Para el gobierno provincial de Gustavo Melella, la medida del Banco Central que prohíbe la asistencia financiera de los bancos provinciales a los Estados, es una norma inscripta en la puja que Nación tiene con los gobernadores que no apoyan a la Ley ómnibus.

Con esta mirada de la realidad política, esta semana el gobierno firmo un convenio de préstamos de corto plazo. La asistencia financiera será de 7.700 millones mensuales y permitirá al Ejecutivo atender desequilibrios de caja y pagar en tiempo y forma los haberes. El año pasado la suma autorizada fue de 2.400 millones. 

Mediante Decreto 7/24 oficializado el jueves pasado, la vicegobernadora Mónica Urquiza, a cargo del Poder Ejecutivo, autorizó modificar el acuerdo de asistencia financiera con el Banco Provincia de Tierra del Fuego (BTF) por la suma de $7.700 millones de pesos mensuales. Se trata de un adelanto en cuenta corriente que debe ser devuelto dentro del mismo mes en que se otorgó. Su destino es poder hacer frente al pago de salarios en tiempo y forma, y atender otros gastos. 

En el Decreto el Gobierno fundamenta que “el presente acuerdo de asistencia financiera resulta la herramienta más adecuada para la atención de los desequilibrios de caja que afectan a la provincia de acuerdo con las condiciones que impone el actual contexto y teniendo en cuenta las importantes limitaciones para acceder a otras alternativas de financiamiento ofrecidas en el mercado”. 

A cambio del servicio, el BTF aplicará la tasa Badlar promedio en pesos para bancos públicos o la que el BCRA establezca en su reemplazo correspondiente al mes anterior, más una de 6,5% anual. Dicha tasa promedio se actualizará mensualmente y será calculada a partir de la tasa Badlar diaria en pesos. A través del acuerdo la provincia se compromete a reintegrar al banco los fondos adelantados y sus intereses dentro del mes calendario en el cual tales fondos hayan sido debitados de la cuenta. 

Cabe recordar que en 2023 el acuerdo de asistencia financiera con el Banco Provincia de Tierra del Fuego (BTF) fue por la suma de $2.400 millones

El artículo 9 de la Ley Provincial 1062 establece que el Poder Ejecutivo provincial tendrá atribuciones para actuar sin autorización previa de la Legislatura, cuando se acuda a financiamiento de corto plazo, cuya amortización no exceda el período de 12 meses, hasta el monto total equivalente al 10% del total de los gastos aprobados mediante la Ley de Presupuesto General del ejercicio correspondiente. El banco oficial dispone como condición de la asistencia requerida que los fondos sean garantizados con los recursos que la provincia percibe en concepto de coparticipación federal. 

Moneda de cambio: Si bien la medida ya fue autorizada para este año la semana pasada se anticipó que el Banco Central no renovará la Comunicación “A” 6816, que fija el cupo de crédito que los bancos provinciales pueden dar al sector público. Esa norma, que fue emitida en el gobierno de Mauricio Macri, hace referencia al “Financiamiento al sector público no financiero” y habilita las asistencias financieras con destino al pago de haberes del personal por hasta el importe equivalente al límite básico individual previsto para cada entidad. La norma se renovó varias veces a lo largo de estos años y vence hoy. 

El BCRA resolvió no extender su vigencia esta vez, decisión que se da en el marco del debate por la Ley Ómnibus, de manera que se puede leer como un elemento de negociación que está usando el Gobierno para presionar a los gobernadores para que aprueben esa norma y hagan un ajuste fiscal.