Según documentación oficial, la Dirección Provincial de Puertos resolvió avanzar con una contratación directa para destinar USD 60.000 en honorarios profesionales al Estudio Ymaz SRL, el monto surge de la Solicitud de Cotización – Compra Directa N.º 00002/2026 y prevé el pago en tres cuotas de USD 20.000, consolidando en dólares el costo mínimo para poner en marcha la demanda. No se trata aún de un pago ejecutado, pero sí de un compromiso económico firme, asumido por la Provincia.

El primer escrito de la contratación buscó activar una medida cautelar urgente que suspenda los efectos de la intervención y regrese la administración a la órbita de la provincia.

Lo que sucedió no solo fue un fracaso, también un papelón judicial. La Justicia Federal de Ushuaia rechazó el pedido de cautelar, al considerar que no existía urgencia que justificara habilitar la feria judicial. El fallo fue tajante ya que dejó sin efecto la principal herramienta con la que el Gobierno buscaba frenar de inmediato la intervención, además el Juez  Federico Calvete solicitó la intervención de la Fiscalía Federal para que se expida si el Juzgado de Ushuaia es competente para resolver un conflicto entre una provincia y el Estado nacional, en caso que la Fiscalía entienda que no es competente la causa pasaría directamente a la Corte Suprema de Justicia, allí donde las urgencias no existen.

El rechazo del Dr. Calvete también dejó al descubierto serias falencias jurídicas en la presentación provincial. El juez exigió aclarar quién representa legalmente a la Provincia, al advertir que esa función corresponde constitucionalmente a la Fiscalía de Estado, y no de manera directa al gobernador, como se planteó en el expediente.

Además, se intimó al secretario Legal y Técnico, Emiliano Fossatto, a regularizar su matrícula federal, un requisito elemental para litigar en la Justicia Federal, cuya omisión abre la puerta a nulidades y nuevos tropiezos procesales.

Contrataciones directas y externa un perverso modelo de gestión

En el gobierno fueguino trabajan más de 60 abogados, muchos de ellos pertenecen a la Secretaria Legal y Técnica, otros trabajan en la Fiscalía del Estado y cada ministerio tiene un área legal, sin embargo para atender reclamos como el del Puerto o la Reforma de la Constitución, Melella buscar asesoramiento externos de Estudios caros que no siempre garantizan resultados. Queda flotando la sensación que al gobierno de Melella y sus funcionarios poco o nada le importa velar por los fondos públicos. ¿Desidia institucional?

Lo de Melella tiene un patrón recurrente y oneroso, el gobierno cuenta con una de las dotaciones de abogados asalariados gigante dentro  de la administración pública. Pero decide una y otra vez recurrir a estudios jurídicos externos para defender sus intereses en causas consideradas de alto impacto político, económico o mediático.

Sin dudas que se trata de una práctica contraria al interés fiscal y raya con la "desidia institucional" ya que Melella prefiere delegar antes que fortalecer sus propios funcionarios.

Entre los estudios contratados en el caso de la Reforma de la Constitución provincial cuando el Legislador Jorge Lechman planteó la inconstitucionalidad de la Ley Provincial N° 1529, argumentando que el gasto es innecesario en un contexto de alta pobreza, Melella recurrió a un estudio externo que terminó pagando más de 130 mil dólares, a esto ahora, se suma  los 60 mil dólares por la intervención portuaria.

El gobierno de Melella ha demostrado a lo largo de estos años que no confía en sus propios cuadros técnicos. Prefiere el atajo fácil y costoso de contratar antes que invertir en formación, especialización y darle autonomía técnica a su propia planta. Sin dudas una política cortoplacista que debilita al Estado que tanto dice defender.

Bajo la condición de anonimato, un veterano abogado de carrera que conoce todos los vericuetos de la Casa de Gobierno expreso a este medio: "Nos sentimos subutilizados. Te pasas años conociendo el expediente de una mega causa, y de repente, cuando llega el momento crucial, traen a un estudio de afuera. Ellos cobran fortunas por presentar un escrito que nosotros podríamos hacer, pero que requiere decisión política y horas de dedicación que aquí no se valoran", confió el letrado fueguino.