El pedido de retorno (coima) a los asesores de los cuerpos deliberativos es una práctica muy común en todos los estamentos de la provincia y muy difícil de probar en la Justicia. Generalmente los políticos disfrazan al pedido de coima con un “aporte voluntario”.-

Por lo pronto el juez de Instrucción de Tercera Nominación de Ushuaia, Federico Vidal, indagó a la concejal del Movimiento Popular Fueguino, Mariana Oviedo. Lo hizo en el marco de una causa penal iniciada a partir de la denuncia de una ex colaborador que dijo que la edil le pedía parte del sueldo a modo de retorno. Mariana Oviedo compareció ante el juez Vidal y brindó una extensa declaración. 

En la misma pudo tener conocimiento de la prueba colectada hasta el momento y explicó al magistrado que las transferencias bancarias realizadas por la denunciante hacia la cuenta de una familiar de la concejal, formaban parte de un aporte voluntario. 

Por otra parte, Oviedo también cuestionó el proceso y lo adjudicó a que forma parte de una campaña de desprestigio impulsada por un sector político de su partido. Esta manifestación ya había sido deslizada en su momento argumentando una especie de vendetta, informaron fuentes judiciales. 

Vale decir que la causa ya tiene más de dos años y con la declaración de Oviedo el juez Vida debe avanzar sobre la calificación legal del proceso. Días atrás prestó declaración indagatoria Melisa Oviedo familiar de la concejal y se aguarda que comparezca a declarar un hombre Hector Americo Maldonado Ayan que también fue funcionaria de la parlamentaria. 

Si bien el requerimiento de instrucción no especificó una figura legal, la imputación posible podría encuadrar en el delito de exacciones ilegales o concusión. 

La exacción ilegal castiga con pena de uno a cuatro años más inhabilitación, al funcionario público que abusando de su cargo solicitare, exigiere o hiciese entregar indebidamente, por sí o por terceros, una contribución, un derecho una dádiva. 

Mientras que la concusión reprime con prisión de dos a seis años al funcionario público que convirtiere en provecho propio o de tercero las exacciones expresadas en el artículo anterior. 

Una vez que concluyan las indagatorias, el juez Vidal tendrá 10 días para resolver la situación procesal de los imputados y determinar si hay pruebas suficientes para dictar un procesamiento, o de lo contrario emitir una falta de mérito o eventualmente el sobreseimiento.  

La denuncia

El origen de la denuncia por exigirle retornos a sus asesores, los cuales debían depositar una parte de sus ingresos en la cuenta bancaria de la hermana de la funcionaria tiene un nuevo impulso con el llamado a indagatoria a la denunciada concejal del MoPoF.

Según el abogado de la denunciante María Pérez una ex asesora de la concejal, desde la Justicia Provincial, se los tomo como parte querellante e incluso se notificó desde la Justicia Provincial a la concejal Mariana Oviedo y a su hermana Melisa Oviedo de derechos y garantías procesales a las antes mencionada en la Causa 1288/2020 caratulada "Pérez María Angélica S/Denuncia" en trámite ante el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Ushuaia. Desde el Concejo Deliberante hasta el momento y a pesar de la gravedad institucional se mantiene el silencio sobre el caso. 

La concejal Oviedo que paso de estar en la oposición a evidenciar un acercamiento con el Ejecutivo municipal luego de la denuncia que recordemos se inició luego que fueran separados como asesores del bloque tanto María Pérez, como su pareja Héctor Américo Maldonado Ayan, un empleado municipal de planta permanente que estaba adscripto con Oviedo, cuando fue denunciado por el intendente Vuoto por publicar noticias falsas desde un sitio de Internet a su nombre.

En cuando a la denuncia judicial que realizo Maria Perez con el patrocinio del abogado Raul Paderse, en dialogo con Radio Provincia el letrado indico que las pruebas son “contundentes” para que se pueda arribar a una sentencia penal contra la Concejal Oviedo quien según su ex asesora debía resignar alrededor de un tercio de su sueldo y depositarlo en la cuenta de la hermana de la funcionaria electa.

El abogado confirmó que “existió una denuncia penal realizada el año pasado y a partir de ahí hemos trabajado como parte querellante. Hay un sinnúmero de irregularidades y creemos que podemos acreditar la existencia de delito de parte de la concejala”. 

La denunciante es una empleada que trabajó con Oviedo como asesora durante casi un año, y de lo que cobraba, que eran 75 mil pesos, tenía que devolver unos 25 mil y depositarlos en una cuenta de la hermana de la concejal Oviedo. “Básicamente es esto y fue denunciado a fines del año pasado”, ratificó el letrado. 

“Basado en la misma denuncia, me constituí en parte querellante para poder impulsar el proceso penal. No puedo entrar en precisiones pero es algo así. Hay muchas cuestiones técnicas vinculadas con la calificación del delito, porque se podría haber de extorsión, de negociaciones incompatibles con la función pública, pero no quiero ser imprudente”, dijo. 

También confirmó que dentro de la prueba se presentó un listado con los extractos bancarios, donde se observan los depósitos mensuales a la hermana de Oviedo. 

“Esa información es cierta, pero no creo que el dinero fuera para la hermana, sino que era un medio para llegar a la concejala”, señaló. Trascendió que se presentaron conversaciones de whatsapp, y no fue desmentido por Paderne sino todo lo contrario: “Es profusa la prueba presentada en la causa y va a haber más prueba que vamos a presentar en estos días”, aseveró. 

Paderne dijo que ahora espera el avance de la denuncia, que “está siguiendo el trámite normal de este tipo de procedimientos”, dijo el abogado.