Los cantos de protesta que retumbaban en la planta de Banghó, cuando fue tomada por cerca de 200 empleados que acababan de enterarse que habían quedado sin trabajo, es una de las postales que mejor grafica el duro momento que atraviesan las empresas nacionales de informática. 

Gestadas en pleno auge kirchnerista -cuando Cristina soñaba con una industria electrónica pujante y que sirviera como prueba del verdadero potencial de la Argentina como generadora de tecnología de punta- las compañías instaladas en el país experimentaron un crecimiento exponencial. 

Sin embargo, la flexibilización de las importaciones que impulsó el macrismo y la decisión de eliminar el arancel del 35% para el ingreso de portátiles, que comenzará a regir en marzo, está marcando un cambio de era: las computadoras con sello nacional no paran de perder market share.  

La "gesta" soñada por el kirchnerismo se había potenciado en 2011, cuando ya estaba funcionando a pleno el régimen de promoción de Tierra del  Fuego y las plantas instaladas en el sur se encontraron con interesantes beneficios impositivos y fiscales y un mercado cada vez más cerrado a la competencia importada. 

Por esos años, las empresas nacionales –tanto las ubicadas en el polo fueguino como las emplazadas en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba- vivieron su momento de auge, cuando llegaron a captar el 75% del mercado de computadoras. 

Para algunos, se trató de una experiencia positiva de industrialización, que requería de más tiempo para que vayan incorporando más contenido local genuino, tanto a nivel hardware como en software. 

Como contrapartida, para las voces críticas, se trató de un plan con consecuencias negativas, especialmente para los consumidores, que debieron conformarse con tecnología cada vez más obsoleta y cara. 

Estos últimos fueron los argumentos en los que se basó el Ministerio de Producción, comandado por Francisco Cabrera, para incentivar la llegada de equipos importados y desalentar la producción nacional, que –a entender de los funcionarios- sólo puede competir en un mercado restringido. 

Estas son, precisamente, las razones por las cuales se decidió que las portátiles importadas dejen de enfrentar el arancel del 35% que todavía pesa sobre estos equipos. 

El problema fue que, apenas se anunció el plan “computadoras baratas”, tanto en Tierra del Fuego como en el resto del país comenzaron a desactivarse líneas de ensamblado, sabiendo de las imposibilidades que tenían de competir en un negocio completamente liberado. 

Las portátiles nacionales, en retirada

Según se desprende del último informe realizado por la Cámara Argentina de Máquinas de Oficinas Comerciales y Afines (CAMOCA), que nuclea a firmas que operan por fuera del polo fueguino, la participación de las computadoras producidas en el país no ha parado de perder terreno en los últimos meses. 

De acuerdo con las estadísticas de la entidad, en 2016, las portátiles con sello “Made in Argentina” –incluyendo notebooks, netbooks y tablets- sumaron 1,6 millón de unidades, lo que representó un desplome del 33% frente a los casi 2,5 millones de equipos que se habían alcanzado en 2015. 

Además, esta cifra equivalió al 50% de las computadoras producidas en un año récord, como fue el 2011, cuando se superó la marca de las 3,3 millones de unidades.

En este derrumbe de las empresas nacionales contribuyó mucho la desactivación de las líneas de Tierra del Fuego, principalmente la de BGH, que suspendió a 160 trabajadores al considerar que no iba a poder competir con las nuevas reglas de juego que propuso el Gobierno. 

Así, la producción en la isla -que en 2013 llegó a generar 1,3 millón de equipos-, en 2016 prácticamente se extinguió: según CAMOCA, se ensamblaron menos de 300.000 unidades. 

Como contrapartida, de la mano de la flexibilización aduanera propuesta por el macrismo y la aprobación “en masa” de las miles de Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) que había heredado del kirchnerismo y que estuvieron vigentes durante todo el primer semestre, el ingreso de portátiles marcó un récord de 2,6 millones de unidades. 

Estas dos variables contrapuestas (bajón de la producción nacional y boom importador) terminó generando que las computadoras del exterior, principalmente de origen chino, hoy ostenten un market share del 61%, el mayor registro en más de una década. 

Esto, sin siquiera haber entrado en vigencia la anulación del arancel del 35% que está por comenzar a regir en marzo.

La explicación de esta pérdida de participación está en los problemas de competitividad que enfrentan las empresas de este rubro que operan en el país. Un mix que incluye costos laborales y logísticos en alza y alta presión impositiva, especialmente para las que operan por fuera del régimen fueguino.  

De hecho, según estadísticas oficiales brindadas por el Ministerio de Producción, el precio de venta de una computadora en el mercado interno resulta: 

-50% más elevado que en Chile. 

-80% más caro que en Colombia.

-175% superior al valor que rige en Estados Unidos. 

“El anuncio de la anulación del arancel del 35% fue el golpe de gracia para muchas de estas empresas que operan en la Argentina. Pero la realidad es que hay una diferencia de costos tan grande que, apenas se permitió que fluyera un poco más la importación, las marcas nacionales perdieron terreno”, explicó un consultor experto en el mercado informático. 

Gerardo Alonso Schwarz, economista de Fundación Mediterránea, asoció estas variables con el fenómeno por el cual, cada año, millones de argentinos cruzan las fronteras para realizar “shopping” en ciudades de Chile, Paraguay o Brasil. 

“El turismo de compras es un resumen de los problemas de competitividad de Argentina”, aseguró. 

“En el caso del costo salarial, por ejemplo, el problema se debe a que las cargas laborales que deben enfrentar los empresarios en nuestro país son 60% superiores al promedio vigente en Latinoamérica”, señaló el experto. 

El analista agregó otras variables que hacen difícil consolidar a la Argentina como un polo tecnológico competitivo en este rubro, como la fuerte presión fiscal y los costos logísticos. Además de la cuestión de la escala. 

Banghó, caso testigo 

La marca Banghó (de la compañía PC-Arts Argentina) fue la última en anunciar que bajaba las persianas de su planta ubicada en Vicente López, en la Zona Norte de la provincia de Buenos Aires. 

“Nos parece bien que abran la economía. Pero cuando se pone un arancel cero con un país como China, directamente desaparecemos. Es verdad que somos caros pero esto tiene que con el costo privado y también con el peso de los impuestos. En estas condiciones es imposible invertir y organizarnos", había advertido tiempo atrás Carlos Suaya, presidente de la compañía.

A fines de diciembre, la empresa Informática Fueguina S.A. de Río Grande, que forma parte del Grupo BGH, también había cerrado sus puertas, afectando a más de 160 empleados

La compañía, que fabricaba productos bajo la marca PositivoBGH y producía netbooks destinados al programa Conectar Igualdad, llegó a un acuerdo con sus empleados para implementar un sistema de retiros voluntarios.

Al igual que en el caso de Banghó, fuentes de Informática Fueguina informaron que "se volvió inviable la fabricación de informática en la isla, luego de seis años ininterrumpidos de inversión y desarrollo".

Como parte del cambio de modelo de negocios, a partir de ahora IFSA se enfocará únicamente en la comercialización y distribución.

Lo mismo hará Air Computers, una compañía santafesina que produce la marca CX, creada durante la gestión kirchnerista. 

Según pudo saberse la marca se reconvertirá y pasará a ser una comercializadora de accesorios (como auriculares, parlantes bluetooth, mochilas, etc) y desarrollará una marca propia para traer equipos importados.

En este contexto, desde CAMOCA advirtieron que toda la cadena de producción, distribución y comercialización “cayó abruptamente" y "resignó participación a partir del segundo semestre de 2016, con la pérdida de 2.000 puestos de trabajo y una perspectiva para el 2017 de agravamiento”. 

Por cierto, los empleos destruidos y que no lograron reconvertirse duplican la cifra que había estimado inicialmente el Gobierno, del orden de los 1.000 puestos. 

El secretario de Comercio, Miguel Braun, criticó a las ensambladoras que cerraron sus puertas, al afirmar que "tienen la capacidad industrial para dedicarse a otra actividad".

Pero, más allá de sus quejas, el funcionario celebró días atrás el hecho de que la medida "está teniendo un impacto fenomenal en la baja de precios de las computadoras y las tablets". 

“Nuestro norte es la competitividad. La Argentina es el país de la región donde las computadoras son más caras por falta de competencia. Ese sobrecosto lo pagan todos los ciudadanos. El Estado tiene la responsabilidad de que la tecnología sea accesible a quienes dan empleo pero fundamentalmente tiene que contribuir a reducir la brecha digital”, había afirmado el funcionario apenas se anunció el plan. 

Quejas por el programa educativo

Pese a las pérdidas de puestos de trabajo, Braun aseguró que "la gran mayoría de las empresas" del sector "está pudiendo reconvertirse y se están sosteniendo con el programa Conectar Igualdad, que va a seguir comprando computadoras nacionales".

Sin embargo, desde el sector empresario se quejan por las demoras en su implementación y por los cambios en el régimen, que ahora está desalentando la incorporación de más contenido local. 

Desde CAMOCA aseguraron que, en un primer momento, estaba el compromiso oficial de que en 2016 se iban a entregar computadoras a 900.000 nuevos alumnos. 

“Lamentablemente, no se cumplió con ese volumen y recién este año se determinará si todos los estudiantes estarán cubiertos con equipamiento en tiempo, forma y calidad”, advirtieron. 

En paralelo, desde CADIEEL, otra entidad que nuclea a fabricantes de productos eléctricos y electrónicos, enviaron una carta al ministro de Educación, Esteban Bullrich, y al de Producción, Francisco Cabrera, en la que manifestaron su “profunda preocupación por el avance de este plan”, al que consideraron un “nuevo retroceso para la industria argentina”. 

Básicamente porque se prevé una compra global de 750.000 computadoras educativas a las que, a partir de ahora, “se les exigirá una integración nacional sensiblemente menor al excluir, entre otras partes de producción local, las placas madre, memorias, cargadores, baterías y conductores”. 

Los empresarios nucleados en la cámara se quejaron porque sólo cuatro fábricas de cargadores y baterías ya habían realizado inversiones por $100 millones, al tiempo que habían creado 300 empleos para atender la futura demanda de componentes para las notebooks de ese programa. 

Para Cadieel, estos empleos “hoy están en riesgo junto a los miles de puestos de la industria de equipos informáticos amenazados por la apertura indiscriminada de importaciones”.