“Nos buscan para que seamos socios en las pérdidas” dijo uno de los asesores más cercanos al Intendente Martín Pérez que ya adelantó que se va a insistir en la Ley vetada.

Recordemos que el objetivo de la Ley vetada recientemente era para garantizar que la baja de regalías no impacte negativamente en los municipios. Los municipios entienden que el alivio fiscal otorgado a Terra Ignis debe ser absorbido exclusivamente por el Gobierno provincial operador principal de la petrolera Estatal.

En ese sentido la ley eleva al 28% la participación de los municipios sobre las regalías hidrocarburíferas, compensando la reducción de la alícuota general, que pasó del 12% al 10% tras el nuevo esquema acordado con la empresa estatal.

“Lo que estamos haciendo es garantizar que los municipios no pierdan recursos. La baja en la alícuota no puede trasladarse a las arcas municipales, por eso esta ley corrige ese desequilibrio”, sostuvo Victoria Vuoto durante el debate legislativo, antes de que termine el año.

La repuesta del gobierno no se hizo esperar, fiel a su estilo y cumpliendo las órdenes del ausente gobernador, la vicegobernadora Mónica Urquiza, vetó de manera total la ley sancionada. El Gobierno calificó la iniciativa de “desproporcionada e irracional”. Cuestionó además la afectación sobre compromisos financieros asumidos por la provincia.

Si bien los primeros sondeos indican que los municipios buscaran insistir en la Ley vetada, el gobierno pretende que la baja de la tasa general que beneficia a Terra Igni sea soportada por todos, es decir asociar a los municipios en la aventura de la petrolera Estatal.

Por lo pronto,  el gobierno vetó de forma total el proyecto de ley aprobado por la Legislatura el pasado 22 de diciembre, que proponía modificar el régimen de coparticipación municipal de las regalías hidrocarburíferas y elevarlo del 20% vigente al 28%. La decisión quedó formalizada el pasado lunes 12 con la firma del Decreto 042/26, publicado ayer en el Boletín Oficial.

El Gobierno fundamentó el veto en la ausencia de estudios técnicos que respalden la iniciativa legislativa, tales como análisis de impacto económico, ambiental o sobre las reservas hidrocarburíferas, lo que “expone a la Provincia a riesgos de inestabilidad en su matriz productiva” y compromete la planificación financiera de mediano y largo plazo.

Desde el Ministerio de Economía se advirtió que la promulgación de la ley vetada hubiera puesto “en riesgo el cumplimiento de compromisos asumidos por la Provincia, dado que parte de los ingresos provenientes de las regalías se encuentran afectados al pago de obligaciones financieras, entre ellas la deuda externa contraída en 2017 y recientemente reestructurada”. En ese sentido, se sostuvo que el incremento de la coparticipación municipal comprometería ingresos estratégicos del Estado provincial y desdibujaría el régimen vigente, concebido para sostener servicios públicos esenciales de competencia provincial.

En la misma línea, la Agencia de Recaudación Fueguina calificó la medida “como desproporcional”. El organismo señaló que, “aun en el hipotético caso de haberse otorgado algún beneficio impositivo a favor de Terra Ignis Energía S.A., la pérdida real para los municipios habría sido de aproximadamente 1,3 millones de dólares durante la vigencia de la prórroga, mientras que el aumento pretendido implicaba una suba estimada en más de 14,7 millones de dólares, cifra que excede con creces cualquier potencial detracción, resultando absurda e incongruente a la realidad económica del acuerdo celebrado” dicen en economía.

Lo cierto es que el veto puso en alerta a los intendentes que pretenden insistir en la norma.