La Argentina y Gran Bretaña fueron protagonistas una vez más de un fuerte cruce diplomático. Todo comenzó ayer, cuando la embajadora Alicia Castro fue citada al Foreign Office para hacerle conocer el malestar del Reino Unido con las declaraciones de Cristina Kirchner el pasado 2 de abril.

"El Reino Unido no tiene ninguna duda sobre el derecho de los isleños a decidir sobre su propio futuro ni sobre la soberanía de las Islas Malvinas (NdR: "Falkland" en el original) y la zona marítima circundante. Nos oponemos firmemente a las últimas afirmaciones de la Presidente argentina y de la embajadora en Londres, por lo que la hemos convocado para que dé cuenta de ellas", explicó un portavoz del Foreign Office. Castro había mencionado que el pueblo británico "no se identifica con la política colonialista" que implementa el premier David Cameron.

En su discurso de la semana pasada, la Presidente había hablado de las "provocaciones" del Reino Unido con el anuncio de hallazgos de petróleo en las Islas del Atlántico Sur. Además, contestó los dichos de los funcionarios que creen que el país podría iniciar una carrera armamentista para recuperar el control de las Islas Malvinas.

Este jueves llegó la respuesta argentina. En represalia, el vicecanciller Eduardo Zuain convocó al embajador británico John Freeman para exigirle explicaciones "ante el silencio" frente a revelaciones de Edward Snowden sobre acciones de espionaje electrónico "masivo dirigidas contra la Argentina", y la "militarización y exploración ilegal de hidrocarburos" en las Islas Malvinas.

El portal estadounidense The Intercept reveló días atrás, en base a las "filtraciones" de documentos del topo de la CIA, que los servicios de inteligencia ingleses espiaron a "líderes y jefes militares" argentinos con el objetivo de conocer los planes del país en relación a la disputada soberanía del archipiélago.

Mediante un comunicado, Cancillería precisó que las acciones denunciadas "violan el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión", de acuerdo a las resoluciones 68/167 y 69/166 de la ONU. Esa normativa establece que "la vigilancia y la interceptación ilícitas o arbitrarias de las comunicaciones, así como la recopilación ilícita o arbitraria de datos personales" se tratan de "actos de intrusión grave" en los países, un comportamiento que puede ser "contrario a los preceptos de una sociedad democrática".

Además, Zuain informó a Freeman que se presentará hoy una denuncia penal contra las empresas que llevan adelante actividades de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. El pasado 2 de abril, tres compañías británicas (Premier Oil, Falkland Oil & Gas y Rockhopper) anunciaron el descubrimiento de yacimientos en una zona ubicada 220 kilómetros de Malvinas. El hallazgo generó una dura réplica por parte la presidente Cristina Kirchner. Ese mismo día, la jefa de Estado cargó contra las petroleras en el acto por el 33° aniversario del inicio del conflicto bélico.

"Hoy provocadoramente dicen que han descubierto petróleo. Es una actitud más de provocación, pero nosotros no nos vamos a dejar arrastrar porque tenemos chapa, tenemos historia, tenemos política de convivencia y de diálogo", afirmó la Presidente en Ushuaia.

Según Cancillería, las compañías británica incurren en la "violación de la Ley N° 26.915 y las resoluciones de las Naciones Unidas" sobre la cuestión de las Islas Malvinas, que insta a las partes a "no introducir modificaciones unilaterales a la situación mientras se encuentre pendiente la solución de la controversia".

En el marco de estos cruces, el vicecanciller Zuain expresó también por la circular de prensa el malestar del Gobierno por los dichos del secretario de Defensa británico, Michael Fallon, cuando el pasado 24 de marzo ante el Parlamento inglés anunció el incremento del gasto militar en las Islas Malvinas y la introducción de nuevo equipamiento bélico, alegando una supuesta "amenaza" argentina.

En este sentido, Cancillería reiteró que la Argentina sostiene que "sólo el diálogo y la negociación deben primar para poner fin a esta situación colonial anacrónica que lleva más de 182 años, mediante la aplicación de la resolución 2065 (XX), y siguientes, de las Naciones Unidas".