Según la investigación del periodista, la planta más grande de la electrónica fueguina se llama CM porque quien la fundó, el ingeniero Pablo Taraciuk, dueño de la desaparecida Aurora Grundig, consideraba que aquel galpón de ahora 20.000 metros cuadrados en Ushuaia estaba en el “culo del mundo”. Quizá parte de uno de los problemas de costos de la industria de Tierra del Fuego, aunque solo una parte, radique en el hecho que esté tan lejos. Ahora el Gobierno de Mauricio Macri quiere que bajen los precios de los celulares, los televisores y los equipos de aire acondicionado y le ha puesto fecha de sentencia de muerte, marzo de 2017, a la producción nacional de notebooks -cuyo 20% se arma en la isla y 80% en Buenos Aires- para permitir que ingresen las importadas más baratas. Lo que no está claro es el futuro del polo electrónico fueguino, cuyo subrégimen de promoción vence en solo siete años.

“Estamos en proceso de transformación de la producción de sectores menos dinámicos a otros más dinámicos”, explica el ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera, en la sede en Washington de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. “Con las computadoras tomamos una decisión que mejora a toda la economía y estamos trabajando con los trabajadores afectados”, agrega, sin dar mayores precisiones.

En la planta CM mientras tanto cientos de operarios, la mayoría varones, siguen ensamblando televisores Noblex y Sanyo y, al fondo, en un salón de techos más bajos y flanqueado por puertas con sistema de presurización, decenas de mujeres y algunos hombres repiten movimientos -los de los atornilladores automáticos remiten a la película ‘Tiempos modernos’ de Charles Chaplin- para armar celulares LG, Panasonic o Sony. Son algunos de los 2.400 empleados de Newsan en Ushuaia, 1.000 menos de los que eran en el pico productivo de 2013, pero quizás más de los que queden a futuro. La CM ya conoce de crisis: en 1997, tras la apertura económica del Gobierno de Carlos Menem, cerró con la quiebra de Aurora Grundig y reabrió en 2011, dos años después del llamado impuestazo tecnológico que el kirchnerismo promovió contra la competencia importada.

Que la electrónica fueguina es cara, que no exporta ni a Uruguay, que lo único nacional es el tergopol del envase, que es de mala calidad, que son solo 10.000 empleos. Son algunas de las críticas que se escuchan desde hace años y también por estos días contra este régimen de promoción que nació en 1972 para poblar un territorio que entonces estaba más habitado por chilenos que por argentinos, cuando había riesgos de guerra y conflictos limítrofes. El mismo régimen que entró en crisis en los 90 fue impulsado como nunca antes por el kirchnerismo y ahora está en revisión. El régimen de promoción fueguina fue establecido por ley, pero el subrégimen industrial está a golpe de decreto. Hace dos años, después de una fuerte discusión interna, el Congreso de Brasil prorrogó de 2023 a 2073 su propio régimen industrial en Manaos, pleno Amazonas. Quizás sea más que prudente que la Argentina comience a debatir también con urgencia qué hará con Tierra del Fuego, si mantendrá la promoción, si la reformará o si la deshará, porque la indefinición parece ser el peor camino para las decisiones de inversión y empleo. Analicemos aquí sus verdades y mitos.

La electrónica argentina es cara. Verdadero. Uno de los economistas más críticos con el régimen, el consultor Federico Muñoz, advierte de que cuestan por lo menos el doble que en el extranjero. El presidente de la Asociación de Fabricantes de Terminales Electrónicas (AFARTE, que nuclea a las fueguinas), Federico Hellemeyer, admite que los celulares cuestan el doble que en los Estados Unidos, aunque aclara que la brecha es menor respecto de Chile, una economía abierta y sin desarrollo industrial; y Brasil, con su producción propia y protegida dentro del Mercosur. El CEO de Newsan, Luis Galli, admite que el año último, en tiempos del cepo cambiario y cerrazón a ultranza de la economía, los teléfonos estaban 50% más caros que en Brasil, pero destaca que la diferencia se acotó a 25% o 30%. “¿Puede seguir bajando? Nosotros decimos que sí”, dice Galli y se defiende: “La electrónica no es la excepción en la Argentina, es tan cara como la nafta, la ropa, los alimentos”.

AFARTE contrató a la consultora Abeceb, que dirige Dante Sica, para que analizara el sector desde una mirada externo. Abeceb calculó que así se compone el precio final de un producto electrónico fueguino:

-33% son los insumos importados. Los proveedores sobrecargan entre 5% y 15% el valor por el riesgo argentino, que era aún mayor en tiempos del cepo.

-19% son los gastos, los impuestos y la renta del comercio minorista. Esta última representa el 3% de lo que paga el consumidor.

-11% es el costo de financiación. El precio final se infla porque la mayoría de los artículos se vende en 12 cuotas sin interés en un país con una inflación del 43,9%, según el IPC Congreso de octubre último, y la ley de tarjetas de créditos prohíbe rebajas a los que pagan en efectivo.

-7% son los gastos de administración y comercialización.

-el 6% son los impuestos internos. El llamado “impuestazo tecnológico” diferenció a los productos fueguinos, con un 6%, frente al 17% de los de continente y el extranjero. Además, está la tasa provincial de verificación de procesos productivos, que se cobra para controlar que los aparatos realmente sean ensamblados y, en algunos casos, con partes nacionales.

-el 6% es el IVA. El impuestazo también generalizó la alícuota del 21% a todos los productos sin discriminar el origen, pero la industria fueguina lo cobra y se lo embolsa porque está exenta.

-el 6% son los salarios. El ministro de Industria fueguino, Ramiro Caballero, cuenta que el ausentismo alcanza el 15%, frente al 4% de Manaos, en Brasil. Los salarios de los operarios de la electrónica fueguina son 205% superiores a los de otras provincias, pero el costo de la canasta básica total es 160% mayor, según Abeceb. Es decir, su poder de compra no es el triple sino solo un cuarto más y si no existiese esa diferencia la mayoría no se mudaría a vivir a Río Grande, ciudad fría, ventosa, plana y sin atractivo turístico en la que se concentran tres cuartos de la producción electrónica provincial. “Los sueldos son altos, pero hay que conseguir que la gente venga acá… A nosotros nos cuesta mucho convencer a los que trabajan en nuestro centro de desarrollo de software en Chacarita”, cuenta Rubén Bertossi, gerente de la planta de la autopartista de electrónica Famar.

-el 4% es la logística. El transporte marítimo de componentes desde Asia y otros rincones del mundo hasta Buenos Aires cuesta la mitad que el traslado en camiones desde la capital hasta Tierra del Fuego, pese a que la distancia es siete veces mayor, según Galli. Casi todos los componentes llegan al puerto de Buenos Aires y luego van en camión, con custodia, a lo largo de 2.893 kilómetros de ruta hasta Río Grande o 3.113 hasta Ushuaia. La travesía dura entre cinco y siete días e incluye el paso a Chile, con trámites de Aduana y Migraciones mediante, cruce en ferry del estrecho de Magallanes, después 135 kilómetros de ripio por el lado chileno de la isla de Tierra del Fuego y otra vez ingreso en la Argentina, con su papeleo correspondiente. Una vez que se arma el producto, los camiones vuelven a andar el mismo recorrido. Abeceb calcula que el costo logístico se reduciría en un 30% si se construyese un puerto en Río Grande. En cambio, hay dificultades geográficas para ampliar el de Ushuaia, que además está a cuatro horas de camión de Río Grande, por camino de montaña y hielo.

-el 4% es la renta de la electrónica fueguina. No cualquiera puede instalarse en la isla y recibir la promoción industrial. El régimen de ingreso se abrió solo al comienzo y en tiempos del kirchnerismo, entre 2003 y 2005, y entre 2010 y 2011. El experto en desarrollo industrial Martín Schorr investigó el asunto y concluyó que entre el 73% y el 82% del negocio está en manos de un “puñado de compañías”: Brightstar, de la japonesa Softbank; BGH, cuyo 82% es de las familias Hojman y Teubal y el 18%, de un fondo de inversión de Goldman Sachs; Newsan, cuyo 89% domina Rubén Cherñajovski y el 9% es de la japonesa Sanyo; Mirgor, que fundaron Mauricio Macri y su amigo Nicolás Caputo, quien la controla desde que en 1994 el ahora presidente vendió su parte, mientras el 21% es de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses); las cadenas de comercio de electrodomésticos Garbarino y Frávega, pertenecientes a las familias hómonimas; y la holandesa Philips. En Tierra del Fuego hay 60 empresas industriales y en el régimen abierto de Manaos, 600, incluidas las grandes marcas internacionales de electrónica, que allí sí se radicaron en masa por la escala del mercado brasileño. “Al estar cómodos sin competencia importada hasta 2015, las empresas no innovaban en precio, pero hay que ver si los que más ganaron fueron ellas o la cadena comercial”, señala el ministro Caballero.

-el 3% son otros gastos en Tierra del Fuego.

-y el 1% son los escasos insumos nacionales.

La fueguina es la industria del telgopor. Falso. Existe un mito de que los productos llegan ya terminados y se les agrega el telgopor, pero este es importado, cuenta el gerente de CM, Pierre Iribarren, mientras camina a la par de la línea de montaje de televisores, que termina cuando se los mete en las cajas de embalaje hechas en Buenos Aires o Bahía Blanca. En las plantas de Ushuaia y Río Grande se ve cómo las partes llegan desarmadas: las plaquetas verdes, los microprocesadores o chips, los plásticos y la pantalla, partes básicas de un aparato electrónico junto con el software. Solo los celulares vienen con los chips ya insertados en las placas. El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había negociado que a partir de 2017 se armaran las plaquetas en Tierra del Fuego, pero el de Macri ha pospuesto esa decisión para abaratar costos. Cuanta más producción local, más caro el precio final, coinciden los fabricantes. Incluso Abeceb calcula que hay piezas nacionales que cuestan 400% más que las importadas. El economista Muñoz califica el régimen de “absurdo” por la “escasa exigencia de integración local que convierte a sus plantas en meras ensambladoras de piezas importadas”. El secretario de Comercio de la Nación, Miguel Braun, ha sentenciado: “Hay empresas de ensamblado que tendrán que reconvertirse”. Javier Rando, exsecretario de Industria del Gobierno de Fernández deKirchner, opina que la maquila es el primer paso para una mayor integración de partes nacionales. El director del Instituto de Desarrrollo Económico de la Universidad de Tierra del Fuego, Francisco Gatto, está a favor de que poco a poco y sin perder empleo la electrónica migre de los productos masivos a aplicaciones de salud, telecomunicaciones, semáforos, materiales de la construcción, sensores, automóviles, maquinaria agrícola e Internet de las cosas (conexión digital de los electrodomésticos y otros objetos cotidianos), pero destaca que “en el ensamblado hay mucho trabajo ingenieril, juntar piezas no es poca cosa, hay un know how instalado”.

Para que el producto sea considerado argentino según la normativa local, debe hacerse una mayor tarea de ensamblado de la que se exige en Asia o México, coincide Gatto con dos altos ejecutivos de una marca internacional y el director de Planeamiento de Mirgor, Fabio Rozenblum. Existe una leyenda que dice que los aparatos se desarman en Asia para enviarlos a Tierra del Fuego, pero la niegan altos ejecutivos de una compañía de ese origen que piden no ser identificados. En la mayoría de los productos, como televisores, computadoras, celulares, decodificadores, monitores, cámaras de fotos, microondas, filmadoras y reproductores de DVD, las únicas partes nacionales son el manual y la caja. Los televisores ensamblas por Newsan en Ushuaia también contienen software nacional y algunos de los fabricados por otros competidores en Río Grande, plásticos locales, según Iribarren. De hecho, en esta ciudad producen hay dos fábricas de plástico: Vaplast y Vinisa.

En 2012, el Gobierno kirchnerista impuso exigencias de mayor cantidad de componentes nacionales en los equipos de audio y aire acondicionado. En audio, son argentinos el 89% de los cables, el 86% de los tornillos y el 82% de los bafles, según datos de 2016 del Ministerio de Industria provincial. Al menos una de las placas es nacional, mientras que ninguno lleva altavoces hechos en el país. En el caso de los aires, son nacionales el 33% de los controles remotos, el 36% de los motores, el 38% de las plaquetas, el 51% de las gomas, el 85% de los tornillos y el 87% de los cables. Los aparatos de Newsan sumaron derivadores y ventiladores argentinos y los de BGH tienen software nacional, informaron ambas empresas. “La producción de aire incorporó motores del continente, pero hay un alto índice de recall porque son irregulares en la calidad”, lamenta Hellemeyer. Entre los proveedores de piezas del territorio continental, un empresario directivo de la Cámara de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (Cadieel), que pide el anonimato, reconoce: “Dejamos de putear contra el régimen porque, después de durísimas negociaciones, logramos a los tumbos que nos aceptaran”. Schorr advierte de que, en el boom de la electrónica fueguina, entre 2005 y 2013, las empresas incorporaron piezas importadas en lugar de las nacionales y relevó la existencia de una “masa crítica” de insumos y maquinarias vinculados con el sector que el continente exporta al mundo y que podría también enviar a Tierra del Fuego.

La industria fueguina es de mala calidad. Falso. Las telefónicas han liderado la oposición al régimen fueguino, pero altos ejecutivos de dos ellas que exigen no ser mencionados con su nombre admiten que la calidad de los celulares del Sur es igual que la de los importados. Lo mismo opinan en una de las marcas internacionales de teléfonos y otros productos electrónicos. Por ejemplo, en las fábricas de Newsan en Ushuaia se los ve a los empleados de Samsung y LG, surcoreanos que se radican por dos años, y a los de las japonesas Sony y Panasonic que controlan la producción de sus aparatos. Las medidas de control son extremas en la planta que Mirgor inauguró en 2015 para ensamblar radios Pioneer para las Toyota Hylux y SW4, que a su vez se exportan a ocho países latinoamericanos. Sólo se puede ingresar con zapatos especiales, cofia, barbijo y delantal y después de circular por un corredor con ducha de aire para limpiar la ropa, corriente de aire ionizada para evitar descargas eléctricas, alfombra de vacío para aspirar partículas de los zapatos y molinetes que miden la carga estática de la persona, porque Río Grande es una ciudad de viento, tierra y barro y nada de eso se debe colar en la fábrica porque provocaría cortocircuitos.

En una de las telefónicas también niegan que los modelos lleguen con retraso a la Argentina: “No hay atraso tecnológico. Es verdad que no llega toda la variedad, faltan modelos de alta gama, como iPhone y el Samsung Galaxy Note 7, el que explota, pero el S7 llegó rápido”. El S7 demoró tres meses entre su aparición en los Estados Unidos y Corea del Sur y su llegada a la Argentina y otros mercados. Altos ejecutivos de una marca internacional consideran normal que los lanzamientos de productos no se hagan al mismo tiempo en todo el mundo y que en países menos desarrollados la variedad sea menor, independientemente de la existencia o no de producción local.

La electrónica fueguina no exporta a nadie. Engañoso. Es cierto que los productos de consumo masivo sólo se destinan a la Argentina. “No veo posible exportar, siempre seremos mercado internistas”, reconoce el CEO de BGH, Gustavo Castelli. En una marca internacional explican que la razón radica en los costos: “Cuando vende en el mercado interno, el productor se queda con el 21% del IVA, pero la exportación no tiene IVA y entonces no se embolsa esa plata”.

Pero la electrónica fueguina también incluye autopartes que sí se exportan directamente o dentro de vehículos que se envían a otros países. Como ejemplo están los aires acondicionados de Mirgor, presentes en la mitad de los autos hechos en la Argentina, según cuenta el gerente de operaciones de la compañía en Río Grande, Luis Iglesias; o las radios, llaves, módulos de control e inmovilizadores de Famar, que exporta el 80% de su producción y cuenta como clientes a Fiat, Volvo, Renault, Daimler, General Motors o Volkswagen, describe su dueño, Hugo Pascarelli.

La electrónica fueguina le cuesta mucho al Estado. Verdadero, pero… El régimen de promoción de Tierra del Fuego equivale al 0,37% del Producto Bruto Interno (PBI), o 35.953 millones de pesos, es el más grande del país y equivale a dos quintas partes de todas las exenciones tributarias que otorga la Argentina, según el proyecto de presupuesto 2017. Eso incluye la eximición del pago del IVA y el impuesto a las ganancias para todas las actividades de la isla, no sólo industriales. Además, las manufactureras que elaboran procesos de montaje están libres de aranceles a la importación y las electrónicas abonan menos impuestos internos. Por tanto, lo que la industria de los chips en realidad dejará de pagar impuestos en 2017 equivale a 24.500 millones, es decir el 0,25% del PBI, según Hellemeyer. “Si la industria no existiese, dejaría de pagar cargas sociales por 5.000 millones de pesos y no recaudarías nada adicional”, argumenta a partir del supuesto de que se eliminen aranceles, como ocurrirá con las computadoras, o se importen productos de países a los que la Argentina no le impone estas tarifas, como Brasil y México.

Sólo uno de cada cuatro pesos que resigna el Estado va a parar a los bolsillos de los empleados de la industria fueguina. Por eso Muñoz y el vicepresidente del Banco Nación, Enrique Szewach, proponen que el Estado les mantenga el sueldo por un tiempo, pero se cierre la industria. Hellemeyer les responde que “ahora el Estado deja de recaudar por la industria fueguina, pero si le da un subsidio a cada despedido debería generar recursos para mantenerlos”.

La electrónica fueguina emplea a poca gente. Engañoso. En un país de 41 millones de habitantes, emplea a 10.000 trabajadores directos, unos 8.000 más que en la crisis de 2002 y 3.000 menos que en 2013, según el Ministerio de Industria local. Además, hay 5.000 empleados indirectos, de empresas que proveen componentes o servicios, como almacenamiento, comedor o limpieza. Si consideramos que cada uno tiene una familia tipo, son 60.000 personas que dependen de la industria, en una provincia con 152.000 habitantes, de los cuales el 62% nació fuera de ella.

La electrónica mueve al comercio y al sector público de la provincia y, sobre todo, de Río Grande. Representa el 20% del producto bruto geográfico (PBG) de la provincia, el 26% del empleo privado y el 35% de sus ingresos tributarios y no tributarios, según Abeceb. La exgobernadora Fabiana Ríos (Partido Social Patagónico) recuerda que cuando asumió el poder en 2007 tenía dos empleados públicos por cada uno privado y por la electrónica la proporción quedó pareja al dejar el cargo, en 2015.

“Creemos que se avanza hacia el recorte de empleo, pero la experiencia nos juega a favor”, opina el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande y diputado nacional por el Movimiento Solidario Popular, Oscar ‘Zurdo’ Martínez, con un cuadro del Che Guevara en su despacho sureño. “En los 90 nos llevaron por delante sin dificultades. Esta vez no va a haber aceptación tan ligera”, advierte. La rebaja de aranceles a notebooks, netbooks y tables implicará en Tierra del Fuego 350 o 400 despidos y “veremos si los pueden absorver en otra línea de producción”, evalúa Hellemeyer.

En la Margen Sur de Río Grande, donde se radicaron los trabajadores venidos de otras provincias atraídos por el ‘sueño fueguino’, algunas de las amontonadas casillas de madera o chapa llevan el cartel de “Se vende”. Mariana Morales, esposa de un operario de la fábrica de aires Carrier, puso un comedor en 2012 y recibe cada vez más demanda: “Algunos se vuelven y otro quieren irse. Están los que se quedan, aunque no tienen trabajo y hacen pan, pizza, venden productos de limpieza, se emplean en seguridad o como empleadas domésticas”.

En el Gobierno nacional hay opiniones contrapuestas sobre el régimen. El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, dijo que Tierra del Fuego es un “problema” y propuso rebajar los aranceles a todos los electrónicos, no sólo a las computadoras. En las huestes de Cabrera, Braun y el secretario de Transformación Productiva, Lucio Castro, hablan de reconversión, pero el secretario de Industria, Martín Etchegoyen, en línea con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se muestra más cauto: “Se está analizando todo el régimen con lógica de diálogo con todos los actores, porque involucra gente y recursos fiscales de la provincia. Estamos mirando cómo va a quedar el perfil productivo de Tierra del Fuego, ver las actividades más sustentables. Lo que va a haber es un plan”. En la medida en que se acerca 2023 las dudas crecen.