Si el gobierno en lugar de darle al Jefe de Gabinete la friolera de 7 mil millones de pesos para gastar en mantener vivo en relato oficial se lo presta o da a la caja compensadora, los problemas podría evaporarse. Pero no la única salida para la gestión de Melella es por una parte, el silencio frente a la situación y por otra los fondos frescos para instalar el relato y sobrevivir frente al llamado de la “Reforma de la Constitución” una verdadera desidia.

A ocho meses de la primera interrupción en los pagos, la situación de los policías retirados alcanzó un punto crítico. Lo que comenzó como una demora administrativa se consolidó en un conflicto social de larga duración que afecta a más de 540 familias.

El reclamo, que inicialmente era encabezado por los propios jubilados, encontró en los familiares un nuevo y decidido impulso. Cansados de la falta de respuestas por parte del Gobierno provincial y de la caja previsional, esposas e hijos de los efectivos retirados se volcaron a las calles para visibilizar una deuda que, denuncian, los dejó en la más absoluta desprotección.

María, esposa de uno de los policías retirados y voz recurrente en las protestas, explicó a la prensa la naturaleza del reclamo para despejar cualquier duda sobre su legitimidad. "Estamos exigiendo el pago de los retiros de nuestros esposos. Es un dinero que ellos trabajaron y aportaron. Hace ocho meses que no cobramos y nadie se hace cargo", enfatizó .

La deuda no solo comprende los haberes de los últimos ocho meses, sino que se acumula con el impago del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al año 2025. Para las familias, la demora implica un deterioro directo en su calidad de vida: problemas de salud sin cobertura, imposibilidad de afrontar alquileres y un endeudamiento creciente. "Tenemos retirados con problemas de salud graves, algunos con hijos con discapacidad que necesitan tratamientos fuera de la provincia. Hoy día muchos no pueden pagar deudas básicas porque no tienen ingresos", relató María .

El gobierno ausente y la Caja en la mira

Mientras el gobernador Gustavo Melella gestiona auxilios financieros ante la Nación por  $20.000 millones para sostener gastos, los familiares denuncian un silencio absoluto respecto a la deuda previsional. "Así como el Gobernador se va a reunir con gremios y vuelve de Buenos Aires con acuerdos para otros sectores, también debería acordarse de las más de 540 familias policiales que estamos sin cobrar", reclamó María .

El foco del enojo también apunta directamente a la Caja de Previsión Social para el Personal Policial y Penitenciario Provincial, que atraviesa una grave situación económica y financiera. Los retirados denuncian que el Gobierno los ignora y que el organismo previsional aplica criterios discriminatorios en el orden de pago. Según denunciaron en un documento difundido durante las protestas, la conducción de la Caja estaría priorizando el pago primero al personal en actividad del organismo, luego al personal policial de origen provincial, y dejando en último lugar al personal de origen territorial .

"El tema específicamente con el personal policial retirado del ex Territorio, ha sido relegado a la percepción en último lugar, en último término, de sus haberes", había alertado ya en agosto el Comisario Mayor (RE) Walter Vargas, señalando que la demora en las transferencias del Ejecutivo provincial hacia la caja previsional es la causa madre del problemas .

Una causa con fallo judicial favorable, pero sin cumplimiento

La situación alcanza ribetes de mayor gravedad institucional al conocerse que el reclamo ya tiene sentencia judicial favorable. Sin embargo, el fallo no se ha traducido en una solución concreta. Las familias denuncian un "peloteo" de responsabilidades entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. "La Justicia reconoce que el derecho existe, pero después dice que no puede hacer nada y que la responsabilidad es del Ejecutivo. Se tiran la pelota entre ellos y nadie se hace cargo", sintetizó la referente de las familias.

Mientras la Caja Compensadora lidia con una crisis estructural y el Gobierno provincial negocia su supervivencia financiera con Nación, los policías retirados y sus familias sostienen la vigilia en las calles. Con más de ocho meses de deuda, dos aguinaldos impagos y ninguna señal oficial de una solución, la protesta se convirtió en la única herramienta para no ser olvidados.

Para el colmo el nuevo intento de rematar un terreno perteneciente a la Caja de Previsión de la Policía terminó desierto y reactivó el conflicto interno, la frágil confianza que aún conservaban muchas familias de policías retirados en el actual Directorio, terminó de romperse “El terreno no se remata… la credibilidad sí”, expresaron en un documento público que apunta directamente contra quienes administran la institución.

Todos absolutamente todos saben que la solución no es la venta de bienes de la Caja. Para las familias, la ecuación es inversa: primero se determina la deuda real, luego se reducen gastos no esenciales y recién después se evalúan medidas extraordinarias. “Nosotras administramos hogares y jamás venderíamos la casa para pagar la luz sin revisar antes en qué estamos gastando de más”, plantean.