“Presenté personalmente una nota en la Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego a fin de que se inicie una investigación acerca de la instalación del radar de LeoLabs, adjuntando toda la documentación obrante en mi poder y considerando también la intervención del Canciller de la Nación Argentina en el seno de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado el pasado día 27”, sostuvo Blanco al abandonar el edificio de la Fiscalía.

“Solicité que se investigue la conducta administrativa de los funcionarios y agentes involucrados que tomaron parte del proceso (por acción u omisión) y todo lo referente al consecuente control de legalidad de la actividad del Estado y sus funcionarios en torno a la instalación del radar”.

“La instalación de este radar es una afrenta a la soberanía nacional, una amenaza para la seguridad nacional y una falta de respeto intolerable para nuestros héroes y la causa de Malvinas”, aseguró Blanco.

“Acá, en la provincia, hubo responsables. Lo dejó clarito el Canciller Cafiero ante mis preguntas en la reunión de la comisión a la que asistí. Me respondió sin la menor vacilación que nunca existió el circuito administrativo que corresponde. Y que la provincia se excedió y extralimitó en sus atribuciones. Dijo que instalar un radar es un proceso que dura años y que en Tierra del Fuego hubo un trámite exprés absolutamente por fuera de la norma ya que las autorizaciones que tenía LeoLabs no correspondían con las actividades que declaró que iba a hacer”, sostuvo el senador de Juntos por el Cambio.

Por eso, en razón de los hechos y antecedentes que acompañé en mi presentación y teniendo en consideración las consecuencias negativas y/o dañinas que esta instalación podría causar o haber causado ya en términos de seguridad nacional y defensa, de acuerdo a los objetivos de reclamación en los foros internacionales de nuestra soberanía sobre Malvinas y el acceso directo a la Antártida como objetivo geopolítico, así como en términos económicos ante el eventual reclamo patrimonial que pudiere tener que enfrentar la provincia por parte de la empresa, solicité a la Fiscalía que disponga la investigación pertinente de la conducta administrativa de los funcionarios y agentes involucrados y que tomaron parte del proceso (por acción u omisión) y consecuente control de legalidad de la actividad del Estado y sus funcionarios en torno a la instalación del radar referida, la delimitación de responsabilidades y, de corresponder, se formulen las denuncias que correspondieren en razón de la investigación practicada”, finalizó Blanco.