La reciente aprobación de la ordenanza que regula Uber y otras aplicaciones de transporte en Ushuaia dejó al descubierto una fuerte contradicción política y sectorial. Quienes durante años rechazaron públicamente estas plataformas, hoy celebran su legalización, admitiendo incluso que ya las utilizaban de manera clandestina, con la anuencia tácita del Estado municipal.

El presidente de la Asociación de Taxis, Fabián Lara, definió la normativa como el “fin de la clandestinidad”, una frase que, lejos de cerrar el debate, abrió nuevos interrogantes. En sus declaraciones reconoció que antes de la regulación, taxistas utilizaban aplicaciones para trabajar de manera informal, una práctica conocida en el sector pero que no tuvo consecuencias administrativas.

Lo llamativo es que, mientras particulares eran multados y perseguidos por operar como Uber, taxistas denunciados por realizar exactamente la misma actividad no recibieron sanciones. Esa disparidad expone una tolerancia selectiva por parte del Municipio, que eligió a quién controlar y a quién no.

Durante años, desde el sector del taxi se impulsaron protestas, comunicados y reclamos contra Uber, calificando a las aplicaciones como “ilegales” y “una amenaza para el trabajo formal”. Sin embargo, la sanción de la ordenanza dejó en evidencia que el verdadero problema no era la plataforma, sino quién podía usarla.

Ahora, con un marco legal aprobado el 2 de enero por el Concejo Deliberante, el discurso cambió. Lara destacó que la norma permite “salir de la clandestinidad” y trabajar con aplicaciones de forma legal, siempre que se cumplan los mismos requisitos exigidos a taxis y remises: RTO, seguros, documentación al día y antecedentes penales, bajo el Registro Municipal de Conductores y Conductoras (REMUCO).

La ordenanza, lejos de ser una innovación, terminó legalizando una realidad preexistente que el Municipio permitió durante años sin controles efectivos. En ese período, la falta de regulación generó un escenario desigual, donde particulares eran perseguidos y multados, mientras que ciertos sectores tradicionales operaban sin consecuencias.

La aprobación de la norma también deja en evidencia la demora política del Ejecutivo municipal para abordar un fenómeno que ya estaba instalado en la ciudad. Recién cuando el uso de aplicaciones se volvió imposible de ocultar, se avanzó en una regulación que hoy es celebrada por quienes antes la resistían.

Así, el “fin de la clandestinidad” no solo marca un cambio normativo, sino también expone las contradicciones de un sistema que durante años funcionó con doble vara, avalado por la pasividad del Estado y la conveniencia sectorial.