¿Si el Tribunal de Cuentas de la provincia, la Institución que debe “investigar los nombramientos dudosos del resto de la Administración Publica, incurre en el mismo abuso que otras áreas, con que reserva moral pueden expedirse? La pregunta queda flotando en el aire, máxime que no es la primera vez que el Tribunal de Cuentas actúa de una  manera reñida con la moral y la ética.

El corazón de la controversia reside en dos actos administrativos concretos. Por un lado, la Resolución de Presidencia N° 50/2026, firmada el 3 de febrero de 2026, que formalizó la contratación del Dr. Juan Cruz García Arpón, hijo del magistrado Maximiliano García Arpón, miembro del Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia. Por el otro, la Resolución Plenaria N° 185/2025, que en noviembre del año pasado dispuso el pase a planta transitoria (categoría B4) de la Sra. Paula Ocampo, pareja del Fiscal Nicolás Arias.

En ambos casos, el mecanismo utilizado fue el mismo: un ingreso por contratación directa que derivó en un pase a planta transitoria, sorteando el mecanismo del concurso público de antecedentes y oposición. La justificación oficial, amparada en la "imposibilidad inmediata de llamado a concurso" según la Ley Provincial N° 50, no hace más que profundizar los interrogantes. ¿Por qué, una vez superada la supuesta urgencia, no se llama a concurso para cubrir esos cargos de manera transparente?

El Tribunal de Cuentas tiene la misión fundamental de controlar la legalidad del gasto estatal. La paradoja es evidente: el órgano encargado de vigilar al Estado consolida en su planta a personas con lazos directos con el Poder Judicial, sin que medie un proceso que garantice la igualdad de oportunidades. Este esquema de ingreso —contrato directo, pase a transitoria y posterior consolidación—, aunque pueda tener un respaldo formal, erosiona gravemente el principio de igualdad ante la ley.

Estos hechos no ocurren en el vacío. Se inscriben en un contexto de creciente malestar y denuncias sobre el funcionamiento de las instituciones en Tierra del Fuego. Hace apenas una semana, el Sindicato de Empleados Judiciales (SEJUP) emitió un crítico documento alertando que el Poder Judicial atraviesa "la mayor crisis institucional" de su historia. En su comunicado, el gremio señaló con precisión el problema de fondo: "Las designaciones arbitrarias (...) sumado a las designaciones de personas emparentadas con el poder sin ninguna experiencia previa en la administración judicial; lleva a la institución a una crisis sin precedentes" .

El caso del Tribunal de Cuentas confirma que esta dinámica se ha expandido más allá del Poder Judicial, contaminando a los organismos de control. El patrón es el mismo: mientras miles de fueguinos deben someterse a procesos de selección largos y exigentes, un grupo reducido accede a cargos públicos por vías directas, gracias a su cercanía con figuras de poder. Esta percepción de "familia judicial" o "familia política" que se reparte posiciones estratégicas es la que alimenta la desconfianza ciudadana.

Ante estos hechos, tanto el Tribunal de Cuentas como el Poder Judicial han optado por el silencio. No hubo aclaraciones públicas ni explicaciones sobre los fundamentos de estas designaciones. En un contexto donde la transparencia es una demanda social creciente, el silencio institucional no hace más que confirmar las sospechas de que, para algunos, las reglas del juego no son las mismas. El debate ya no es solo administrativo, es político, y pone en tela de juicio la autoridad moral de quienes deben controlar al Estado para que funcione sin privilegios.