Río Grande.- El matutino El Observador de Uruguay realizó un análisis de la coyuntura industrial argentina y fueguina. Observó que la discusión más caliente de estos días tiene todos los argumentos como para conformar un debate bien argentino. El tema, por cierto, no es nuevo: hasta dónde se justifica proteger a una industria sustitutiva de importaciones.

Y en la enésima reedición del debate, no faltan los elementos curiosos. La misma oposición que fustiga al gobierno por la falta de apoyo a la industria nacional, especialmente la electrónica, escribe furiosos tuits... desde sus iPhones comprados en el exterior o en el mercado negro.

Y, en una extraña conjunción ideológica, los sectores de la izquierda que se oponen a la apertura terminan repitiendo muchos de los argumentos que en EEUU esgrime Donald Trump. No es que lo hagan siempre de manera involuntaria: hay muchos dirigentes que explícitamente ponen como ejemplo la ola antiglobalizadora del norte para justificar la necesidad de mantener barreras comerciales.

Lo cierto es que en cada feriado que marca el calendario se forman interminables colas de autos en la frontera con Chile, formada por consumidores deseosos de adquirir artículos a la mitad del precio del mercado argentino. Y, como dramático complemento, se transformó en una rutina diaria las noticias sobre cierres de fábricas o suspensiones de turnos.

El sector más golpeado es el de la industria electrónica, incluyendo el polo tecnológico de Tierra del Fuego, un emblema del modelo industrializador que fomentó el kirchnerismo durante más de una década.

Hoy, el sector está en crisis con sobrestock de televisores y equipos de aire acondicionado, mientras que el sector de los teléfonos celulares sufre el embate de un contrabando de 2,5 millones de aparatos –20% del total del mercado–.

Y, en el rubro de computadoras, recibió un golpe mortal por el decreto que eliminó un arancel de 35% para proteger las PC, notebooks y tabletas importadas, lo cual se prevé producirá una invasión de productos chinos.

Según estima el sindicato del sector, se han perdido ya 6.000 empleos, y hay otros 10 mil que están en riesgo. Se empiezan a conocer noticias de migraciones internas, protagonizadas por familias que habían viajado al lejano sur para instalarse en Tierra del Fuego y que ahora regresan a sus lugares de origen.

El agotamiento de un modelo

Para algunos, la situación actual es achacable a las decisiones de política económica del gobierno, que promueve una apertura a contramano de la nueva tendencia mundial. El peronismo y los sindicatos son los que más suscriben esa postura.

Pero los industriales creen que, tanto o más grave que la apertura económica es la depresión en el consumo en combinación con un dólar retrasado. Esto hace que se acumule stock y que, para colmo, aparezca más caro en términos comparativos con los productos del exterior. La estimación es que hay productos que pueden costar más de 50% de los precios que se consiguen en Chile o Paraguay.

Pero, desde la óptica más liberal, lo que está ocurriendo es la inevitable crisis de un modelo insostenible. Una "industria" que en realidad es una maquila en la cual la mayoría de los componentes son importados y luego ensamblados en el país, casi sin valor agregado, no puede sostenerse en un sector hipercompetitivo.

Los números son elocuentes al respecto. Tierra del Fuego sólo puede sobrevivir bajo un régimen de exenciones impositivas que ronda los US$ 2.700 millones al año. Una investigación demostró que, hacia el final del kirchnerismo, cada uno de los 11.500 trabajadores del sector tecnológico en Tierra del Fuego implicaba un subsidio de US$ 18 mil.

Y, desde el punto de vista macroeconómico, el sector es fuertemente deficitario, porque insume en términos netos unos US$ 3.300 millones en importación de insumos, algo que en su momento irritó al propio equipo económico kirchnerista cuando los dólares escaseaban.

En ese contexto, los economistas del ala liberal no solo aplauden las medidas de apertura comercial sino que demuestran su ansiedad para que el gobierno vaya más rápido y no se deje condicionar por los "lobbies" sectoriales.

Remedios poco efectivos

En el medio de ese debate, criticado tanto por los aperturistas como por los proteccionistas, los funcionarios macristas intentan recorrer un camino intermedio. Hasta ahora, con bajas señales de éxito.

Para botón de muestra, un plan estatal destinado a que se produjera una renovación masiva de celulares fue un rotundo fracaso.

Con un subsidio estatal, se promovía la venta de aparatos "Made in Tierra del Fuego" por un precio promocional equivalente a unos US$ 140. El plan original era vender ocho millones en un año. Pero el programa está virtualmente suspendido y apenas se vendieron 750 mil unidades.

Los expertos del sector dicen que los usuarios percibieron que la oferta era de celulares de baja gama y que prefirieron quedarse con sus buenos 3G antes que dar el salto tecnológico, pero con un aparato de menores prestaciones o calidad.

Para empeorar las cosas, una reciente medida financiera trajo más ruido al mercado.

Decidido a combatir la publicidad engañosa, el Banco Central prohibió que las cadenas comerciales promocionaran planes de financiación "sin interés".

El plan de los funcionarios era que, de esta forma, se generaría una baja en los precios al contado, mientras que el financiado se mantendría igual. Ocurrió lo opuesto.

De manera que, la medida que había sido pensada como "simpática" para los consumidores, terminó siendo percibida como un desestímulo a la compra a crédito porque encareció las cuotas.

Una crisis política

Y en cuanto a cómo lidiar con las industrias en crisis, el gobierno tampoco parece estar encontrando la vuelta. Dejo entrever que habrá una reconversión, en la cual toda la economía ganará, y que los empleados desplazados de sectores poco competitivos serán reubicados en otros más pujantes.

"Estamos evaluando 20 proyectos de inversión más que crearán 1.000 puestos para los trabajadores que necesitan reinsertarse", escribía en su cuenta de Twitter el ministro de la Producción, Francisco Cabrera. De hecho, en el ministerio de Trabajo se habla de un crecimiento en el empleo, con una creación neta de 20 mil nuevos puestos.

Pero lo que se percibe en los medios, en las redes sociales y en la calle es exactamente lo contrario. Se instaló la idea de una crisis en el empleo, a la cual los planes del gobierno no logran detener.

Y la contraparte sindical no oculta su total escepticismo sobre la política oficial. "Le pedí al ministro de Trabajo que me nombre un solo puesto metalúrgico nuevo y no pudo. Tenemos 9.000 despedidos", afirmó esta semana el titular del gremio metalúrgico UOM, Antonio Caló.

Mientras tanto, en Tierra del Fuego, está la amenaza de tomas de fábricas. Y la dirigencia nacional convocó a una marcha multitudinaria al ministerio de la Producción para el 7 de marzo, a la cual ya adhirieron casi todos los partidos de la oposición.

Los sindicalistas –y también muchas ramas empresariales– creen que los planes del gobierno son apenas un paliativo. Y, en algunos casos, acusan a los planes de ayuda de ser un "subsidio a los despidos" porque apuntan más a ayudar a las empresas que achican su plantilla laboral antes que a las que la quieren preservar.

Para el macrismo, que filosóficamente adhiere a la apertura comercial, esta situación implica todo un desafío: el mundo real impone restricciones, los lobbies no están dispuestos a perder privilegios de años y el "timing" de la apertura justo en plena depresión económica no parece ser el mejor.