El Tribunal de Juicio de Ushuaia se prepara para encender la maquinaria judicial en una de las causas más escandalosas de los últimos años. El próximo 18 de mayo está señalado en el calendario como la fecha de inicio del debate oral y público contra la cúpula de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) por la defraudación en el plan de 128 viviendas del barrio Las Barrancas . Un caso que expone una trama de codicia, abuso de poder y mecanismos delictivos que, según la justicia, fueron "minuciosamente planificados".

El "Plan Criminal" y los dueños de la estafa

En el banquillo de los acusados se sentarán los que la justicia de instrucción señaló como los cerebros y ejecutores de la maniobra. El juez Javier de Gamas Soler, en el procesamiento de la causa, describió una asociación ilícita que operó bajo el amparo de un proyecto habitacional legítimo para enriquecerse de manera fraudulenta.

Los principales acusados son:

Miguel Ángel Arana (56): Empleado municipal y exintegrante de la Comisión de Vivienda de ATE. Considerado el "brazo ejecutor" de la estafa. Fue procesado por 22 hechos de estafa, defraudación por administración fraudulenta en concurso ideal con falsificación ideológica de documento.

Carlos Córdoba (60): Secretario General de ATE a nivel provincial. El juez fue lapidario al sostener que no podía desconocer la maniobra. Se probó que recibió reclamos de damnificados e incluso realizó gestiones administrativas ante el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para incorporar a personas ajenas al gremio a los listados de beneficiarios. En conversaciones con otro implicado, se refirió a los pagos en dólares con la frase: "No me trajiste verdes". Fue procesado por los mismos 22 hechos de estafa y defraudación.

Lilian Carolina Galli: Secretaria de Acción Social de ATE, área de la que dependía la Comisión de Viviendas. Procesada como coautora de los delitos de estafa y defraudación por administración fraudulenta.

Erik Enrique Moscoso Panozo (46): Agente externo al gremio, acusado de lavado de activos. Habría participado en la compra de maquinaria vial para darle apariencia lícita a los fondos.

A todos ellos se les trabó un embargo millonario de 3 millones de pesos en 2019, que deberá ser actualizado.

La mecánica del fraude y el sueño de la casa propia

El plan de 128 viviendas, financiado con fondos nacionales, tenía un objetivo social claro: brindar soluciones habitacionales a afiliados del gremio. Sin embargo, la justicia determinó que Arana, Córdoba y Galli se arrogaron la facultad de "guardarse lugares" para comercializarlos de manera ilegal. La metodología era siempre la misma: Arana, como cara visible, ofrecía los departamentos a personas que no estaban en los listados oficiales ni, en muchos casos, afiliadas al sindicato.

Para hacer más creíble el engaño, los llevaba a la obra en construcción, les señalaba cuál sería su futuro hogar y ponía excusas sobre la demora en la entrega, culpando a problemas administrativos o de servicios. Las transacciones se realizaban estrictamente en efectivo (pesos o dólares) o mediante trueque con vehículos, sin dejar recibos ni constancias para no dejar rastros. La investigación determinó que las víctimas, unas 22 personas, entregaron sumas que totalizaron $8.145.000 y cerca de 52 mil dólares entre 2014 y 2017. Considerando únicamente la inflación acumulada en el país desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2025, esa cifra en pesos representa hoy un valor superior a los $663.000.000, lo que evidencia la magnitud actualizada del perjuicio económico.

Lavado, muertes y controversias judiciales

La causa dio un giro macabro con la muerte de Daniel Alberto Belbey, otro de los involucrados, quien se suicidó ahorcándose en las tribunas del estadio municipal de fútbol de Ushuaia, lo que extinguió su responsabilidad penal.

En cuanto al lavado de dinero, la investigación reveló que Arana utilizó las ganancias malhabidas para equipar una empresa de maquinaria vial a nombre de su pareja, Gisela Escobar. Se secuestraron cuatro retroexcavadoras, dos palas-retro, un camión volcador, un Toyota Corolla y dos cuatriciclos, bienes que quedaron bajo resguardo judicial. Un punto que generó polémica fue la desvinculación de Arana y su esposa del delito de lavado en una instancia previa, tras celebrar una "reparación integral del daño" con el Gobierno provincial, entregando una retroexcavadora. Dicha maniobra contó con la anuencia del fiscal Daniel Curtale, pero no participó el IPV, que es querellante en la causa.

El futuro del juicio: una definición en vilo

A poco más de un mes del inicio del debate, el juicio pende de un hilo. Las defensas de los imputados han presentado un pedido de "suspensión del juicio a prueba", que ya fue rechazado en una primera instancia y ahora se encuentra en revisión por la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones.

El escenario judicial es incierto. Mientras la sociedad fueguina y las 22 familias damnificadas esperan justicia, la Cámara deberá resolver antes del 18 de mayo si confirma el rechazo y da vía libre al debate oral, o si concede la suspensión, dilatando aún más una causa que se arrastra desde hace más de ocho años y que destapó una de las mayores vergüenzas del sindicalismo provincial.