Ushuaia.- Las compañías Falkland Oil and Gas, Premier Oil y Rockhopper Exploration descubrieron petróleo en el pozo de exploración Isobel Deep, en la cuenca norte de las islas, donde tienen previsto realizar más trabajos en el futuro inmediato. Tanto las empresas petroleras como las autoridades de las islas no dieron detalles de las proyecciones económicas previstas.

Pero la reacción de la Argentina no se hizo esperar. El secretario de Asuntos Relativos a las islas Malvinas, Daniel Filmus, afirmó ayer que el petróleo que existe en las inmediaciones del archipiélago del Atlántico Sur "pertenece a los 40 millones de argentinos" y volvió a rechazar la actividad que empresas británicas realizan ilegalmente en la zona, sin autorización de la Secretaría de Energía.

Filmus recordó que se trata de empresas que "pretenden explorar hidrocarburos sin autorización de la Secretaría de Energía" y que ya fueron denunciadas penalmente en una causa judicial que tramita la justicia de Tierra del Fuego. A su vez, fuentes calificadas del Gobierno expresaron anoche a LA NACION que evalúan realizar una queja formal en Londres ante la decisión de las empresas petroleras de capital británico de extraer crudo de las islas Malvinas. La presentación de queja podría canalizarse por medio de la embajadora argentina en el Reino Unido, Alicia Castro.

En este sentido, Filmus expresó ayer que "el Reino Unido sigue incumpliendo dos resoluciones de las Naciones Unidas: la que plantea que la resolución del conflicto es a través del diálogo entre ambos países y la que insta a los dos gobiernos a no tomar medidas unilaterales sin el consentimiento de la otra en la zona en litigio", dijo Filmus.

Hasta anoche, la embajada británica en Buenos Aires no había recibido queja alguna de parte de la Casa Rosada y evitaron hacer comentarios sobre la nueva polémica.

La postura de las autoridades de las islas Malvinas sobre la explotación petrolera en el Atlántico Sur quedó expuesta la semana pasada por Phyl Rendell, representante de la Asamblea Legislativa de las islas Malvinas. Durante una visita que esta legisladora realizó a Nicaragua dijo ante el gobierno de ese país que "la exploración responsable y los preparativos para la potencial explotación de hidrocarburos han venido ocurriendo desde finales de la década de 1990, cuando se perforaron los primeros pozos costa afuera y tenemos legislación en la que se establecen los criterios para las compañías que postulan licencias para trabajar que las obliga a operar con altos estándares internacionales".

A su vez, Rendell destacó en Managua que "los reglamentos relacionados con las actividades de las compañías petroleras han sido preparados con datos obtenidos del Reino Unido, Noruega, Canadá y otros países que cuentan con buen historial en el manejo de la industria". Para que no queden dudas de la posición inflexible que tendrán los habitantes de las islas Malvinas al igual que Londres sobre el tema, la legisladora destacó: "Tenemos toda la intención de controlar en forma estricta las actividades costa afuera en nuestra zona económica exclusiva para proteger el medio ambiente y minimizar el impacto social en una población pequeña".

Rendell respondió en forma directa a Buenos Aires, al evaluar que "en contra de las recientes declaraciones escandalosas de representantes del gobierno argentino sobre la posibilidad de que las actividades de perforación puedan contaminar la costa de la Patagonia, reitero una vez más que tenemos nuestra propia legislación para regular esta industria y hemos podido tomar los mejores ejemplos a nivel mundial para adaptarlos a nuestro medio ambiente en el Atlántico Sur".

Las autoridades de las islas Malvinas creen que los ingresos de la explotación de hidrocarburos "conducirían a la seguridad financiera para los isleños por muchos años".

Sanciones en puerta

No es lo mismo que piensa la Argentina, que mantiene una fuerte presión legal contra las empresas petroleras y pesqueras que exploran en la zona de Malvinas. De hecho, el Gobierno analiza sancionar en lo inmediato a una empresa pesquera de capitales de Japón y Chile por haber admitido que operó en las islas Malvinas, al mismo tiempo que tenía permiso para trabajar en aguas del mar Argentino. El subsecretario de Pesca de la Nación, Miguel Bustamante, admitió a la revista Puerto que recibió un informe de Japón, del que surgen datos que podrían comprometer a la empresa Pesantar. La denuncia comenzó con un correo electrónico que en noviembre de 2014 recibió Juan Benegas, ex gerente de operaciones de Pesantar, propiedad del grupo japonés Nissui. El autor del correo era una autoridad japonesa de Pesantar y se dirigía a otros ejecutivos de Tokio alertando: "No les digan nada a los colegas de la Argentina" que a través de la empresa chilena Emdepes -también de Nissui- arribarían a Puerto Argentino para pescar en Malvinas. (Por Martín Dinatale; La Nación).