La denuncia la firmó Víctor H. Díaz, un ex funcionario del gobierno de Bertone que se había beneficiado entre otros profesionales, con una beca para cursar una maestría en la Universidad Austral.

Con el cambió de gobierno y la maestría avanzada en su finales, llegó la decisión política de dar de baja dichos beneficios becarios, por lo cual quienes cursaban la maestría en su tramo final tuvieron que soportar el pago de su propios bolsillos.

Ante dicha situación -indicada por más de uno como una persecución política- uno de los beneficiarios Víctor Hugo Díaz, pidió tomar vista del expediente en cuestión para interiorizarse en los fundamentos por lo que daban de baja las becas.

Grande fue la sorpresa cuando desde la Secretaría Legal y Técnica y desde el ministerio de Finanzas, le negaron rotundamente el acceso al expediente. Esta actitud de ambos funcionarios obligo al damnificado a recurrir al Fiscal de Estado que esta semana emitió un dictamen favorable obligando al gobierno darle acceso al expediente.

El dictamen publicado hoy en la página oficial de la Fiscalía, es claro contundente y sobre todo un buen tirón de oreja para ambos funcionarios que no repararon en las leyes que protege a los ciudadanos sobre el acceso a la información y actos de los servidores públicos.