El régimen chino enfrenta un creciente escrutinio internacional por sus tácticas represivas contra la libertad de prensa y por denuncias de perpetrar muertes arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas contra detenidos, particularmente en la región de Xinjiang. Mientras impone estrictas restricciones a periodistas, blogueros y medios de comunicación para controlar la narrativa sobre temas sensibles, acusaciones emergentes apuntan a un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos dentro de su sistema carcelario y campos de internamiento.

Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras han documentado al menos 102 periodistas encarcelados, en un aparente intento por acallar las voces críticas al gobierno del Partido Comunista Chino (PCC). Simultáneamente, informes revelan muertes en custodia, abusos físicos y psicológicos extremos, así como condiciones de detención que amenazan la vida de presos políticos, disidentes religiosos y minorías étnicas como los uigures en Xinjiang.

La represión contra los medios de comunicación ha sido implacable. Además de las detenciones de periodistas, se reporta el hostigamiento a familiares de reporteros basados en el extranjero y la imposición de estrictas regulaciones a plataformas digitales y medios tradicionales. Según Reporteros Sin Fronteras, 60 de los 102 periodistas encarcelados pertenecen a Xinjiang, lo que evidencia un patrón de represión dirigido hacia quienes critican las políticas del régimen en esa convulsa región.

Pero las acusaciones no se limitan a la censura mediática. Informes desgarradores han salido a la luz sobre presuntas muertes arbitrarias e ilegales, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, perpetradas por el régimen chino en el último año. En Xinjiang, numerosas familias uigures descubrieron que sus parientes murieron durante la detención en campos de internamiento o poco después de ser liberados, supuestamente como víctimas del trato recibido durante su reclusión.

Organizaciones no gubernamentales estiman que entre 55,977 y 113,407 personas fueron sometidas al programa de “Vigilancia Residencial en un Lugar Designado” (RSDL) entre 2015 y 2021, siendo sujetos a abusos físicos y psicológicos extremos, incluyendo tortura, antes de enfrentar juicios cuestionables. La situación dentro de los campos de internamiento de Xinjiang, donde minorías étnicas y musulmanas permanecen encarceladas en condiciones que han levantado acusaciones de desaparición forzada, es especialmente alarmante.

Dentro de las cárceles y centros de detención chinos, los detenidos, incluyendo presos políticos y disidentes religiosos, describen condiciones duras, degradantes y a menudo amenazantes para la vida. Reportan ser víctimas de golpizas, abusos sexuales, choques eléctricos y otros tratos crueles e inhumanos que la administración carcelaria permite que continúen con total impunidad. El caso de Zhang Zhan, cuya salud se ha deteriorado gravemente mientras cumple condena por su labor periodística durante el brote inicial de COVID-19, ejemplifica esta cruda realidad.

“El arresto y la detención arbitraria siguieron siendo sistémicas. La ley otorgó a los agentes de seguridad pública amplios poderes de detención administrativa y la capacidad de detener a personas durante períodos prolongados sin arresto formal ni cargos penales. Abogados, activistas de derechos humanos, periodistas, dirigentes y seguidores religiosos y ex presos políticos y sus familiares siguieron siendo objeto de detención o arresto arbitrarios”, señaló el Departamento de Estado de EEUU en su reciente informe sobre derechos humanos.

“Los órganos de derechos humanos de la ONU han considerado que el sistema de Vigilancia Residencial (RS), una forma de arresto domiciliario utilizado para detener a un individuo bajo investigación, constituye detención arbitraria y han pedido su derogación. En marzo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que su oficina había documentado detenciones arbitrarias y separaciones familiares a gran escala en Xinjiang. También en marzo, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria emitió su opinión de que la privación de libertad de los uigures Qurban Mamut, Ekpar Asat y Gulshan Abbas era arbitraria”, señala el informe.

Otra grave acusación es el uso generalizado de detenciones arbitrarias por parte de las autoridades chinas. Se reporta que el régimen chino frecuentemente detiene o arresta a personas bajo cargos vagos como “revelar secretos de Estado”, “subversión” o “provocar problemas”, en un intento por suprimir la disidencia política y las voces críticas. Cualquier información puede ser retroactivamente clasificada como secreto de Estado, incluso detalles sobre juicios penales, actividades comerciales o acciones gubernamentales. Activistas de derechos humanos, abogados, líderes religiosos y periodistas han sido encarcelados arbitrariamente por largos períodos sin cargos formales ni razones evidentes.

El sistema legal chino también enfrenta serios cuestionamientos sobre su imparcialidad y debido proceso. A pesar de que la ley establece la presunción de inocencia, en la práctica persiste un sesgo hacia la presunción de culpabilidad, especialmente en casos políticamente sensibles. Los juicios a menudo se cierran al público invocando “secretos de Estado”, los abogados defensores enfrentan intimidación y obstrucciones, y las confesiones televisadas de sospechosos antes de los juicios son una práctica común, aunque posiblemente obtenidas mediante coacción o tortura. Casos recientes como los de activistas Ding Jiaxi y Xu Zhiyong, sentenciados a largas penas carcelarias tras juicios secretos, han avivado las críticas sobre la falta de garantías procesales en China.