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Entró en vigencia la ordenanza que prohíbe Uber

La norma veda el ofrecimiento y prestación de servicios de transporte urbano que no sean los habilitados por el municipio con el objetivo de proteger tanto al servicio como a los regímenes de transporte público y privado de Ushuaia.

Los servicios de transporte de pasajeros que no cuenten con la habilitación típica otorgada por el Municipio, como Uber o similares, no podrán desempeñarse en Ushuaia a partir de esta semana en que el Ejecutivo municipal promulgó con el número de ordenanza 5283 la iniciativa impulsada por el concejal de ECoS, Silvio Bocchicchio.

 

La ordenanza prohíbe el ofrecimiento y prestación de servicio de transporte urbano que no sean los habilitados por el municipio (al vehículo y a los choferes, con requisitos)  a fin de “proteger la calidad del servicio por un lado y a los regímenes de transporte público y privado de Ushuaia, por el otro”, señaló el edil de ECoS.

 

Para Bocchicchio la norma, que fue promulgada  mediante el decreto 1130/17,  otorga herramientas al Municipio para impedir que los sistemas de traslado de pasajeros sin regulación ni tributo al fisco “pongan en riesgo las fuentes laborales de los distintos servicios de transporte, en cumplimiento de la Carta Orgánica que da facultad indelegable al municipio para custodiar y garantizar el control sobre este rubro”, destacó Bocchicchio.

 

Es que la ordenanza prohíbe el ofrecimiento de transporte de pasajeros en la vía pública o mediante la utilización de programas, publicidades, sistemas informáticos, redes sociales y aplicaciones celulares, o de cualquier otra herramienta digital disponible o a crearse.

 

“Este tipo de ofertas intermedian pagos monetarios como contraprestación al traslado compartido de pasajeros, contraviniendo todos los regímenes de transporte público y privado vigentes en la ciudad”, señaló el concejal.

 

“Estas propuestas utilizan vehículos que eluden todo requisito del Municipio, son conducidos por choferes que no deben acreditar ningún cumplimiento formal para prestar el servicio por el que tampoco tributan al fisco, generando una competencia desleal con los típicamente habilitados”, comparó Bocchicchio.


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