evaluando cobrarles los 900 millones de pesos que sumarían las exenciones impositivas que también se acordaron oportunamente.

Fuentes allegadas a la Provincia ratificaron que hay “malestar” incluso porque los empresarios, a diferencia de las autoridades provinciales, han llegado a un estado de “comodidad” con las políticas nacionales en materia de industria, como la apertura de las importaciones.
 

Días pasados, representantes de AFARTE habrían confirmado a la propia gobernadora Rosana Bertone en una reunión en Buenos Aires que no se hizo ningún aporte al fideicomiso, que ya debería contar con al menos la mitad de los fondos comprometidos, es decir, 50 millones de dólares.

Finalmente, también trascendió que otra medida que analizaría el Gobierno sería la retención de los certificados que permiten a las empresas exportar hacia el continente.