En tal sentido, el ente autárquico podrá ejercer el rol de contralor y evitar que sean ocupadas por personas o familias que no fueron los originales adjudicatarios.

En el artículo 2° se declara “de interés provincial la creación del Programa Especial de Regularización Dominial de bienes inmuebles propiedad del IPVyH, con idéntico espíritu al instituido por su antecesora, la Ley provincial Nº 820”

Cabe destacar que en los fundamentos de la iniciativa, presentada por el Ejecutivo provincial, desde el organismo reconocen que a partir del movimiento demográfico que vive Tierra del Fuego desde hace décadas, se observan transacciones entre adjudicatarios y familias que se radican en la Provincia.

Este tipo de intercambios genera un mercado inmobiliario paralelo, “que escapa al conocimiento del IPVyH, y deja como consecuencia, ocupaciones irregulares”, manifestaron en los fundamentos. 

En términos legislativos, el asunto obtuvo dictamen de la comisión de Legislación General Nº 1 e ingresó bajo el asunto Nº 623/23.