En octubre de 2025, la Canasta Básica de los Jubilados alcanzó los $1.514.074,13, lo que representa un aumento del 26,12% respecto a los $1.200.523 registrados en abril. Este cálculo, realizado cada seis meses por la Defensoría de la Tercera Edad, tiene en cuenta la estructura de consumo definida por el INDEC y se adapta a los gastos específicos de las personas mayores.

El rubro que más impacta en el presupuesto de los jubilados es la medicación, con un gasto de $402.880, seguido por vivienda ($294.000), alimentos ($348.000), limpieza ($107.444), transporte ($85.200), vestimenta ($57.500), recreación ($96.000) y servicios ($123.050). La medicación incluye una amplia variedad de medicamentos para distintas patologías, considerando los descuentos de obra social.

Esta cifra contrasta con los haberes mínimos: 4,5 millones de jubilados cobran $279.121,71, más un bono de $70.000; los beneficiarios de la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) reciben $223.297,36 más el bono; y las Pensiones No Contributivas para personas con discapacidad ascienden a $265.385,19 más el bono de $70.000.

Eugenio Semino, defensor del Pueblo de la Tercera Edad, calificó la situación como “una crisis humanitaria”, señalando que los adultos mayores están cada vez peor y que los bonos anunciados no alcanzan a mitigar la precariedad. “No es que los jubilados sigan estando mal, es que están cada vez peor y no hay perspectivas de que la situación se revierta. La deuda sigue siendo con ellos”, afirmó.

Mientras tanto, varios jubilados continúan manifestándose los miércoles frente al Congreso para visibilizar su situación, enfrentando protocolos de seguridad que limitan las protestas pacíficas. La canasta básica refleja así no solo los costos actuales de vida, sino también la creciente dificultad de los adultos mayores para cubrir sus necesidades fundamentales en un contexto de inflación y bajos ingresos.