La picardía del gobierno de intentar “confundir” con desmentidas sin sustentos llegó a su fin, cuando la intervención quedó formalizada mediante una comunicación oficial firmada por Iñaki Miguel Arreseygor, director ejecutivo de la ANPYN, y se inscribe en el marco del seguimiento y auditoría que Nación viene realizando desde hace meses sobre el estado del puerto fueguino.

Si bien el documento no introduce hechos nuevos, ordena y consolida observaciones técnicas que ya habían sido advertidas en informes preliminares, vinculadas al deterioro del muelle, deficiencias en el mantenimiento general, y condiciones de seguridad operativa que no se ajustan a la relevancia estratégica del puerto.

Según consta en la documentación oficial, no se trata de daños recientes ni de situaciones aisladas, sino de un proceso de deterioro progresivo acumulado a lo largo del tiempo, lo que vuelve a poner en discusión la capacidad de la administración provincial para sostener políticas de control, inversión y mantenimiento acordes a un puerto clave para la logística, el turismo y la soberanía austral.

El hecho de que la intervención haya sido dispuesta mediante una nota firmada por la máxima autoridad del organismo nacional marca un salto cualitativo en el proceso, dejando atrás la etapa meramente técnica para ingresar en una fase administrativa y política, que expone responsabilidades de gestión que no pueden seguir siendo omitidas.

Como parte de las primeras medidas, la administración portuaria deberá remitir en un plazo máximo de 10 días a la Nación la nómina completa del personal y el detalle de sus funciones, lo que forma parte del esquema de control que acompañará la intervención.

La decisión de Nación vuelve a dejar en evidencia años de desatención, falta de planificación y controles deficientes, en un puerto estratégico que, lejos de recibir inversiones sostenidas, llegó a este punto bajo la órbita provincial, forzando ahora una intervención directa del Estado nacional.

La desesperación por fondos frescos llevó a la administración central buscar artimañas para sustraerles los fondos que deberían haberse volcado en gastos operativos e inversiones portuarias.

Nada de eso sucedió. Melella se escudó en la mayoría automática y rentada que tienen en la Legislatura provincial y que maneja Mónica Urquiza a discreción de hecho el administrador actual Roberto Murcia ocupa la dirección del ente por orden de Urquiza.

De ese entuerto político surgió una ley provincial que habilitó al gobierno apoderarse del superávit de la Dirección Puertos para financiar a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), en abierta contradicción con el acuerdo por el cual la administración nacional dejó en manos de la provincia el manejo portuario.

Según fuentes portuarias, Murcia había decidido tiempo atrás “engordar” el superávit administrativo, dilatando obras operativas y de seguridad a la espera de una norma legislativa que le sirva de escudo judicial. Lo cierto es que con excusas sin sustentos técnicos, Murcia logro retener en el ejercicio 24/25 varios millones de pesos más para complacer la desesperación del gobernador Melella por fondos frescos.

Frente a esta situación, primero fue la propia administración nacional de puertos la que advirtió sobre esta maniobra  y su contradicción al “acuerdo de traspaso de administración”, luego fueron los propios trabajadores que se manifestaron y llevaron un escrito a manos del gobernador, también empresarios del sector de cruceros levantaron la voz, mientras la fiscalía de Estado encendió una tenue luz amarilla, descontando que el Tribunal de Cuentas hizo como muchas veces suele hacer, mirar para otro lado.

Pese a las intimaciones y pedidos de información, la Provincia no logró acreditar el cumplimiento de sus obligaciones ni revertir las conclusiones del informe final de inspección. Por este motivo, se resolvió una intervención por 12 meses, prorrogables, orientada a regularizar la infraestructura, asegurar la seguridad operativa y garantizar la continuidad del servicio, sin afectar las relaciones laborales del personal.

La ANPYN remarcó que el Puerto de Ushuaia es un activo estratégico nacional por su proyección comercial, su conexión bioceánica y su rol en la logística antártica, y que la intervención busca evitar sanciones más severas y la pérdida de su condición comercial.

La intervención busca determinar si los recursos derivados del cobro del tributo nacional con asignación específica para el mantenimiento portuario fueron desviados con otros fines por la administración fueguina.