Melella se aseguró un flujo de fondos de libre disponibilidad luego que la Legislatura con un guiño del propio gobierno decidiera no aprobar el presupuesto 2026. La maniobra legislativa ocurrió paralelamente con la firma de un decreto del ahora ex ministro Francisco Devita que redirigió una partida de 720 millones de pesos para el pago de sueldos y viáticos de los Legisladores.

Por lo pronto muchos vieron una mano negra en el tratamiento del presupuesto que había presentado el gobierno, primero cuando se levantó sospechosamente la cuarta sesión del año (solo sesionaron 4 veces) por falta de quorum.

Fue el Legislador Lapadula quien recordó que se habían previsto dos semanas completas de encuentros con funcionarios en la comisión, pero todo quedó trunco “por una falta de quórum”, situación que alimenta las sospechas. “El 15 de diciembre se termina el período ordinario. Entonces yo no sé qué es lo que pretende el Gobierno hacer. Si quisiera tener un presupuesto, estaría mucho más preocupado y apurado en que se haga la sesión y que se empiece a trabajar sobre este tema”, dijo el legislador como antesala de lo que más tarde ocurriría.

Dejar al gobierno sin presupuesto le significa a Melella disponer a discreción de un 20 % del flujo de ingreso por mayor recaudación solo por efecto inflacionario.

En el año en que Melella sale a impulsar la Reforma Constitucional para poder presentarse nuevamente como candidato,  el manejo de cientos de millones de pesos sin control y de forma discrecional, significa una caja importante que los Legisladores le sirvieron en bandeja de plata al gobierno provincial.

Reconducción y distribución

Ante la falta de aprobación legislativa de la ley de presupuesto 2026, el Poder Ejecutivo dispuso la reconducción de las partidas de ingresos para el año en curso. Mientras que  Poderes, organismos de control, entes descentralizados e instituciones de la seguridad social deberán presentar la distribución analítica de gastos en los próximos 30 días, la medida lleva la firma de la vicegobernadora (Melella nuevamente se fue de la provincia) y del flamante ministro de Economía Alejandro Barrozo.

Los números de la provincia

El total general consolidado de créditos para 2026 asciende a $2.404.802.180.886,30. Dentro de ese esquema, el Poder Ejecutivo concentra $1.383.289.221.775; el Poder Legislativo $26.629.027.103; el Poder Judicial $105.272.438.361; el Tribunal de Cuentas $8.093.565.609; y la Fiscalía de Estado $1.273.238.314.

En cuanto a entes y organismos descentralizados, se asignan $4.861.140.414 al Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR); $30.697.746.378 a la Dirección Provincial de Puertos (DPP); $22.255.272.396 al Instituto Provincial de Vivienda (IPV); $28.186.398.326 a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV); $41.654.622.814 a la Dirección Provincial de Energía (DPE); $24.562.974.362,30 a la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS); $12.543.446.260 al IPRA; $21.735.911.439 a la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF); $15.013.400.484 a la Agencia de Innovación Fueguina; y $4.446.509.273 al Fideicomiso AREF.

El decreto también detalla los recursos para instituciones de la seguridad social. La Caja de Previsión Social cuenta con $459.829.720.353; la Caja Previsional y Compensadora de la Policía con $31.124.158.222; y la Obra Social del Estado Fueguino con $178.338.354.404.

Mas fondos para los legisladores

Un decreto firmado en los últimos días de diciembre por el ahora ex ministro Francisco Devita, expuso con crudeza las prioridades de la gestión saliente: asegurar fondos para la estructura política del Poder Legislativo, que se predisponía a rechazar el presupuesto provincial, una medida que buscó el gobierno provincial

La reasignación presupuestaria fue por 720 millones de pesos, trasladando fondos desde la partida de “Servicios No Personales” —destinada a limpieza, mantenimiento, alquileres e insumos— hacia la partida de “Personal”, que cubre sueldos y dietas de la Legislatura provincial.

En términos prácticos, la reasignación garantiza recursos para salarios y posibles aumentos, pero deja desfinanciados a proveedores de servicios esenciales. Es decir, los sueldos se aseguran; los servicios, no.