Para justificar su aventura con la “Reforma de la Constitución” provincial, El gobernador Gustavo Melela eligió como blanco de su relato de campaña a dos instituciones de la provincia, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado. Sucede que los quienes conducen estos dos institutos poseen por Constitución perpetuidad en los cargos.  Para Melella “No es posible que en una provincial nueva tengamos funcionarios atornillados en su cargo simplemente porque la Constitución le da perpetuidad, eso es sin dudas un anacronismo que queremos cambiar, queremos tener en la Fiscalía de Estado renovación que siente gente nueva con más ímpetu” dijo Melella tratando de convencer a propios y extraños que lo mejor que le puede pasar a la provincia es la Reforma de la Constitución y de paso ser candidato por dos periodos más.

Del otro lado y tomando nota del relato está Virginio Martínez Sucre, un hombre que se siente dueño de la Fiscalía.  También tomaron nota los vocales del Tribunal de Cuentas que se sienten pares de los Supremos de la Justicia o por lo menos cobran lo mismo que un miembro del Superior Tribunal de Justicia. Lo cierto es que las diferencia entre La Fiscalía de Estado y el gobernador se tornaron insalvable, es por eso que la Intervención del Puerto dejó al desnudo la poca y nada sintonía entre  los protagonistas de esta pelea.

La intervención

El derrotero judicial por la intervención del Puerto de Ushuaia dejó al desnudo las profundas diferencias entre el Fiscal de Estado y el gobernador a punto tal que Virgilio Martínez, se excusó de intervenir en el juicio y de paso cuestionamientos a la estrategia legal elegida por Melella. En política eso se llama un vuelto.

Fiscal aseguró que no fue convocado formalmente y que tomó conocimiento de la acción judicial por correo electrónico, cuando la presentación ya estaba hecha,  Martínez de Sucre habló de “discrepancias sustanciales” respecto del momento de la presentación, quién debía iniciarla, ante qué tribunal y contra qué acto debía dirigirse. En términos políticos y jurídicos, puso en duda la solidez de la demanda desde su origen e indicando la  “inacción del ente autárquico” y afirmó que ese contexto le impide asumir la representación procesal de la Provincia, por lo que recomendó la designación de un fiscal ad hoc para continuar la causa.

Para ahondar más en el tema el Fiscal reveló que investiga el accionar de la DPP en el Puerto de Ushuaia, lo que configura un conflicto técnico que refuerza su excusación.

Por lo pronto y a la luz de la Justicia Federal, la Provincia queda mal parada, más allá de accionar sin su abogado natural, lo deberá hacer alguien nombrado Ad-hoc , la presentación ya cuenta con cuestionamiento que no surge de la Intervención nacional, sino de autoridades provinciales.

Solo resta saber un dato inquietante que lo dejó al pasar el propio Fiscal de Estado al momento de argumentar su excusación. “Estamos investigado el Puerto” dijo sin nada más. ¿Habrá encontrado la Fiscalía de Estado lo mismo que vio la Intervención nacional?

Este portal pudo saber de una alta fuente confiable de la Fiscalía que hay “coincidencias” entre algunos de los argumentos esgrimidos por Nación para intervenir el puerto y la investigación de oficio que abrió Virgilio Martínez de Sucre.