El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el lunes 10 de noviembre de 2025 que ordenó un bombardeo y una ofensiva militar en el departamento del Guaviare contra las disidencias de las FARC lideradas por Iván Mordisco. La operación apunta a desarticular el frente armado que opera en la selva y afecta a comunidades rurales de la zona.

En un mensaje difundido en X, Petro escribió: “Ofensiva militar contra Iván Mordisco en el Guaviare. He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las Fuerzas Militares”. El presidente justificó la acción como respuesta al accionar del grupo contra pobladores y a su implicación en economías ilícitas.

Operación y reacciones

El ministro de Defensa, general Pedro Sánchez Suárez, informó en las primeras horas que había comenzado la operación y la calificó como una “contundente operación ofensiva” dirigida a desarticular “estructuras narcoterroristas del cartel de alias Mordisco que tienen amenazadas y extorsionadas a comunidades y campesinos”. Dijo que el grupo extorsiona y vulnera a pobladores rurales de la región.

En otra publicación, Sánchez Suárez detalló: “Desde la madrugada, nuestras Fuerzas Militares y la Policía Nacional están ejecutando esta operación en las selvas del Guaviare (...). Operación en evolución”. El ministro añadió que los esfuerzos buscan neutralizar las rutas del narcotráfico y proteger a las comunidades afectadas y reducir la violencia en el sureste del país.

Cuál es el objetivo del bombardeo

Alias Iván Mordisco, cuyo nombre real es Néstor Gregorio Vera, encabeza el autodenominado Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia que rechazó el acuerdo de paz de 2016. El grupo tiene presencia conocida en Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo. La Fuerza Pública dice priorizar la seguridad de civiles.

Hasta ahora el Gobierno y las Fuerzas Militares no han informado un balance oficial de resultados. La ofensiva se enmarca en el recrudecimiento de las acciones contra la disidencia tras la suspensión del cese al fuego en varios puntos del país, según comunicados y reportes de prensa nacional e internacional.

Analistas y organizaciones de derechos humanos seguirán de cerca la operación, mientras organismos locales demandan información sobre desplazados y víctimas. Al cierre de esta nota no había datos oficiales sobre bajas o detenciones.