Sucedió lo que muchos bogados de la matricula sospechaban: que la opinión de la Fiscalía Federal era de remitir todas las actuaciones a la Corte Suprema, allí donde este tipo de causa suele dormir el “sueño de lo Justo”.

Ya lo dijimos una vez, pero alguien debería decirle nuevamente al gobernador Gustavo Melella, que mientras él este sentado en la Casa de Gobierno o en Buenos Aires donde pasa la mayor parte del tiempo, el Puerto de Ushuaia no vuelve más a la órbita de la provincia.

No se trata de un avasallamiento de la autonomía provincial se trata de un conflicto autoinfligido. La inoperancia, la desidia en el manejo de la cosa pública y el creerse impune, crearon el caldo de cultivo para que Nación intervenga el puerto.

No se puede gobernar por wasap desde Buenos Aires. En cualquier provincia la ausencia permanente del gobernador podría desencadenar un escándalo de proporciones. Aquí naturalizamos tener un gobernador ausente. Para tener una idea de lo que hablamos, a vicegobernadora Mónica Urquiza única aliada política que le queda al gobierno, tiene más días en el Poder Ejecutivo que el propio Melella. Una vergüenza.

Tampoco se puede gobernar con decía por los fondos comunes, como es el caso de contratar estudios externos por cifras millonarias cuando en realidad a la provincia debería ser defendida por el Fiscal de Estado, que tiene asignado un presupuesto importante para mantener activo un numeroso equipo de abogados y asesores.

Esta decisión política no es un hecho menor, el estudio externo contratado por el puerto pero pagado con fondos generales de la gobernación (el puerto tiene sus fondos intervenido) es un hecho que se repite en los Ente descentralizados, hay quienes culpan al presidente del Tribunal de Cuentas, Miguel Longhitano de aceitados vínculos con el estudio en cuestión por el uso permanentes de sus servicios bien pagos con fondos públicos.

Lo cierto es que el dictamen de la fiscal federal Candela Fernández Núñez traslado el conflicto por el Puerto de Ushuaia a la Corte Suprema y además le dijo a Melella que la acción debió haber sido promovida directamente por la Fiscalía de Estado al mismo tiempo que descartó la posibilidad de otorgar la medida cautelar porque implicaría avanzar sobre el fondo de la cuestión, algo improcedente cuando el tribunal carece de competencia para resolver el caso.

Lo que dice el dictamen

 El conflicto judicial por la intervención del Puerto de Ushuaia dio un giro determinante tras el dictamen emitido por la Fiscalía Federal con asiento en la capital fueguina, que dejó sin margen de maniobra al Juzgado Federal local y encaminó la disputa directamente hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En su presentación, el Ministerio Público Fiscal sostuvo de manera categórica que el juzgado federal de Ushuaia no es competente para analizar la legalidad de la intervención dispuesta sobre el puerto, en el marco de la acción promovida por el Gobierno de Tierra del Fuego. Con esa definición, la controversia quedó excluida del ámbito judicial fueguino y pasó, en términos institucionales, a la órbita exclusiva del máximo tribunal del país, único órgano habilitado para resolver conflictos entre una provincia y un organismo nacional.

El dictamen también descartó la posibilidad de otorgar la medida cautelar solicitada por el Ejecutivo provincial. Según explicó la fiscalía, acceder al pedido de suspender o anular la intervención implicaría avanzar sobre el fondo de la cuestión, algo improcedente cuando el tribunal carece de competencia para resolver el caso.

La fiscal federal Candela Fernández Núñez delimitó con precisión el encuadre jurídico del conflicto: al tratarse de una controversia entre un Estado provincial y una autoridad nacional, la competencia corresponde de manera originaria a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En consecuencia, el único paso procesal que le resta al juzgado federal local es dictar una resolución formal declarándose incompetente y ordenar la remisión del expediente.

El dictamen incluyó además una observación significativa sobre la estrategia legal del Gobierno provincial. La fiscalía advirtió un error en la presentación inicial de la demanda, al señalar que la acción debió haber sido promovida directamente por la Fiscalía de Estado, órgano constitucionalmente facultado para ejercer la representación legal de la provincia en este tipo de procesos.

Con este escenario, el expediente judicial ingresa ahora en una etapa conocida por su extensión en el tiempo. Una vez que el juzgado formalice la declaración de incompetencia y remita las actuaciones, la Corte Suprema deberá admitir la causa, registrarla, correr vista a las partes y eventualmente a la Procuración General. Ese recorrido procesal no contempla plazos breves.

Mientras tanto, no existe ninguna suspensión automática de la intervención. A falta de una cautelar expresa del máximo tribunal —una decisión de carácter excepcional—, el acto administrativo continúa plenamente vigente. En términos concretos, el dictamen fiscal no solo resolvió la cuestión de competencia: consolidó un escenario en el que el tiempo juega a favor de la continuidad de la intervención.

Todo indica que el Puerto de Ushuaia seguirá intervenido durante un período prolongado, al menos hasta que la Corte Suprema se pronuncie sobre el fondo del conflicto, una definición que, en el ámbito judicial, rara vez llega con rapidez.