Concretamente, CREDISUR fue denunciada por violar la Ley nacional 24240 y la Ley Provincial 962 ante conductas que vulneran los derechos de los consumidores.

Entre las denuncias, se comprobó el cobro de tasas usurarias e intereses punitorios que superaban el 90% y llegaban, en el peor de los casos, a superar el 140% del préstamo originario, con retención, además, de documentación exclusiva del tomador del préstamo y firma de pagarés en blanco, todas conductas que vulneran claramente la normativa vigente y que ningún abogado o contador público nacional desconocen, a no ser que medie la codicia desmedida, amparada en encubrimientos espurios con aquellos de quienes de - penda el control y sanción de ese tipo de conductas delictivas.

Según aparece en la Resolución N°18 de la Secretaría de Comercio, con fecha del 25 de agosto de 2016, se impuso una multa que supera los 5 millones de pesos a la financiera que cuenta como socios propietarios a los ex abogados del SUTEF Juan Francisco y Néstor Ignacio Sanchez Otharán, quienes una vez hecha pública la denuncia, renunciaron a la representación del gremio docente, que venían ejerciendo. Los estrechos vínculos entre los letrados y el Secretario General del SUTEF Horacio Catena, vienen fortaleciéndose desde mucho tiempo atrás, cuando en noviembre de 2014 se firmó el convenio para que se le otorgaran créditos personales a los afiliados del gremio docente con mínimos requisitos.

Estos hechos, sin embargo, pueden ser encadenados con otros, que estarían demostrando la construcción de una telaraña que liga al poder sindical y una corporación económica montada para sujetar en el centro al propio Estado, quien, una vez más, pasa - ría a cumplir su triste papel de hijo bobo, financiando directa e indirectamente, a sus propios verdugos.

La Pregunta de Los millones

Uno de los datos que llama la atención a los peritos e investigadores de la causa está dada por el elevadísimo monto de negocios manejados por la financiera.

Es que llama mucho la atención que CREDISUR haya celebrado en 2014 unos 1916 préstamos en las ciudades de Ushuaia y Río Grande por un total de $66.775.714; mientras que en 2015, los créditos otorgados ascendieron a los 1924 por un total de $65.656.768. De este modo, CREDISUR prestó la friolera de más 132 millones de pesos en dos años.

Si existe un negocio tan exitoso, multimillonario… ¿por qué arriesgarse a lesionarlo traspasando los límites de la usura desmedida e infringiendo ostensiblemente las nociones más básicas de los derechos del consumidor? Y a esta simple cuestión podemos agregarle otro interrogante del más puro sentido común: ¿De dónde sale un capital inicial tan cuantioso?.

Si estamos hablando de más de 60 millones de pesos anuales ¿era necesario someterse al escarnio público de los vecinos de Ushuaia y Río Grande por ejecutar préstamos vencidos por 15 mil o 20 mil pesos? ¿Quiénes y qué tipos de capitales podrían estar implicados en la conformación originaria de la financiera? ¿Qué otro tipo de vínculos podrían llegar a existir entre el SUTEF y el circuito financiero fueguino?

Todas estas cuestiones merecen ser esclarecidas para dar respuesta a una sociedad golpeada por la necesidad, en la provincia que sostiene el mayor endeudamiento per cápita en tarjetas de crédito y a merced de la corporación sindical estatal que presiona al Gobierno provincial para seguir ingresando trabajadores a planta, como si los 17 mil empleados con que cuenta Tierra del Fuego no alcanzaran ya para atender a una población de menos de 200 mil habitantes, que además invierte el 90% de sus ingresos en salarios, mientras se brindan servicios deficitarios al conjunto de la población.

La millonaria Lucha del SUTEF Quizá no sea casualidad que “Finansur SRL” creada en 2008 por los Sanchez Otharán, cambiara de nombre en septiembre de 2012 por el actual de CREDISUR.

Para esos momentos, Horacio Catena y el minúsculo grupo de docentes afines al Partido Comunista Revolucionario, ya habían logrado postrar la voluntad política de la ex gobernadora Fabiana Ríos y la habían obligado a ceder, desde el deficitario Estado fueguino, todo tipo de recursos para conformar lo que a la postre, significó una fenomenal caja de recursos obtenidos desde el IPAUSS, con el aporte de excesivas cantidades de comisiones, prebendas y cargos en el sistema administrativo escolar, entre otras metodologías.

Así también se llegó a que existiera en Tierra del Fuego un docente cada 5 alumnos, hecho inédito en el país, como también que los salarios del personal de educación constituyan el 50% del total de los salarios estatales fueguinos.

Un año después, en una medida temeraria y sin precedentes, la dirigencia del SUTEF intentó destituir a la Gobernadora Ríos, tomando la Casa de Gobierno. El resultado de ello fue un aumento salarial desproporcionado al sector docente, descalabrando agudamente las ya comprometidas cuentas estatales y preparando la tormenta perfecta que se desató a principios de este año, cuando se terminaron los adelantos del Gobierno nacional para pagar sueldos y el Gobierno provincial se vio obligado a sincerar las cuentas.

Así es como a través de todos estos años, la dirigencia gremial docente logró acumular un poder inusitado, sentándose en la mesa de las negociaciones políticas en las más altas esferas y amparada por un poder económico logrado, paradójicamente, con los fondos públicos, es decir, con el dinero de todos los fueguinos.

Pero no sólo idearon un sistema económico ligado a obtener recursos del Estado para presionar a cualquier gobierno de turno, sino que, como quizá lo demuestren las conexiones del tipo CREDISUR, el SUTEF también hizo gala de comandar la gestión de terrenos y construcciones para sus afiliados, aunque desde hace cinco años muchos docentes esperan se les solucione el pago de carpetas de proyectos de obra para la vivienda propia, que finalmente resultó una estafa a los afiliados por un monto que ronda el millón de pesos y que aún hoy no se resuelve.

Obtenidos de la presión al poder gubernamental, del siempre pingüe negocio de la construcción de viviendas, alimentando la usura mediante acuerdos con financieras capaces de estafar a los trabajadores cuyos intereses dicen defender mientras se juega perversamente con la necesidad de la gente que se encuentra en situación de vulnerabilidad (si no muchos de ellos no irían a una financiera a pedir dinero prestado), es como la dirigencia sindical del SUTEF libró su última y más feroz batalla para sostener lo que se va develando como una lucha millonaria.

Así también lograron sostener un acampe desmesurado que requería miles de pesos diarios, el pago de cuantiosas pautas publicitarias en radios y sitios de internet, y una logística paraestatal en torno a bonos del fondo de huelga (que sostenían docentes que estaban en paro pero seguían cobrando igualmente su sueldo) y el amedrentamiento sobre trabajadores no sindicalizados, manteniendo a la capital provincial sitiada durante tres meses.

Habían armado durante años la gran caja sindical para condicionar al Gobierno de turno. Lo hicieron a costas de la carencia de servicios para el resto de la población y lo peor, quizá ligados a la corrupción más abyecta.

La lucha sindical contra los gobiernos de Fabiana Ríos y Rosana Bertone fue, en definitiva, una lucha millonaria, ligada a la gran caja sindical financiada a través de los recursos del desmadrado Estado fueguino y de la estafa sobre los particulares

Una maquinaria que comienza a crujir en sus bases, cuando salen a la luz los entramados y las redes ocultas del poder.

Antonio Cáceres – Artículo publicado por Prensa Libre de Ushuaia