Según la Cámara de Apelaciones los hechos están estrechamente vinculados y, para Giménez, un delito no pudo cometerse sin la concurrencia del otro. El juez Sahade a fines de 2018 había decidido separar el expediente. El 9 de febrero la sala penal de la Cámara de Apelaciones revocó el fallo del juez y ordenó que la instrucción continúe en el marco de un proceso único. Esto significa que a fin de año el juez Sahade decidió descuartizar toda la causa principal, por un lado, quería investigar la corrupción con la obra pública y por otro sacó copias de las actuaciones respecto de los abusos sexuales que se le imputan a Melella. Las dos causas iban a correr en forma paralela, sin que tuvieran ningún tipo de conexión. Nosotros interpusimos un recurso, porque nos parecía que no podía ser así, y que existe una estrecha vinculación”, repasó.

Expuso que “la caja de la cual se nutría Melella para realizar este tipo de conductas delictivas eran precisamente empresas y proveedores del Estado y, a través de contrataciones amañadas, obtenía dinero en negro, que luego era utilizado para traer gente del norte, para pagar sus gastos o darle cobertura en la obra que le daba a las personas de las cuales abusaba, según fue denunciado”.

“La Cámara nos dio la razón y dijo que hay una estrecha vinculación entre ambas conductas atribuidas a Melella. No se conciben los abusos sexuales sin la caja que tenía respecto de las empresas que hacían obra pública en la ciudad”, remarcó.

Respecto de los pasos a seguir, dijo que “la causa ahora vuelve a su estado inicial y debe ser investigada la corrupción y el abuso sexual. Si sacamos a Melella de su cargo de intendente o su cargo de poder, no existirían estos abusos sexuales. Si no existiera corrupción en la obra pública, Melella no tendría una caja o una estructura económica o de poder para realizar este tipo de conductas. Cualquier persona que no sea abogado puede entender que son delitos íntimamente vinculados”, subrayó.

Cuestionó las medidas del juez Sahade, que insiste en “investigar a las víctimas: “El juez Sahade largó una batería de medidas para seguir investigando a las víctimas, está empeñado en conseguir el domicilio real de uno de ellos, que no lo quiere dar. No quiere decir dónde vive porque tiene miedo de volver a ser acosado o presionado y amenazado, como lo fueron los otros dos testigos que dejaron su domicilio real en el expediente. El juez nos amenazó (sic) y nos dijo que, si no tenía en 24 horas el domicilio real de Mario (Lovera), lo iba a apartar de la causa. A nosotros no nos genera ningún tipo de confianza dar el domicilio del testigo y no vamos a decir dónde está. Va a aparecer cuando sea citado por la justicia o cuando sea requerido para realizar las pericias psicológicas que estamos solicitando”, sentenció el letrado.

Además, se le consultó sobre las declaraciones del abogado del intendente, Dr. Francisco Ibarra, quien aseguró a los medios que las pericias de los celulares no arrojaron ninguna prueba. “Las pericias no están agregadas al expediente y no sabemos cómo él puede tener esa información. Estamos seguros de lo que existe dentro de los celulares que dejamos en la justicia. Todos pudimos escuchar la voz de Melella en los audios que trascendieron públicamente. Esas conversaciones donde el intendente Melella sigue la trayectoria de las personas que trae del norte para darles trabajo a cambio de sexo, puedo asegurar que están comprobadas a través de la Dirección Nacional de Migraciones, que registra cuándo entraron esas personas. Esto todavía no fue aportado porque la causa hasta ayer estaba en la Cámara de Apelaciones”, dijo. 

“El juez insiste en investigar a las víctimas cuando necesitamos que investigue los delitos que se denuncian, y no a los testigos. Estamos esperando que resuelva de una vez por todas si le va a hacer una pericia psiquiátrica al imputado, como se hace en cualquier causa de este tipo, si va a realizar la pericia a las víctimas y va a disponer la indagatoria de Melella y de la contadora Barboza. Parece ser que el juez Sahade se olvidó de que era quien firmaba las facturas para que pudieran cobrar”, criticó.

“Si no sacaban fondos de facturas truchas, era imposible que Melella pudiera cometer este tipo de delitos. Estos funcionarios que generaban la cobertura eran cómplices, porque sabían para qué quería la plata Melella y cuáles eran las intenciones de traer estas personas, que no era para pintar cordones, sino que tenía connotaciones sexuales. Estas personas deben ser llamadas a declarar para que por lo menos digan si llenaron esas facturas”, concluyó.