Río Grande.- La primera vez fue en 2013, cuando la Argentina sancionó una ley que habilita penas sobre las empresas que exploren y exploten hidrocarburos en las Islas. Y la segunda acaba de ocurrir como reacción ante los embargos por u$s156,6 millones que habilitó una jueza de Río Grande.

Hugo Swire, ministro de Estado para América Latina de la Oficina de Asuntos Internacionales de Gran Bretaña, dijo: "En los últimos días hemos visto el último ejemplo flagrante de las autoridades argentinas y la inaceptable campaña por estrangular la industria de hidrocarburos de las Malvinas".

El funcionario se refería al embargo trabado por la jueza Lilian Herráez luego de una denuncia realizada por los ministros de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, y de Planificación Federal, Julio de Vido.

"Hemos sido absolutamente claros con respecto a que las leyes domésticas no aplican en las Malvinas ni en las aguas que las rodean", dijo Swire, en referencia a la posición tomada en 2013 tras conocerse la ley que plantea sanciones a petroleras.

"Esta decisión, motivada políticamente, de apuntar a activos de empresas es un intento totalmente inaceptable por ejercer la jurisdicción extraterritorial. No tiene ninguna justificación legal", agregó Swire.

En su declaración, el funcionario de Londres remarcó: "Esta acción, dirigida a empresas de petróleo y gas británicas e internacionales, tiene peligrosas implicancias para los negocios globales. El gobierno de la Argentina debería abstenerse de provocaciones injustificadas de este tipo".

Swire defendió la posición de los kelpers, que "tienen todo el derecho a decidir sobre su propio futuro, de manera particular sobre el desarrollo de su economía".

Luego de asegurar que "los planes de las Malvinas por desarrollar su industria de hidrocarburos son un emprendimiento comercial legítimo", Swire sentenció: "Como siempre, estamos detrás de los isleños y confiamos en que la comunidad internacional seguirá resistiendo las amenazas de la Argentina".

“Es un acto pleno de ejercicio de la soberanía Argentina en Malvinas”

El Fiscal Marcelo Rapoport, uno de los tres que impulsaron la denuncia, se mostró satisfecho con la determinación de la Justicia Federal de librar embargos contra seis empresas denunciadas por explotación ilegal de hidrocarburos en Malvinas. “Queremos que las empresas que quieran explorar y explotar el litoral marítimo Argentino se sometan a las normas de procedimiento Argentinas”, dijo y explicó los alcances de la medida.

La jueza federal de Río Grande Lilián Herráez ordenó embargos por más de 156 millones de dólares sobre bienes y activos de empresas británicas y estadounidenses denunciadas por la exploración y explotación ilegal de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

Los embargos fueron dispuestos al admitir un pedido de los fiscales Marcelo Rapoport, de Río Grande, Adrián García Lois, coordinador de distrito de Tierra del Fuego, y Carlos Gonella, a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Esta mañana en Fm Lider, Rapoport señaló que “por suerte se confió en los argumentos vertidos  por el Ministerio Público a requerimiento de Instrucción y lo novedoso de esto es que estos embargos se trabaron ni bien comienza la investigación, para nosotros es muy grato que el tribunal haya recogido nuestros argumentos y fundamentos y se hayan mandado a trabar los embargos correspondientes”.

El fiscal fueguino señaló que “lo importante de esto es que es un acto pleno de ejercicio de la soberanía Argentina, en este caso materializado por el poder judicial de la Nación a través del Ministerio Público”.

Y remarcó que “nosotros queremos que las empresas que quieran explorar y explotar el suelo Argentino, el litoral marítimo, en este caso en las islas Malvinas, se sometan a las normas de procedimiento Argentinas”.

Respecto a la posibilidad de llevar adelante en la práctica el embargo sobre bienes que no están en el país, Rapoport indicó que “el trámite sigue con el envío de exhortos diplomáticos a distintos países a través de Cancillería Argentina, y al registro de Buques. Puede pasar lo que pasó con la Fragata Libertad con las embarcaciones de estas empresas, y también hay cuentas bancarias que se pueden embarcar”.

“No sabemos si las autoridades británicas van a reconocer esto, pero no todas las empresas son británicas. Hay una que es Noruega, otra con intereses italianos, son distintos países”, añadió.

El procedimiento es el siguiente: “A través de Cancillería llega el exhorto a un país determinado que informa a los registros y a la justicia de ese país para que materialice los embargos. Puede ser que Reino Unido rechace los exhortos, pero otros países no. Por ejemplo Brasil si un buque que está explorando Malvinas tiene que recalar en un puerto de ese país a cargar combustible, puede quedar detenido para cubrir este embargo”.

Por ejemplo destacó que “hay convenios a nivel internacional, y en Sudamérica se le va a hacer difícil recalar porque los países sudamericanos priorizan  el Mercosur”.

Además informó que “por el momento no se ha llamado a indagatoria porque no tenemos los directorios de cada una de las empresas. Tenemos métodos de búsqueda y una unidad específica que trabaja el tema internacional y nos dan una mano importante”.